Venezuela suscribió, en abril de 2016, el Acuerdo de París para controlar el cambio climático y evitar que la temperatura media del planeta ascienda más de 2 °C a fin de siglo. Al firmarlo, aceptó emprender compromisos en los que sobresale el inventario de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero y que cobra relevancia al celebrarse el Día Internacional del Medio Ambiente.

“Venezuela tiene una mora como de diez años en presentar la comunicación Nº 2. Improvisaron un documento para alcanzar a firmar el Acuerdo de París, pero no existe información respecto a que se haya hecho nada sustantivo para darle cumplimiento”, declaró Arnoldo José Gabaldón, ex ministro del Ambiente.

El inventario de las emisiones de GEI tiene que comprender no solo las estadísticas de las emisiones de la industria petrolera, que es lo que se tiene contabilizado, sino todos los sectores que las generan, como el sector automotor, principal fuente de producción de dióxodo de carbono, apuntó Antonio de Lisio, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UCV y del Cendes.

En la primera comunicación, el gobierno se comprometió a reducir las emisiones del “venteo” de gas (asociado a petróleo) a fin de evitar que lleguen a la atmósfera, pero no se han parado, explicó Lisio.

El biólogo Alejandro Luy, al leer los datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, recordó que Venezuela es el país con más alta deforestación en la Amazonía. De allí que el proyecto del arco minero del Orinoco produzca zozobra: “Si se destinan 112.000 km2 a la extracción de oro, en 80.000 km2 de bosque, estamos ante una manifestación de incumplimiento de cualquier disposición del Acuerdo de París. La vegetación boscosa es el principal sumidero de dióxido de carbono”, arguyó Lisio.

En este momento, urge una nueva institucionalidad que al término de dos años, puede tener bien orientado el panorama ambiental, señaló Gabaldón al informar que tal será el tema de un foro organizado por el Grupo Orinoco. La fusión del Ministerio del Ambiente en uno de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo en 2014 y los 4.343 millones de bolívares destinados a crear una universidad ambiental serán motivo de análisis.

“Nueva universidad es un absurdo”

El Ejecutivo anunció este domingo la creación de la Universidad Popular del Ambiente y el Ecosocialismo Fruto Vivas, desconociendo un parque de instalaciones dedicado al tema. “Se trata de una idea absurda porque en el país existe una capacidad instalada en las universidades: el Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la UCV, el Instituto de Recursos Naturales y Renovables de la USB, el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la ULA, el Centro Regional de Investigaciones Ambientales de la UDO. No se trata de crear instituciones sino de aprovechar la experiencia, pero este gobierno tiene 17 años creando instituciones paralelas”, indicó Antonio de Lisio.


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