Por ELSA CARDOZO
La insuficiente atención a la violación de Derechos Humanos y a la pérdida de Estado de Derecho en Panamá en los años del régimen controlado por la jefatura de la Guardia Nacional —en la sucesión de Omar Torrijos (1968-1981) a Manuel Antonio Noriega (1984-1989) (…)— se debe en buena medida a que la intervención militar de Estados Unidos se convirtió en referencia central para describir la transición panameña. En realidad, son los problemas derivados de la instalación, resistencia y profundización de la centralización del poder sin contrapesos los que permiten analizar en propiedad lo esencial de la destrucción de la gobernabilidad y seguridad panameñas, así como las traumáticas condiciones en las que se produjo su recuperación.
Lo esencial del proceso que llevó al establecimiento y estabilización de la democracia panameña puede resumirse en seis rasgos.
La peligrosa contraposición entre la soberanía y los Derechos Humanos:
El régimen bajo el control militar de Torrijos, a pesar su erosión del Estado de Derecho y documentadas violaciones de Derechos Humanos, mantuvo su margen de maniobra nacional e internacional a partir de su cruzada por la recuperación de la soberanía sobre el Canal y sus posiciones de no alineación y acercamiento a las democracias latinoamericanas. Ya bajo la jefatura de Noriega, con su escalada en la violación del completo espectro de los Derechos Humanos, corrupción e ineficiencia económica, conexiones con el narcotráfico y actores subversivos, se redujo sensiblemente ese margen de acción y de apoyos.
La situación estratégica del país:
El deterioro de la situación panameña encendió alarmas de seguridad regional y hemisférica en vista de la significación estratégica del país atravesado por el canal interoceánico, en proceso de entrega por Estados Unidos, en medio de la conflictividad en Colombia y cuando se estaba construyendo la paz en Centroamérica. Esto sucedía en un contexto internacional en el que la oleada de transiciones a la democracia había reducido la tolerancia ante gobiernos autoritarios, se asomaba el final de la Guerra Fría y se perfilaba una nueva agenda de seguridad internacional y hemisférica en la que el régimen panameño quedaba cada vez más aislado.
El peso relativo de las omisiones y acciones internacionales:
Aunque internacionalmente hubo muchos silencios ante la autocratización y se priorizó la estabilidad política y la llamada “causa del Canal”, no faltó el escrutinio en materia de Derechos Humanos, como el de las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni las sanciones, como las muy severas impuestas por Estados Unidos, así como las medidas diplomáticas y políticas de presión, como las de la Comunidad Europea y el Grupo de Río, e intentos de mediación y propuestas para encontrar una solución política que permitiera la realización de elecciones libres como las alentadas por esos mismos actores internacionales y por la OEA.
La decisiva persistencia de protestas, partidos y alianzas:
La vida de las organizaciones políticas se mantuvo, si bien muy fragmentada, hasta que cercanos los veinte años de régimen militar se conformó una alianza opositora tripartita para competir en las elecciones del 7 de mayo de 1989, con el respaldo social y eclesiástico que permitió contabilizar la magnitud de sus apoyos. La organización para la participación y la defensa del resultado electoral fue fundamental para el mantenimiento de la alianza democrática, aunque su triunfo fuera entonces desconocido por el régimen.
Los medios finalmente empleados y sus efectos sobre la transición:
La intervención militar de Estados Unidos iniciada entre el 19 y 20 de diciembre de 1989, hecho de fuerza cuyo pesado balance de pérdidas humanas y materiales sigue estando pendiente, marcó el comienzo de una compleja tarea de recuperación material e institucional que lo traumático de la operación militar no aligeró. Fue un desafío mucho más complicado que lo previsto en materia de gobernabilidad (…), aun contando con la ventaja de que ya había un gobierno electo, que fue juramentado de inmediato, pero con dificultades para obtener reconocimiento internacional.
La normalización institucional:
Durante el gobierno de Endara, en medio de sus fragilidades y asedios, Panamá volvió a tener participación en foros en los que prevalecía la consolidada mayoría y concertación entre gobiernos democráticos. Al término de su período constitucional, en 1994, se inició la alternancia con la elección de Ernesto Pérez Valladares, candidato del Partido Revolucionario Democrático, que había sido el brazo político de Torrijos y Noriega, ahora reorganizado y reorientado políticamente como partido socialdemocrático; diez años después volvería a la Presidencia otro candidato de ese partido: Martín Torrijos, hijo del General Omar Torrijos.
“En realidad, son los problemas derivados de la instalación, resistencia y profundización de la centralización del poder sin contrapesos los que permiten analizar en propiedad lo esencial de la destrucción de la gobernabilidad y seguridad panameñas, así como las traumáticas condiciones en las que se produjo su recuperación”