Perseverancia y fuerza de voluntad son dos cualidades que nadie negaría que tiene Linda Loaiza López Soto. Su empeño, durante más de 17 años, en buscar justicia para su caso consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanas reconociera no solo las graves fallas y omisiones que el sistema judicial cometió en la investigación de las graves agresiones de las que fue víctima, sino también el retraso en materia de legislación sobre violencia contra las mujeres que presentan las leyes venezolanas, y ordenara su puesta al día.
“Tenemos una ley orgánica con muchas deficiencias, como lo ha reconocido la sentencia en mi caso”, dice López, que ahora es abogada y defensora de los derechos humanos, a propósito del fallo de la CIDH contra el Estado venezolano, que se dio a conocer recientemente.
López fue secuestrada en Caracas el 27 de marzo de 2001, cuando tenía 18 años de edad, por Luis Antonio Carrera Almoina, hijo de Gustavo Carrera Damas, quien para entonces dirigía la Universidad Nacional Abierta. Como recoge con minuciosidad el documento de la CIDH, fue sometida por casi cuatro meses a violencia física, psicológica y sexual. Las terribles torturas que se le inflingieron le dejaron secuelas físicas debido a la fractura del maxilar, la mutilación de los labios, la desviación de un ojo, quemaduras de cigarrillos y cicatrices debidas al desgarre de los genitales, entre otras heridas.
Tras años de lucha, en los que “fue revictimizada a través de un proceso judicial que estuvo plagado de estereotipos de género, irregularidades, retrasos y hasta destrucción de evidencia”, según el Centro porla Justicia y el Derecho Internacional, su agresor fue condenado a seis años de prisión por los delitos de lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad; sin embargo, no hubo justicia por los cargos de violación y homicidio frustrado.
Ante el silencio y pasividad de las autoridades, López decidió llevar a la CIDH, el 11 de noviembre de 2007, la primera acusación por violencia de género contra el Estado venezolano. Entre otras cosas, señalaba entonces que el proceso que se siguió presentó numerosas irregularidades, entre ellas dilaciones que no se justificaban, la injerencia de personajes políticos en el proceso y maltratos constantes del Poder Judicial contra ella y sus familiares.
El 26 de septiembre pasado la CIDH condenó al Estado venezolano por incumplir con su obligación de investigar el caso “en un plazo razonable” y por evitar el acceso de la víctima a la justicia en condiciones de equidad. El texto señala que nunca se pusieron en duda las agresiones que sufrió López ni tampoco que constituyeran violencia contra la mujer. Lo que se iba a determinar, entonces, era la responsabilidad del Estado en actos que habían sido cometidos por particulares. La sentencia concluyó, por unanimidad, que sí era responsable “por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, e igualdad ante la ley”.
Decisión trascendente. El documento emitido por la CIDH impone una serie de reparaciones que debe cumplir el Estado, entre ellas sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia contra López, e investigar y sancionar a quienes han cometido actos de hostigamiento, ataques y amenazas contra ella. Adicionalmente, debe establecer la responsabilidad de los funcionarios que no investigaron en un primer momento lo ocurrido contra la víctima y a quienes ocasionaron dilaciones injustificadas en el proceso.
La reparación también incluye sufragar los gastos médicos y educativos de López y sus familiares, y el pago de indemnizaciones que incluyen 45.000 dólares para ella, 30.000 dólares para su padre, madre y hermana, 15.000 dólares a sus otros hermanos, 18.000 dólares para su abogado, además de 25.000 dólares a la organización Cofavic.
“Toda responsabilidad genera una consecuencia y un cumplimiento. El Estado ha sido declarado responsable por violaciones de los derechos humanos en mi contra y en contra de mi familia, y debe cumplir”, dice López.
El hecho, además de ser significativo por el apoyo de instituciones internacionales para hacer valer los derechos en Venezuela y poner sobre la mesa la impunidad, “es de mucha importancia porque es la primera vez que la CIDH declara al Estado venezolano responsable por los delitos de violencia de género”, opina López. Por otra parte, enfatiza que “es el primer caso en el que esta institución declara a un Estado de América Latina responsable por el delito de tortura cometido por un particular. Esto sienta un precedente, una jurisprudencia positiva en favor de las mujeres y de las futuras generaciones”.
El documento de la CIDH contiene otras disposiciones que trascienden el caso de Linda Loaiza López. Entre otros puntos, obliga también al Estado venezolano a dictar, en el plazo de un año, el reglamento de la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a poner en funcionamiento los tribunales especializados en atender esos casos en las principales ciudades del país.
También señala que, en el plazo de dos años, se deben adoptar, implementar y fiscalizar los protocolos de atención para las mujeres víctimas de violencia. En un plazo “razonable” se debe implementar asimismo un programa en el sistema educativo que lleve el nombre de Linda Loaiza López y activar un banco de recopilación de datos sobre violencia contra las mujeres.
López considera que todavía hay mucho camino que recorrer, pero afirma que se siente con la capacidad de luchar para alcanzar verdaderamente la justicia. “Aun cuando la sentencia significa un avance para las mujeres de Venezuela y de América Latina, es solo eso, un avance. Mientras tanto, continúa la impunidad. El Estado debe pronunciarse con relación al cumplimiento de los puntos que estableció la CIDH”.
Agrega que continuará en el activismo a favor de los derechos humanos, especialmente el de las mujeres, que constantemente son violentadas desde las mismas leyes. “La ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sigue siendo letra muerta porque en el momento de su aplicación no se cumple con el protocolo que garantice que habrá justicia para la víctima; y, por el contrario, lo que hace es revictimizarla”. Mientras esto no cambie, esta sobreviviente seguirá en pie de lucha.