El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que el presidente Nicolás Maduro violó el artículo 33 de la Ley de Prevención de la Tortura en Venezuela.

El artículo específica que ninguna declaración que se obtenga bajo tortura será tomada como prueba, esto en referencia a la detención de los dirigentes juveniles de Primero Justicia (PJ) Francisco José y Alejandro Sánchez Ramírez, quienes -de acuerdo con la oposición- fueron obligados por el Sebin a confesar hechos que no ocurrieron durante las protestas.

El mandatario nacional acusó el día de ayer a los dirigentes de PJ de ser responsables de las manifestaciones violentas y del ataque a la Magistratura.

Con testigos y un material audiovisual explicó que la organización política le pagó 300.000 bolívares para que destruyeran la sede la Magistratura y generaran desestabilización en Caracas.

Sin embargo, Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, desmintió las acusaciones y señaló que los hermanos Sánchez actuaron bajo coacción.


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