El índice de vulnerabilidad en los hogares venezolanos se incrementó de 48% a 87% desde 2014 a2017 lo que los ubica por debajo de la línea de la pobreza, reflejaron los resultados de la Encuesta sobre Condiciones de Vida 2017 que tomó como muestra a 6.168 familias de distintas ciudades y regiones del país.
En la presentación del estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, María Gabriela Ponce, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, afirmó que como consecuencia de la crisis inflacionaria y la limitación del acceso a los servicios básicos, 56% de los venezolanos está en una situación de pobreza reciente.
El continuo deterioro de la condiciones de vida imposibilita a superarse económicamente a 30% de la población que vive en pobreza crónica. Los datos reflejaron que a partir de 2017 la política de las misiones de asistencia social fue reemplazada por los programas de ayuda alimentaria. En septiembre, de 13,4 millones de personas que afirmaron ser beneficiadas por algún programa de ayuda estatal, 12,6 millones solo recibían la entrega de las bolsas CLAP. “La política de protección social del gobierno quedó resumida a una caja de comida y vinculada al carnet de la patria”, enfatizó Ponce.
El estudio concluyó que durante 2017 solo 200.000 personas fueron atendidas por Barrio Adentro, mientras que otros 50.000 venezolanos lograron beneficiarse a través de Misión Vivienda.
Marianella Herrera, miembro de la Fundación Bengoa, señaló que 80% de los hogares venezolanos presenta algún grado de inseguridad alimentaria porque no consiguen la comida o porque no tienen dinero suficiente para adquirirla.
Aunque varios miembros de una familia reciben un ingreso mensual, 9 de cada 10 (89,4%) está imposibilitado de costearse una alimentación variada y balanceada. 61,2% de quienes afirmaron irse a dormir con hambre en los últimos 3 meses son los más afectados por la pérdida de peso y masa muscular. “El promedio es de 11,4 kilos por persona en el último año. Y tenemos reportes de madres que deciden a cuál de sus hijos alimentar por día”, señaló. Agregó que 8 millones de personas consumen entre 2 o menos raciones de comida al día.
La gravedad de la situación obliga a muchos núcleos familiares a sustituir las proteínas por los tubérculos y saltarse el desayuno o la cena. A esa situación se suma el consumo de la harina de las cajas CLAP, que no cumplen con regulaciones alimentarias nacionales y que, según la experta, carecen de los componentes esenciales.
Educación estancada. Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que en Venezuela existe un severo estancamiento en el acceso a la educación. Informó que de una población de 12 millones de escolares de 3 a 24 años de edad, solo 9 millones están inscritos en algún plantel.
“Hay otro millón de niños y adolescentes de 3 a 17 años que no están escolarizados y no reciben ninguna formación”. Entre las causas que conducen al ausentismo escolar se encuentran la falta de comida en el hogar y el acceso limitado a los servicios básicos de transporte y salud.
Los problemas de cobertura educativa se agravan entre la población que está por culminar sus estudios de bachillerato para ingresar a la universidad. Indicó que de 4.200.000 jóvenes de 18 a 24 años de edad solo asisten a las aulas de clases 1.600.000 alumnos, lo que se traduce en que 3 de cada 4 venezolanos abandonaron la escuela. “Son quienes quedan excluidos del sistema educativo y, por tanto, son los más vulnerables”, puntualizó.
Seguridad y salud en declive Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, señaló que durante el año 2017 fallecieron 26.616 personas en hechos violentos. De esa cifra, indicó que diariamente murieron 43 jóvenes entre 12 y 29 años de edad. Aunque la tasa de homicidios disminuyó de 91% a 89% desde 2016 a 2017, el académico explicó que la percepción de de la gestión policial es negativa por parte de la ciudadanía. “La gente no se siente protegida y ha dejado de hacer cosas por miedo. La inseguridad se apoderó de 90% del país”, indicó. Marino Gonzalez, profesor e investigador del Departamento de Políticas Públicas de la USB, indicó que el alza de los controles médicos en los centros privados y la falta de seguro médico obligaron a 47% de embarazadas a migrar a los hospitales o a abandonar el cuidado prenatal. Señaló que el índice de mujeres que iniciaron su seguimiento médico a partir del octavo mes de gestación se elevó de 15.000 mujeres a 25.000 en los estratos más bajos. “Es inaceptable desde el punto vista de la políticas públicas. Venezuela está en un estado de shock y sufrimiento neto de la población”. |