Cuando ingresó a su bebé en el hospital Julio Criollo Rivas, en El Cementerio, a Raquel Pacheco le advirtieron sobre la ausencia de equipos médicos. Aquello se convirtió en el preludio de lo que más tarde sería el detonante de la muerte de Andrea, su pequeña hija, a quien llevó al centro asistencial por una insuficiencia respiratoria causada por la tosferina. Esa noche del 26 de mayo, había médicos de guardia, hubo transporte para llevarla de emergencia y no faltaron los antibióticos ni el tratamiento para aliviar los síntomas.

Todo parecía fluir pero solo una cosa faltó. La niña, de tres meses de edad, a quien se le había diagnosticado hipertensión pulmonar crónica, requirió cuidados intensivos, pero en el recinto hospitalario no tenían monitor para evaluar sus signos vitales y continuar con el tratamiento. Tampoco tenían un oxímetro, un equipo que permite medir la saturación de oxígeno en la sangre, ni ventilador para darle asistencia mecánica a la bebé, cuyos pulmones en colapso anunciaban una cuenta regresiva.

“Los médicos hicieron todo los posible para salvarla, pero no tenían los instrumentos que necesitaban ni aparatos para monitorearla. Solo cuando Andrea sufrió un paro respiratorio, el personal nos insistió en la necesidad de trasladarla y nosotros entendimos el riesgo que corría. Hubo medicamentos, pero no había ni para hacer una placa”, contó Moraima Castillo, tía de la pequeña.

La esperanza de vida languidece en los hospitales. La caída en la asignación de divisas a empresas importadoras de equipos, materiales e insumos deja sus mayores secuelas en el sector de atención médica, cuyo margen de maniobra para la detección de enfermedades se ha hecho más delgado en los últimos cinco años. La Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorios y Afines precisa que de 157 empresas importadoras de equipos afiliadas, sólo 40 permanecen activas, lo que en términos porcentuales significa que apenas 25 % del ramo se mantiene a flote. Las otras 117 compañías han dejado de operar forzadas por la peor crisis económica que ha atravesado Venezuela.

Antonio Orlando, miembro de la junta directiva y portavoz de la asociación, señala que la mayoría de sus afiliados tienen problemas para traer nuevos equipos debido a que las empresas no tienen acceso a divisas. Además, su personal se ha ido del país. En consecuencia, los centros de salud no tienen cómo reparar ni reponer aparatos dañados.

Orlando detalla que la última importación que llegó al país data de agosto de 2017, cuando algunos distribuidores trajeron unos pocos monitores electrocardiográficos, que fueron distribuidos entre clínicas. Entre las empresas afectadas por la falta de divisas destacan Suministros Radi Suradi y Meditrón, la primera de ellas importadora y la segunda encapsuladora de material radiactivo empleado en el tratamiento contra algunos tipos de cáncer.

La obsolescencia del andamiaje para el diagnóstico médico quedó retratada en la Encuesta Nacional de Hospitales 2018. El estudio, publicado el primer trimestre de este año, advierte sobre la situación de los servicios de diagnóstico, que están paralizados o funcionan de manera intermitente en los hospitales y en algunas clínicas.

En 2017, señala esa investigación divulgada por la Asamblea Nacional, 97 % de los laboratorios estaban inoperativos, en la mayoría de los casos por falta de mantenimiento, un problema al que se suman las fallas de agua y el racionamiento de energía eléctrica en las principales ciudades.

Ya en 2014, advierte la organización Médicos por la Salud —coalición responsable de la encuesta— fallaba 89 % de los laboratorios y hoy, coincide, todos están inhabilitados. Además, este año, 97 % de los tomógrafos y 86 % de los aparatos para practicar ecosonogramas están dañados y solo 6 % de los aparatos de Rayos X están aptos en 104 hospitales y 33 clínicas estudiadas. Por ejemplo, en el Hospital Universitario de Caracas, centro considerado como el más importante del país, no hay un solo equipo de imagenología operativo. En el Hospital de Niños J. M. de los Ríos también carecen de este equipamiento. Los médicos se ven obligados a hacer los diagnósticos confiados en la literatura médica, según los síntomas.

Deterioro pediátrico

La Asociación de Distribuidores de Equipos Médicos añade que 85 % del parque instalado en servicios complejos, como nefrología y terapia intensiva, está paralizado. Entre las especialidades neurálgicas se cuentan las unidades de medicina nuclear, hemodinamia y las salas de terapia intensiva. La crisis se vive con mayor furia, alerta el gremio médico, en las terapias pediátricas: casi no quedan ventiladores, termocunas ni incubadoras operativas en las instituciones públicas.

A esa situación se enfrentaron los familiares de la pequeña Andrea. Con el diagnóstico decoqueluchoide en mano, un síndrome que ocasiona inflamación traqueobronquial, 26 días después de su ingreso al hospital Julio Criollo Rivas, hicieron nuevas gestiones en todos los centros pediátricos de la ciudad para conseguir un cupo en una terapia intensiva pediátrica. Pero el esfuerzo resultó estéril.

