Durante enero y febrero se registraron en Venezuela 1.179 casos de desnutrición aguda infantil, según el reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).
En su más reciente informe, la OCHA destaca que los casos, registrados en niños menores de 5 años, se ubicaron en 20 de los 23 estados del país, de los cuales Bolívar y Miranda agrupan 45%. Resaltó que todos estos niños recibieron tratamiento a través de las organizaciones socias de Naciones Unidas.
La desnutrición aguda infantil se ubica en 10% en algunas localidades de Barinas, Delta Amacuro y Táchira, según se pudo constatar tras el tamizaje (mediciones de peso y talla) en todo el país.
«Esto incluye algunos casos complicados de desnutrición aguda severa que requirieron atención intrahospitalaria», afirma la oficina de la OCHA.
Asimismo, 891 niños mayores de 5 años y adolescentes fueron diagnosticados con delgadez y recibieron acompañamiento nutricional para la recuperación del peso adecuado.
Entretanto, 460 mujeres embarazadas fueron identificadas con bajo peso gestacional y tratadas en los centros de salud y por los socios de OCHA.
Durante el último trimestre de 2021, Cáritas de Venezuela identificó 13% de casos de desnutrición aguda grave en algunas parroquias del país.
«El alto costo de los medicamentos e insumos nutricionales reduce la capacidad de respuesta de las organizaciones en el terreno, lo que limita el alcance del manejo comunitario de los casos de desnutrición aguda, algunos de los cuales terminan derivándose en la red pública de salud para su manejo y tratamiento», dijo la agencia de la ONU en el informe.
Señaló además la falta de datos sobre el estado nutricional de la población, pues esto «dificulta el análisis de prioridades geográficas y el direccionamiento de la asistencia humanitaria en esta materia»
También indicó que en 2022, hasta el 28 de febrero, la respuesta humanitaria alcanzó a 503.000 personas con algún tipo de asistencia en todos los estados del país.
«La inestabilidad del sistema eléctrico, que incluye apagones regulares, afecta directamente los centros de salud y la atención del paciente. Asimismo, se mantienen las fallas en el suministro de agua y otros servicios, lo que tiene consecuencias en la salud de la población», apunta el informe.