El 19 de abril de 2017 hubo una serie de protestas en todo el país para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que respetara la Constitución. La respuesta del gobernante fue el despliegue de uniformados para reprimir a las multitudes.
Durante aquellas protestas al menos tres personas murieron por choques entre manifestantes y los organismos de seguridad.
Carlos Moreno, un adolescente de 17 años de edad, recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado a una clínica caraqueña en las cercanías del lugar en donde fue herido, pero no sobrevivió.
Pocas horas después, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, confirmó la noticia a través de Twitter y expresó su consternación por el fallecimiento de Moreno, quien estudiaba Economía en esa casa de estudios.
En Táchira murió Paola Ramírez, de 22 años de edad, por un disparo. Un video captado por cámaras de seguridad muestra cuando un grupo de colectivos en motocicletas con parrillero pasan por su lado y disparan.
Diosdado Cabello, quien en ese momento era diputado, además de primer vicepresidente del PSUV, aseguró que el asesino era parte de la oposición.
Otro fallecido fue San Clemente Barrios, sargento de la Guardia Nacional Bolivariana. Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, afirmó que fue asesinado por una “francotirador” en San Antonio de los Altos, lugar donde todavía se estaban manifestando personas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Los días 27 y 28 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -luego de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del “Acuerdo sobre la Reactivación del Proceso de Aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, como mecanismo de resolución pacífica de conflictos para restituir el orden constitucional en Venezuela”, dictó dos sentencias que sepultaron el Estado de derecho en Venezuela.
Ambas sentencias sirvieron como pólvora para que en el país estallara la mayor ola de protestas y represión registrada en los últimos años.
La ONG Provea registró durante las protestas de 2017 143 personas muertas y 3.802 heridas, en su mayoría debido al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública.