UCV - Universidad Central de Venezuela
Universidad Central de Venezuela | Foto: Archivo

Manuel Rachadell, abogado constitucionalista y profesor universitario, señaló las inexactitudes e incoherencias que se encuentran presentes en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, designado por el régimen de Nicolás Maduro, que exige a varias universidades realizar las elecciones de sus autoridades en seis meses.

El profesor señaló que la Sala Constitucional se atribuye potestades legislativas, e incluso constituyentes, que le corresponde porque en ninguna ley se le atribuye la competencia para reglamentar el sistema electoral universitario, ni para establecer un sistema electoral diferente.

Viola la Constitución

Rachadell refirió que la Constitución dispone en su artículo 109 que la comunidad universitaria está integrada por los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad, y en la sentencia del TSJ  se modifica esa norma para integrar, además, a los empleados y obreros al servicio de la institución.

Además, explicó que la sentencia, sin tener competencia para hacerlo, diseña un sistema electoral incoherente y lleno de vacíos, que se presta a manipulaciones e injusticias y que debería tener lugar en un tiempo perentorio bajo penalidad de sanciones ilegales y desproporcionadas.

Lapso es muy corto

El también ex director de Asesoría Jurídica de la Universidad Central de Venezuela manifestó que el lapso de seis meses, contados a partir de la publicación de la sentencia para que se realicen los procesos electorales en la forma establecida, es muy corto.

«Hay muchos vacíos; puede haber recursos contra decisiones de las comisiones electorales, no solo administrativos sino también judiciales, grupos interesados pueden tener interés en sabotear los procedimientos y pueden ocurrir situaciones no previstas en un país donde lo imprevisto es la norma», agregó.

Puede acarrear una sanción injusta

Advirtió Rachadell que se prevé una sanción injusta en contra de las universidades si no pueden cumplir con el proceso electoral en el plazo establecido.

La sanción, prosiguió, no evalúa las responsabilidades personales sino que afecta a un grupo grande de personas por igual, que consiste en que se declara la vacancia absoluta de los cargos, los cuales serían llenados por los candidatos que decida el régimen de Nicolás Maduro.


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