Indignación es lo que sienten las siete familias de la isla de Margarita que tienen a sus hijos presos en la cárcel de La Pica, Maturín, a donde fueron trasladados el pasado 20 de mayo por orden del tribunal militar de Barcelona.
A Franklin Rojas, Jorge Cedeño, José Antonio Romero, Cruz Esteban Montes, Frain Flores, Asdrúbal Rodríguez y Enzo José Zabala se les implicó en la explosión de un convoy de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Juan Bautista Arismendi, a la entrada de La Isleta. Les imputaron los delitos de ultraje y ataque al centinela y daños contra la propiedad militar.
El hecho ocurrió el 15 de mayo. Ese día la oposición convocó un plantón nacional. Por las protestas detuvieron a 50 personas y las llevaron al destacamento Los Cocos. De ese grupo, a 13 los trasladaron a Barcelona para la audiencia: seis se beneficiaron de medidas cautelares y los otros fueron llevados a La Pica.
Milangela Mendoza, mamá de Enzo Mendoza, explicó que ninguno de los acusados pudo haber participado en la explosión y que todo apunta a una falla mecánica. “Mi hijo es una víctima de la cacería de la GNB. No hay pruebas para inculpar a nadie. Lo que quieren es tapar su error y achacárselo a estos inocentes”, precisó.
Hizo un llamado a la fiscal Luisa Ortega Díaz y señaló que era imperioso continuar en la calle: “No podemos dejarlos caer en el olvido y que se conviertan en presos políticos”.
Asdrúbal Rodríguez tiene un hijo y un sobrino presos. Aseguró que ninguno de ellos protestaba. La GNB irrumpió ilegalmente en su casa en Lomas de Margarita. “Patearon la puerta y nos golpearon. Se llevaron a dos de mis hijos, uno menor de edad que ya liberaron, y a mi sobrino. Era imposible dialogar con ellos”.
Afirmó que la situación que viven es traumática. “Yo creo en la justicia, pero le temo a las injusticias”, dijo.
Pronto regreso. Los abogados introdujeron ante el tribunal militar la solicitud de revisión del caso. “Hicimos la petición en virtud de las carencias que tiene la fundamentación hecha por la Fiscalía Militar, además de que nuestros defendidos se encuentran lejos de sus casas, lo que representa una carga onerosa para sus familiares, quienes son de escasos recursos”, indicó Diómedes Potentini.
Advirtió que según lo establecido en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal no deberían ser enjuiciados por tribunales militares. Pidió se les otorguen medidas cautelares para que puedan regresar a Nueva Esparta y desde ahí seguir el proceso para demostrar su inocencia.
La abogada Tatiana Aguilar es quien ha acompañado a las familias y se ha trasladado en cuatro oportunidades a la cárcel para verificar las condiciones de reclusión: “El tribunal tiene que tomar en consideración que es muy complicado y costoso viajar desde la isla a Maturín. La última vez tardamos más de ocho horas y tuvimos que irnos por Cumaná porque el ferry que iba a Puerto La Cruz no salió”.
Aseguró que los maltratos se los infligieron a los jóvenes mientras estuvieron detenidos en Margarita. “Las condiciones garantizan su salud e integridad, pero independientemente de eso queremos recalcar que ellos no deberían estar allá sino en Nueva Esparta. Pedimos se haga la revisión y se les traslade con una medida cautelar”, subrayó.
Los familiares de los detenidos exigieron la intervención de la Defensoría del Pueblo.