Zapatero debería estar sentado en un banquillo por haber dejado el gobierno con un déficit oculto del nueve por ciento, muy superior al reconocido legalmente en el traspaso de poder. Y Sánchez deberá estarlo algún día, cuando los terribles efectos de su gestión kamikaze sean inocultables y vayan a dañar a millones de españoles durante varias generaciones.
Una cajera de un híper es despedida si no le cuadra la caja por cuatro euros un par de días seguidos; pero un presidente es promocionado a conferenciante, embajador, alto comisionado o cualquier otro puesto de campanillas si, al finalizar su legislatura, deja un pufo billonario.
Ahí tienen a Zapatero viajando por medio mundo como observador de Maduro y otros sataprillas, o disertando en público sobre derechos, tras haber dejado arruinado su país entre mentiras contables tan obscenas como impunes.
Y tienen ahí a Sánchez, también, promocionándose a sí mismo como mozo de espadas del cambio climático, de la OTAN o si le dejan de la OMS; con ese historial de vuelos caprichosos en el Falcon, rescates oscuros de Plus Ultra, sumisiones al populismo y hasta ocultaciones de la cifra real de muertos de una pandemia cuyos efectos él amplificó.
Ese antagonismo entre las consecuencias para el humilde de pequeños errores y de beneficios para el poderoso de grandes desastres está detrás del pavoroso mensaje que el PSOE y su trompetería mediática emiten en favor de Chaves y Griñán, argumentando sin pudor que, por muy gordo que fuera el agujero económico creado, no se llevaron ni un euro al bolsillo.
Los 632 folios de la sentencia de los ERE de la Audiencia Provincial de Sevilla, confirmada ahora por el Tribunal Supremo, son un monstruoso repaso a varios delitos significativamente peores que el repugnante trinque habitual del politiquillo que, a cambio de una obra pública, se lleva una comisión. Porque aunque esos comportamientos generan una inevitable indignación social, son irrelevantes al lado de una trama que utilizó casi 700 millones de euros en intentar conculcar la propia democracia, sustentada en el voto libre y la alternancia en el poder.
Lo que el PSOE hizo fue comprar voluntades para perpetuarse en el poder, dopándose a sí mismo y dopando a terceros con dinero público. Y lo que hizo, también, fue intentar secuestrar el mayor granero electoral de España para beneficio del conjunto del partido en todo el país.
En España hay algo más de 36 millones de ciudadanos con derecho a voto, de los cuales cerca de siete son andaluces: el 20 por ciento del censo electoral, aproximadamente, es de Andalucía, lo que convierte a la Comunidad, hoy liberada milagrosamente, en la mayor arma electoral que el PSOE ha tenido nunca en su despensa.
Sin ella, Zapatero no hubiera logrado jamás una mayoría absoluta. Y Pedro Sánchez tampoco una pírrica victoria que le llegó tras tres Elecciones Generales y una moción de censura abyecta, en compañía de todos los partidos a los que un dirigente decente debiera haber ayudado a aislar.
Eso son los ERE: un intento sostenido durante lustros de adulterar la base del sistema democrático para convertir en rehenes a los votantes y hacerles pensar que, de no votar lo «correcto», perderían las distintas canonjías, paguitas y ayudas que el PSOE más caribeño ponía a su servicio con un dinero público destinado técnicamente a los parados.
Luego, además, algún listo frecuentó locales de lucecitas, asó vacas inmensas y se esnifó lo más grande a cargo de esos fondos, pero lo sustantivo es que los socialistas crearon una trama mafiosa para privatizar un poder público por definición efímero.
Chaves y Griñán robaron algo más que dinero, mucho peor y con más consecuencias. Y lo hicieron el nombre del PSOE, que les agradeció los servicios a su causa haciéndoles presidentes del partido que hoy encabeza Pedro Sánchez, deudor de la andaluza Susana Díaz y promotor de María Jesús Montero al puesto de vicesecretaria general y ministra de Hacienda, tras 14 años de consejera de los condenados y de su sucesora, que jamás movió un dedo por aclarar nada.
Los ERE no son un simple caso de corrupción, mangancia y choriceo, que también: son un golpe de Estado contable, sutil y light en términos bélicos, para apropiarse del poder y comprar votos a cambio de cheques.
Artículo publicado en el medio español El Debate