Un juez español suspendió este lunes la orden de bloqueo temporal de la red Telegram a la espera de recibir un informe policial sobre las características de esta aplicación de mensajería instantánea, así como sobre la incidencia que pueda tener esta medida en los usuarios.
En una breve providencia, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decide, con carácter previo a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, solicitar a la Policía un informe sobre la plataforma para conocer esos datos.
De este modo, deja en suspenso el bloqueo temporal de Telegram que él mismo decidió en un auto del pasado viernes, medida respalda por la Fiscalía, según informaron a EFE fuentes jurídicas.
Pedraz dio tres horas de plazo a las operadoras de telefonía para bloquear en España la aplicación de mensajería instantánea, que contarían desde la recepción de la comunicación judicial.
La orden judicial derivaba de una denuncia presentada por los grupos audiovisuales Mediaset, Antena 3 y Movistar Plus+, que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.
En dicho auto, el magistrado dirigía un mandamiento a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet autorizadas en España para que procediesen a la suspensión de los recursos asociados a Telegram.
Fue una medida cautelar adoptada por el juez en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social Telegram.
Pedraz decidió la suspensión temporal de Telegram por considerar la medida, al igual que la Fiscalía, “necesaria, idónea y proporcional”, al entender que no hay otra alternativa para frenar la difusión de esos contenidos.
En su resolución, el juez explicaba que las autoridades de las Islas Vírgenes británicas (donde está la sede social de la empresa de mensajería) no han colaborado con la comisión rogatoria enviada a Telegram para que informase de determinados datos e identificara a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción.
La falta de información por parte de Telegram, argumentaba Pedraz, no le permitía continuar instruyendo la causa, por lo que tomó la decisión de bloquear la plataforma para evitar “la reiteración de los hechos denunciados”.
La decisión judicial ha sido criticada desde diversos ámbitos profesionales y políticos, desde el Consejo de Ingenieros Informáticos de España hasta la organización de consumidores Facua, los partidos Vox (extrema derecha) y Podemos (izquierda), así como por expertos del sector digital.