La falta de mantenimiento mantiene en cierre técnico las unidades de cuidados críticos de los centros materno infantiles de El Valle, Petare y Caricuao. Las dificultades ocurren también en el pediátrico Elías Toro y en el Universitario de Caracas, confirma la organización Médicos por la Salud. “Después de insistir, en el J. M. de los Ríos habilitaron una cama para la bebé en terapia, pero ya era tarde, una infección generalizada paralizó sus órganos”, cuenta su tía.

Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, califica la situación hospitalaria como una verdadera tragedia. Señala que el J. M. de los Ríos no es la excepción a la aguda crisis por la que atraviesan los centros públicos. En ese hospital, de 11 camas de que dispone la terapia intensiva pediátrica, solo cuatro están operativas, el resto no cuenta con equipos para brindar cuidados críticos. Faltan monitores, ventiladores y bombas de infusión, además de personal de enfermería.

La última Memoria y cuenta del Ministerio de Salud, que corresponde a 2015, puntualiza que ese año se realizaron 131 mantenimientos a equipos de servicios especializados de alto costo. Durante ese ejercicio fiscal también se suscribió un contrato con la Empresa Medix Industrial, en el marco del convenio Argentina-Venezuela, para la adquisición de equipos médicos, mobiliario e instrumental requerido en los servicios obstétricos y neonatales de los hospitales materno infantiles y de mayor complejidad. En esa ocasión se acordó la adquisición de insumos y el equipamiento para crear 88 cupos de cuidados intensivos y 93 cupos de cuidados intermedios neonatales. El acuerdo, pactado por 232,5 millones de dólares, tendría 36 meses de vigencia y se hacía extensivo al mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

Hoy, los hospitales pediátricos como el J.M. de los Ríos, el Elías Toro y las maternidades Concepción Palacios y Santa Ana adolecen de la falta de tecnología para brindar cuidados críticos a recién nacidos. En la Concepción Palacios faltan los monitores multiparámetros, los ventiladores mecánico de presión y los saturómetros, que miden la cantidad de oxigeno en el paciente.

En hospitales como el Universitario de Caracas, que es de referencia nacional, solo hay dos cupos para la terapia intensiva, lo que representa 25% de la capacidad del centro, según médicos de esa institución. Por si fuera poco, fallan las máquinas de sedación con las que se induce el sueño y se monitorea a los pacientes.

Caníbales para sobrevivir

Con una inflación interanual que la Asamblea Nacional estima en 46.305%  y que en el primer semestre de 2018 alcanzó 4.684,3%; los centros de salud también tienen en contra la devaluación y la falta de recursos. En algunos casos se ven obligados a canibalizar equipos para reparar otros.  No se trata de un panorama que únicamente afecte a las instituciones públicas. “El sector privado no escapa de la problemática, muchas clínicas han dejado morir sus equipos”, comentó Orlando.

Provea, en el informe “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela”, presentado en junio, indica que solo el año pasado se formularon 715 denuncias en el país en torno a las fallas de equipos médicos. Entre 2012 y 2017 se produjeron 1.916 reclamos de ese tipo.

El año pasado, la ONG también registró en su base de datos un total de 9.662 denuncias de violación a los estándares del derecho a la salud en el sistema sanitario público. Este número representa un incremento de 90% en comparación con las denuncias de 2016 y constituye la cifra más alta de los últimos cinco años. La mayoría de las violaciones obedecen al déficit de personal de salud, insumos, medicinas, ambulancias y presupuesto. Ese año también se incrementaron las denuncias por  falta de personal de enfermería, por el cierre de servicios, así como las relacionadas con graves deficiencias de la infraestructura, falta de agua y electricidad en los establecimientos sanitarios.

Un caso emblemático es el del servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos, que brinda terapia sustitutiva de riñón a niños con insuficiencia renal crónica, donde en la actualidad solo funcionan 6 de 14 máquinas de diálisis. A propósito esas fallas, el pasado 21 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los pacientes de esa  unidad. En esa ocasión, la CIDH exigió al Gobierno venezolano brindar a los niños el tratamiento médico que tome en cuenta, ente otros aspectos, el acceso a los medicamentos y procedimientos requeridos conforme a las recomendaciones de los médicos. Cinco meses después de ese dictamen, los padres consideran que, en lugar de mejorar, la situación ha empeorado para los pacientes crónicos.

Metástasis de una crisis

 Con cifras en rojo, la Sociedad Venezolana de Oncología advierte que la capacidad de ofrecer esperanza de vida a personas con cáncer es mínima en los hospitales. Las autoridades no garantizan quimioterapia ni medicamentos biológicos y los especialistas no cuentan con mamógrafos, tomógrafos, resonadores, coaguladores e instrumentos hemostáticos para suministrar medicamentos de soporte vital: anestésicos, opioides o antibióticos.

Según cifras divulgadas por la Alianza Venezolana por la Salud, los hospitales redujeron a 50 % las cirugías oncológicas, un déficit que, a grandes rasgos, se atribuye al deterioro de la infraestructura, la ausencia de equipos e insumos.

