La presunta trama de corrupción denunciada por el portal web Armando.Info continúa impactando en la población venezolana. De acuerdo con el último estudio de la firma Hercon Consultores, 73,16% de los ciudadanos opositores siente indignación ante esos hechos.
Mientras que en el caso de las personas no alineadas a partidos políticos, la cifra llega a 70,81% de esa tendencia negativa.
La encuesta fue realizada entre el 1° y 5 de diciembre por teléfono a 1.000 ciudadanos de todos los estratos sociales, en el ámbito urbano y rural, –421 opositores, 365 no alineados y 213 oficialistas–. El estudio tiene margen de error de 4,8% y 90% de confiabilidad.
- Otro presunto caso de corrupción sacude a la oposición venezolana
- Adolfo Superlano: Los buenos oficios de amigos nos consiguieron los pasajes
- Willian Gil: Un sector de la oposición quiere salir del desacato
«Sobrepasa 50% de los venezolanos que siente indignación y bravura. Estos sentimientos te llevan a dos cosas: a la desesperanza y a tomar una postura de salir del país», indicó Marcos Hernández López, director de la encuestadora Hercon Consultores.
A su juicio, ante estos casos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional, la población puede entender que el régimen de Nicolás Maduro se va a extender y que no tiene otra que emigrar.
El chavismo
De los 213 simpatizantes del chavismo consultados, 90,83% dice sentir alegría ante la vinculación de diputados en hechos de corrupción.
«Tienen que alegrarse porque su enemigo político ha caído en la ambición, en el terreno que él lo quiere», consideró.
Señaló que para el oficialismo que diputados se vean involucrados en estas situaciones les hace percibir que están en un mismo nivel. «Algunos diputados opositores juegan en el tablero de la corrupción; por lo tanto, ya ellos no pueden hacer denuncias ni interpelar», agregó.
No obstante, aclaró que no se pueden comparar ambas situaciones. «Las corrupciones del régimen es de grandes magnitudes en comparación con lo que sucede en el supuesto caso de algunos miembros de la AN», precisó.
Compromiso de la directiva
Hernández López afirmó que ante ese escenario, el Legislativo tiene la obligación moral de iniciar una investigación abierta, clara y transparente. En este proceso, indicó, deben participar también miembros de la sociedad civil. Además, debe cumplir con los requerimientos legales y aplicar castigos, según las leyes, de determinar responsabilidades.
Este martes el presidente interino Juan Guaidó designó una comisión especial para que investigue el caso. Esa instancia está integrada por el primer y el segundo vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano y Stalin González, respectivamente; la diputada Marialbert Barrios y el subsecretario legislativo, José Luis Cartaya, quien fungirá como secretario.
La comisión se instaló formalmente el mismo martes y el miércoles comparecieron los diputados Ismael León, Guillermo Luces, Carlos Berrizbeitia, Williams Barrientos y Héctor Vargas. Además del secretario de la Comisión de Contraloría, Anderson Abreu.
El lunes, de acuerdo con la agenda presentada, recibirán a los diputados José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra y Richard Arteaga. Para el martes está prevista la comparecencia de José Luis Pirela, Chaim Bucarán, Adolfo Superlano y Freddy Valera.
El resultado final de la investigación deberá ser presentado el 18 de diciembre, ya verificados los documentos y recopiladas todas las pruebas.
«Hay un compromiso por parte de la directiva de investigar e interpelar a los culpables, y que sean castigados debidamente según las leyes», subrayó el director de Hercon Consultores.
Tendencia a bajar
Recordó que ante estas emociones negativas que han manifestado los ciudadanos, comienza el Legislativo y Guaidó a perder la confianza, que ha mantenido desde enero.
«35% de la gente ve positiva la gestión de la AN, con una tendencia a bajar si no da una muestra de esclarecer los hechos y de señalar a los culpables. Tiene que dar resultados que estén a la altura de las exigencias de los venezolanos, que esperan que los corruptos tanto del régimen y los nuevos sean castigados», expresó.
Antes de esos hechos, resaltó, la evaluación positiva era de 50%. Esto representa una disminución de la confianza de 15%, debido a los casos de presunta corrupción.
«Si no se involucra a la sociedad civil, pudiese quedar siempre en tela de juicio la claridad de los resultados que pueda arrojar la investigación», enfatizó.