Desde el año 2016 una decisión del gobierno dispuso un total de 111.843 kilómetros cuadrados para la explotación de minerales que ha colocado en peligro la biodiversidad de la Amazonía y la vida de las comunidades indígenas de la zona.
El 24 de febrero de 2016 se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), una superficie de terreno equivalente a 12,2% del territorio nacional, zona en la que habitan 54.686 personas indígenas, reseñó El País.
Sectores indígenas han denunciado que sus derechos son afectados. Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos también han intentado prevenir la afectación de esta zona
En los últimos años, la minería ilegal en la zona se ha expandido y esto ha generado que aumente el flujo de personas que llegan en busca de oportunidades económicas inmediatas.
Una de las consecuencias de la creciente llegada de personas es la acentuación de la crisis sanitaria con diversas enfermedades como el paludismo. Ante la ausencia de medicamentos y centros asistenciales, el número de muertes por estas enfermedades es significativo.
Lea más en El País.