A este cuadro se añade además el déficit de equipos para atender a quienes requieren radioterapia, un tratamiento fundamental para combatir más de la mitad de los tumores, entre ellos los de mayor incidencia, como el cáncer de pulmón, cuello uterino, mama, próstata, colon y recto. Por si fuera poco, los programas de entrenamiento del personal que debía operar los dispositivos de alta tecnología, adquiridos mediante el Convenio Argentina-Venezuela de 2004, nunca fueron ejecutados.

De 40.263 venezolanos afectados por cáncer en 2009, 22.547 requerirían tratamiento de radioterapia. Actualmente, la demanda ha aumentado a más de 26.000 pacientes, ha cotejado la Alianza Venezolana por la Salud, pero solo cuatro de las 25 unidades de radioterapia externa están operativas. 16 aceleradores lineales y 9 bombas de cobalto permanecen sin funcionar. Y el déficit de la oferta se ubica 88,75% en los últimos meses, calcula la organización.

El gremio advierte que desde 2016 ocurren fallas asociadas a la falta de mantenimiento preventivo. De un total de 85 dispositivos para el diagnóstico y tratamiento, 54 están inoperativos en el país, lo que equivale a 65 %. Solo en febrero el número de aceleradores lineales dañados aumentó de 11 a 16, según la Sociedad Venezolana de Salud Pública.

Los equipos de simulación, indispensables para calcular y diseñar los planes de radiación externa, también están en situación crítica. De 22 instalados, 19 —lo que equivale a 86 %— estaban paralizados el primer trimestre del año. También es limitado el funcionamiento de los equipos de braquiterapia (radiación interna), una modalidad de tratamiento diseñada para algunos tipos específicos de cáncer (próstata, cuello uterino, cabeza y cuello). Siete de 18 equipos están fuera de uso. Y otros dos funcionan con fallas.

En 2017, según el informe de Provea, el área quirúrgica del Instituto Oncológico Luis Razetti de Caracas estuvo cerrada por casi cinco meses. El oncológico Padre Machado afronta también problemas de infraestructura. En el J. M. de los Ríos, los niños con tumores malignos no tienen acceso a los estudios de medicina nuclear, entre ellos la gammagrafía ósea, una prueba que permite determinar ciertas anormalidades en los huesos y que se aplica también para descartar metástasis.

“Es un sentimiento desgarrador ver familias que buscan hasta debajo de las piedras para conseguir un tratamiento oncológico y el niño se muere porque no se le hizo el diagnóstico a tiempo”, señala Rosalba Maita, cuya hija es paciente del hospital de Niños desde hace tres años.

“Me preocupa no saber en qué fase de la enfermedad estoy”

Alberto González, de Higuerote, batalla contra un cáncer de colon desde 2016 y requiere un estudio de gammagrafía ósea para determinar si la debilidad y los dolores que lo asaltan en las noches son  consecuencia de metástasis. Alberto, jubilado del Ministerio de Educación de 72 años de edad, enviudó hace cinco y vive con su único hijo, pero cada cierto tiempo se aloja enLa Pastora, en casa de su morocho, para cumplir un itinerario por los hospitales oncológicos de Caracas. Insiste en que debe someterse cuanto antes a la prueba de medicina nuclear para establecer con precisión el progreso de la enfermedad que le reapareció en marzo pasado.

Pero el Universitario de Caracas, el único hospital de la ciudad con gammacamara, tiene el equipo inoperativo desde 2013 y desde entonces la directiva ha fallado en sus intentos de repararlo. “Lo que vivo es aterrador porque en la medida en que no tenga un diagnóstico exacto no podré iniciar un nuevo esquema de quimioterapia. En este momento lo que más me preocupa es no saber en qué fase de la enfermedad estoy”, dice el septuagenario, que se desempeñó como profesor de Biología.

El deterioro de los equipos de imagenología no es la única dificultad para pacientes como González. En el área metropolitana las fallas de radioterapia afectan  los hospitales Clínico Universitario, Padre Machado, Domingo Luciani, militar de Caracas y el oncológico Luis Razetti, los únicos facultados para brindar ese tipo de procedimiento.

El oncólogo Pedro Martínez Latuff, ex jefe del Servicio de Patología Mamaria del  Luis Razetti, en Cotiza, señala que empresas como General Electric y Philips, encargadas de reparar los aceleradores lineales antes del convenio Cuba-Venezuela, se marcharon del país y la mayoría de los equipos fueron sustituidos por otros cuyos repuestos jamás llegaron.

Aisa Manzo, especialista en medicina nuclear del HUC, indica que las fallas también se repiten en los centros privados. Hay equipos que tienen más de un año inoperativos. Señala que el contrato de mantenimiento, que el gobierno renovó con Argentina en diciembre pasado, no se ha ejecutado. “Pdvsa no ha cumplido con el pago y en consecuencia los pacientes no reciben diagnóstico ni tratamiento a tiempo”.


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