Por FROILÁN RAMOS RODRÍGUEZ (1)
A primera vista, los casos de las transiciones políticas en Argentina y Chile parecen no ser más antagónicos entre sí. El primero, seguido del fracaso en Malvinas, que precipitó el colapso de la dictadura militar. Mientras el segundo, en cambio, una deposición del poder por medio de la consulta ciudadana que terminó con una fotografía histórica de entrega de la banda presidencial en el Congreso. Ambos caminos opuestos, pero a la vez dentro un mismo contexto temporal, la Guerra Fría, y con un mismo actor relevante, las Fuerzas Armadas.
En su momento, Samuel P. Huntington dedicó un sesudo estudio a estos casos para explicar teóricamente sus procesos (La Tercera Ola, 1994), al que le siguieron diversos trabajos, desde disciplinas diferentes, que han acabado por convertir ambos modelos de transición en una especie de modelos dicotómicos, de los buenos y los malos pasos a seguir, pero la realidad demuestra, muchas veces, ser más compleja. Hoy, después de más de tres décadas, los caminos de Argentina y Chile hacia la democracia todavía tienen mucho que enseñar y reflexionar sobre la base de sus experiencias.
La Argentina de junio de 1982 era una nación abatida por una profunda crisis política y económica, y en casi un estado de shock por la derrota militar. El descrédito de las distintas Juntas Militares, que gobernaron el país desde 1976, quedó intrínsecamente asociados a las Fuerzas Armadas. La administración de Raúl Alfonsín (1983-1989) inició una serie de importantes reformas en el sector militar, destinadas a asegurar el control civil sobre la institución armada, otrora artífice de una docena de golpes de Estado a lo largo del siglo XX. Uno de los hitos más significativos, y sin precedentes en el continente, fue el someter a la justicia a los militares responsables de violaciones de los derechos humanos, más de mil fueron juzgados.
La reformas políticas de Alfonsín se materializaron en un Ministerio de Defensa dotado con mayores potestades legales sobre las Fuerzas Armadas y bajo dirección civil, que llevará a cabo la tarea de formar civiles especializados en temas de defensa; en la reducción del presupuesto y de personal de la institución castrense, principalmente del Ejército; el fortalecimiento del control del Ejecutivo y el Legislativo sobre los ascensos militares, con el objeto de despolitizar la institución y reconocer los méritos de los oficiales comprometidos con la democracia y de perfil profesional.
Al otro lado de la cordillera, las Fuerzas Armadas chilenas poseían prestigio institucional y cohesión en torno al orden jurídico establecido por la constitución de 1980, que representaba otro escenario distinto al de sus vecinos rioplatenses. Sin embargo, la victoria del No en el plebiscito de octubre de 1988 significó un punto trascendental en el proceso de transición a la democracia. El general Augusto Pinochet aceptó la derrota y comenzó un proceso de negociación política con la oposición democrática.
Durante 1989, los diálogos fueron intensos entre el ministro del Interior, Carlos Cáceres, y los partidos de la Concertación. Este año, ambas partes llegaron a acordar cincuenta y cuatro (54) modificaciones constitucionales, que permitieron generar garantías para la transición, y que fueron ratificadas por la ciudadanía mediante un plebiscito, con 90% de aprobación. En aquellos meses, resultaba previsible que Patricio Aylwin, candidato de la Concertación, ganaría en las elecciones presidenciales, por ello, este tiempo fue crucial para negociar el papel que tendrían las Fuerzas Armadas.
El propio Pinochet disolvió la Central Nacional de Informaciones (CNI), cuerpo señalado de represión política. Asimismo, los militares negociaron condiciones en áreas primordiales, como la Ley Reservada del Cobre, que garantizaba recursos para la institución; protección jurídica para el personal militar y continuidad del general Pinochet a la cabeza del Ejército por ocho años.
La experiencia chilena ha sido tanto alabada por su mesura y legalidad como acusada de transacciones excesivas, la realidad es que cabría preguntarse: ¿en qué negociación no hay cesiones? ¿Qué otra cosa podía hacerse? ¿Qué poder tenían las partes? En su conjunto, el caso de Chile reunió tres elementos relevantes: 1) la capacidad de negociación para alcanzar acuerdos conducentes a acciones concretas; 2) los liderazgos políticos de Gabriel Valdés y Aylwin, para garantizar los pactos; 3) el peso de las figuras militares de Matthei y Merino para hacer respetar los resultados electorales.
Al final del día, ambos caminos recorridos demuestran que no hay vías perfectas o preestablecidas, que todas tienen sus altibajos y baches, pero que, sin lugar a dudas, representan experiencias únicas e intransferibles para seguir la ruta hacia la democracia y las libertades ciudadanas. En suma, toda transición pasa por considerar a las Fuerzas Armadas, porque en el fondo rescatar la democracia es también rescatar a las Fuerzas Armadas como institución profesional al servicio de la nación.
- Doctor en Historia. Profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) Chile.