Los comerciantes y residentes del centro histórico advirtieron a las autoridades sobre la que denominaron una «emergencia en el corazón de Santa Marta», en referencia al aumento de la prostitución, drogadicción e inseguridad entre otros flagelos que vienen afectando la tranquilidad de vecinos y visitantes.
La comunidad hizo un llamado de emergencia a la alcaldía y a la fuerza pública, ante la que aseguran es una problemática que se salió de control y necesita medidas urgentes.
«A partir de las 6:00 pm el panorama se transforma en esta parte de la ciudad. Los parques, el camellón y los corredores turísticos se inundan de trabajadoras sexuales colombianas y venezolanas, incluso hay menores de edad víctimas de explotación. Estas mujeres abordan a los transeúntes y les ofrecen prácticas sexuales desde 10.000 pesos, las cuales suelen realizar en carros y en sitios públicos oscuros», manifestó Manuel Jiménez, propietario de un establecimiento público.
La denuncia que revela el caos que enfrenta esta parte de Santa Marta la hizo pública un grupo de representantes de este sector, en una reunión a la cual asistieron representantes de la alcaldía, Policía Metropolitana y Migración Colombia.
En este encuentro se conocieron todos los esfuerzos económicos que han hecho los comerciantes y residentes de la zona para potenciar turísticamente el centro histórico de Santa Marta.
Restaurantes y discotecas de llamativas infraestructuras han surgido a la par de diseños de murales y actividades artísticas que llenaron de vida el sector, lo que dejó resultados tanto positivos como negativos, pues ante el aumento de turistas nacionales y extranjeros interesados en conocer y disfrutar este atractivo de la ciudad, aparecieron también organizaciones dedicadas al microtráfico y redes de prostitución, al igual que delincuentes que azotan con atracos a cualquier hora de la noche y la madrugada.
Los comerciantes dicen que en cada esquina hay un vendedor de estupefacientes.
«Son ya muy evidentes al momento de comercializarlos, los ofrecen como si fuera cualquier alimento o bebida y no pasa nada», comentó Daniela Lara, una habitante del centro.
La crisis en Venezuela también ha traído consecuencias para esta zona de la capital del Magdalena. El camellón y los parques se encuentran inundados de familias procedentes del país vecino que duermen, hacen sus necesidades fisiológicas en público y se encuentran en la mendicidad.
«Toda esta situación tiene deteriorada la imagen del centro histórico y nos ha afectado a los propietarios de establecimientos públicos y, por supuesto, a los residentes y hoteleros. Nuestra petición va dirigida a las autoridades, para que intervengan y erradiquen todo lo malo que viene pasando», precisó Jiménez.
Plan de intervención
Adolfo Bula, secretario de Gobierno, recibió todas las quejas y preocupaciones de esta comunidad y se comprometió a liderar un plan de intervención institucional que comenzó a ejecutarse desde este fin de semana en el sector.
“Vamos a coordinar con la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Promoción, Secretaría de Gobierno, los inspectores, la Personería, la Armada y Migración Colombia un proceso de intervención para que se restablezca el orden institucional y ustedes puedan trabajar y seguir desarrollando sus actividades comerciales, empresariales y turísticas de forma tranquila”, fue una de las conclusiones de Bula.
La toma de la fuerza pública se realizó en horas de la noche en zonas comerciales, playas, plazas, parques y corredores turísticos del distrito.
El operativo corroboró que existe una problemática creciente que requiere la presencia permanente de la autoridad en el sector.
Por esta razón se determinó la creación de un Puesto de Mando Unificado con representantes de varios sectores comerciales, civiles y políticos, así como estudiar un horario para cerrar y liberar la playa y el camellón de La Bahía Samaria.
También se busca retomar la creación de cinco puestos de control policial para la presencia en puntos de mayor afluencia turística.
La primera intervención dejó como balance la recuperación de varias zonas que se encontraban invadidas por vendedores informales y venezolanos, así como el cierre seis negocios que funcionaban sin la documentación necesaria.