Protesta en Táchira / Foto: Cortesía

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 623 protestas durante el mes de julio de 2019, es decir, un promedio de 21 diarias.

En comparación con el mismo periodo del año pasado, representó un descenso de 347%.

El texto señala que las protestas de julio 2019 se caracterizaron por denuncias por servicios básicos, principalmente por electricidad, linchamientos e intentos de linchamiento, fallas en la distribución y venta de gasolina, exigencia de respeto a las contrataciones colectivas y salarios dignos y rechazos a casos de tortura, persecución y muertes causadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

El estado Táchira repuntó con 71 protestas, seguido por Miranda con 54, Distrito Capital con 51, Bolívar con 44 y Lara con 41.

Se documentaron 276 protestas en rechazo a la precariedad de los servicios básicos, en promedio nueve diarias.  Concentraron 44% de las 623 protestas registradas en todo el país.

A cinco meses del primer gran apagón nacional, los venezolanos sufrieron una nueva afectación del servicio eléctrico a gran escala, la quinta en lo que va de año. Durante todo el mes se registraron 61 protestas en rechazo a los apagones.

Los vecinos de distintas comunidades también han protestado por los costos excesivos, en muchos casos en moneda extranjera, para adquirir bombonas de gas doméstico y camiones cisterna de agua potable.

Participación política

La exigencia de los derechos políticos sigue formando parte de la escena del país, aunque no con la misma fuerza del primer trimestre.

El mes pasado se documentaron 221 protestas ciudadanas exigiendo derechos políticos, específicamente la recuperación de las libertades y el restablecimiento de la democracia.

Derechos laborales

El gremio médico, por ejemplo, se queja porque se ha hecho cuesta arriba cumplir su juramento de salvar vidas ante el desmantelamiento del aparato e infraestructura del sistema de salud. Algunos han sido privados de libertad, amedrentados y amenazados en sus puestos de trabajo por exigir  equipos y material médico básico y quirúrgico.

La diáspora venezolana de profesionales, estudiantes y padres de familia es una de las caras de la crisis humanitaria.


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