Alida Santi, madre adoptiva de Gregory Sanabria, universitario detenido en 2014 por las protestas antigubernamentales que se registraron en Táchira, contó que la progenitora biológica del muchacho que fue detenido en una de las fincas de la Universidad Nacional Experimental del Táchira donde hacía prácticas, debió salir del país para trabajar y conseguir dinero con el que pueda sostener los gastos del universitario que se encuentra recluido en El Helicoide.

“Ha sido una lucha muy fuerte, la madre en realidad de Gregory se tuvo que ir a Bogotá a trabajar para trabajar y poder costear esa cantidad de gastos”, contó Santi.

El caso de Sanabria está en el limbo. No ha sido asignado tribunal para hacer juicio.

Pausolina Rolón, madre de Jhosman Paredes, también detenido hace tres años, señaló que una lesión en la columna se ha agravado a causa de la reclusión, también en El Helicoide.

“Él tiene una afección desde la adolescencia. Tiene un disco de la columna corrido y eso le está presionando el nervio ciático. Hay momentos en que no puede levantarse porque las piernas se le duermen”, indicó la mujer.

En el caso de José Vicente García, concejal por el municipio San Cristóbal, detenido en octubre de 2016, el ministerio Público no acusó y el tribunal que lleva el caso expidió boleta de excarcelación pero el Servicio Bolivariano de Inteligencia no la ha acatado. También está recluido en El Helicoide.

“Él se encuentra en una celda de 3×3 con cinco presos más. Le suministran agua contaminada para bañarse y por eso ha tenido afecciones en la piel”, señaló María Alejandra Rivera, esposa de García.

Los familiares de los presos políticos señalaron que en los expedientes no hay elementos de convicción para asegurar los delitos de terrorismo que se les endilga.


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