El trasplante renal es un salvoconducto para salir de la diálisis. Lograrlo no es fácil. El paciente tiene que someterse a una serie de estudios que determinarán si puede ser candidato a la intervención; y luego es necesario conseguir un donante, ya sea de un cadáver o de algún familiar.
En Venezuela se ha hecho imposible tener acceso a ese procedimiento, pues el Ministerio de Salud suspendió en 2017 el programa de trasplantes. Pero aun para quienes lograron obtener un órgano de reemplazo antes de que eso ocurriera, siguen las angustias: desde hace meses es irregular el suministro de medicamentos inmunosupresores, que deben tomarse de por vida para evitar que el cuerpo rechace el órgano trasplantado.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, responsable de proveerlos, no ha respondido a las desesperadas denuncias de los afectados y de las organizaciones no gubernamentales. En noviembre de 2017 la falta de inmunosupresores le costó la vida a la paciente Belkys Solórzano, de 50 años de edad, con 13 años de trasplantada, que estuvo meses sin tomar el medicamento. Falleció 24 horas después de ser hospitalizada para recibir diálisis. A los tres días se anunció la muerte –por la misma causa– de Yamilexi Reyes, de 46 años de edad, de Coro, estado Falcón.
Otros dos decesos se han vinculado con la escasez de esos fármacos, según la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida. Marta Solórzano, de Calabozo, estado Guárico, falleció el 4 de marzo, luego de presentar rechazo al trasplante, y Luz Marina Fuente, el 13 de marzo.
Francisco Valencia, presidente de Codevida, alerta que el déficit persiste, pese a que tanto el presidente del IVSS, Luis López, como su antecesor, Carlos Rotondaro, anunciaron en su oportunidad la llegada de los fármacos. “Tenemos una situación devastadora. Hace nueve meses que la distribución de inmunosupresores es intermitente en todos los estados del país”, denunció. Esa situación pone en riesgo la vida de 3.500 trasplantados, que forman parte de los 300.000 venezolanos con padecimientos crónicos de salud y cuya supervivencia está en peligro debido al desabastecimiento, indica la ONG.
El paciente Jesús Mendoza, trasplantado hace 11 años, confirma que la dotación es irregular: “En el estado Táchira el hospital del IVSS no ha vuelto a traer medicamentos. Hay meses que llega la ciclosporina, inmunosupresor, y después no vuelve por 2 meses. La prednisona tiene más de 2 años que no llega. No hay respuesta alguna de las autoridades. A uno lo que le dicen en la farmacia del IVSS es no hay o no llegó”.
Mendoza ha optado por comprar en Colombia los medicamentos que necesita. Dice que la ciclosporina cuesta 175.000 pesos colombianos y para poder obtener la moneda de ese país necesita efectivo. “Cada vez que tengo que cruzar la frontera, así vaya con el récipe, la GuardiaNacional no pierde la oportunidad de matraquearlo a uno”, denunció.
Hace cuatro años Onasis Muñoz recibió de un cadáver el riñón que ahora está a punto de perder por la irregularidad en el tratamiento con inmunosupresores, que dejó de tomar en noviembre de 2017.
Oriundo del estado Carabobo, acude al Hospital Universitario de Caracas desde el 16 de marzo. Aunque su riñón aún funciona y no ha regresado a diálisis, requiere el tratamiento plasmaféresis para eliminar los anticuerpos que atacan su injerto. “Pero por la situación del país, aunque están las máquinas, no se cuenta con los materiales. Aquí me dicen que me quieren ayudar, pero no tienen cómo. No hay los medicamentos necesarios para que el riñón siga funcionando normalmente”, señaló.
Codevida afirma que al menos 64 rechazos de órganos ocurrieron en el país entre febrero y marzo. Un total de 8 fármacos inmunosupresores siguen ausentes de los estantes de las farmacias de alto costo del IVSS. “La escasez de insumos y medicamentos es tan dramática que no hay Timoglobulina ni Solumedrol, tratamientos para revertir los efectos de un rechazo de órgano agudo cuando lo ataca el sistema inmunitario”, advierte Codevida en su sitio web.