De desde el año 2015, un total de 11 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolanos, muchos de ellos en circunstancias que a la fecha aún no esclarecidas.
Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, explicó a Voz de América que la falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes, pese a que en la Constitución se establece que el Estado debe garantizar este derecho a los privados de libertad.
El abogado señaló que cuando una persona muere bajo custodia del Estado, esto sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno. Es por ello que los 11 casos han sido expuestos ante instancias internacionales, entre ellas la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU.
Los familiares de las víctimas también han hecho llegar información al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, que abrió una investigación contra el Estado por presuntos delitos de lesa humanidad.
11 víctimas en siete años
Rodolfo Pedro González: fue un capitán de aviación comercial acusado por el gobierno nacional como presunto articulador logístico de las manifestaciones antigubernamentales de 2014. El 12 de marzo de 2015, murió en su celda en La Tumba, como se conoce a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Versiones coinciden en que se habría suicidado después de ser objeto de tortura psicológica y amenazado con ser trasladado a una cárcel de alta peligrosidad.
Carlos Andrés García: era concejal de Guasdualito, en el estado Apure, y fue detenido el 17 de diciembre de 2016 acusado de instigación pública y saqueos registrados en el contexto de manifestaciones en esa población. Murió el 17 de septiembre de 2017 en una sede regional del Sebin tras presentar un accidente cerebrovascular. El partido Primero Justicia denunció que no se le dio la atención medica que requería.
Rafael Arreaza Soto: fue un teniente del Ejército Nacional detenido el 30 de marzo de 2017, señalado de conspiración contra el Estado. Murió el 30 de noviembre de 2017, a los 28 años, tras recibir dos disparos durante un presunto intento de fuga cuando, junto a otros prisioneros, era trasladado de la cárcel militar de Ramo Verde a tribunales militares.
Fernando Albán: este concejal del partido Primero Justicia fue detenido el 5 de octubre de octubre de 2018 tras ser señalado de estar involucrado con el atentado contra Maduro en 2018. Murió 3 días después mientras se encontraba en custodia de agentes del Sebin, en Caracas. Aunque en primer momento se dijo que se trato de un suicidio, posteriormente el Estado reconoció que se trató de un asesinato.
Nelsón Martínez: un exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa detenido el 30 de noviembre de 2017 tras ser señalado de estar involucrado en hechos de corrupción dentro de la empresa. Murió por complicaciones de salud el 12 de diciembre de 2018. El Foro Penal denunció que fue trasladado al Hospital Militar cuando el deterioro de su salud era irreversible.
Rafael Acosta Arévalo: fue un capitán de corbeta de la FANB, detenido forzosamente el 21 de junio de 2019 por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), por supuestamente participar en un presunto intento de magnicidio y golpe de Estado contra Maduro. Falleció el 29 de junio de 2019 tras presentar graves signos de tortura.
Virgilio Jiménez: fue un estudiante de 20 años detenido el 7 de septiembre de 2017, tras participar en protestas antigubernamentales en Lara. El joven falleció el 5 de febrero de 2019 tras presentar una hemorragia con deshidratación y evacuaciones liquidas. Dos semanas antes de morir, informó a sus familiares que se encontraba enfermo y pidió medicamentos.
Pedro Pablo Santana: un productor ganadero detenido el 29 de agosto de 2019 acusado de estar involucrado en un plan terrorista contra el Palacio de Justicia y la sede de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Falleció el 14 de agosto de 2020 por varias complicaciones médicas, entre ellas cardiopatía isquémica con revascularización, insuficiencia cardiaca e hipertensión arterial severa.
Salvador Franco: un indígena de la etnia pemón que fue detenido el 30 de diciembre del 2019, acusado de estar vinculado con el asalto y la sustracción de armamento de una instalación militar en el estado Bolívar. Aunque en noviembre del 2020 un tribunal ordenó su traslado para una revisión médica, nunca fue atendido. Murió en el Internado Judicial Rodeo II, por desnutrición, choque séptico y edema cerebral asociado a tuberculosis.
Gabriel Medina: fue un policía y funcionario de las FAES detenido el 24 de abril de 2020 por, presuntamente, planear secuestrar a Diosdado Cabello. Según Foro Penal, a pesar de estar enfermo nunca se ordenó su traslado a un centro hospitalario. Falleció de un paro respiratorio por neumonía el 29 de agosto de 2021, el mismo día en el que fue movilizado a un centro de salud, tras varios días de llamado de auxilio y presión de sus compañeros de celda.
Raúl Isaías Baduel: este general y exministro de la Defensa disidente del chavismo, había sido homenajeado por haber rescatado a Hugo Chávez tras el golpe de Estado de 2002. Fue detenido en 2009 y sentenciado a más de 8 años de cárcel, acusado de varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito. En 2015 salió de la cárcel, pero volvió en 2017 por presuntamente haber violado su libertad condicional y posteriormente se le imputaron nuevos delitos. Murió el 12 de octubre de 2021, de un paro cardiorrespiratorio producto del covid-19, sin embargo, sus familiares dudan de la versión.