Este artículo se está escribiendo el jueves 25 por la noche cuando aún no se conoce la decisión que anunciará el tribunal londinense en el que se debate la titularidad del oro depositado por el Banco Central de Venezuela en esa ciudad. La discusión gira en torno a cuál es el gobierno reconocido por el Reino Unido en Venezuela y por tanto quien tiene la titularidad para disponer del metal, si Miraflores o quien haya designado la Asamblea Nacional (2015). La disputa puede tener un valor de 1.900 millones de dólares, cuya disponibilidad resulta muy importante para uno u otro litigante.
En todo caso, sea cual fuere la decisión que emita aquel tribunal, lo que es cierto e indiscutible es que el problema no se hubiera originado de no haber ocurrido el desgraciado evento a principios de año en la Asamblea Nacional (2015), cuando los miembros del G4 (convertidos luego en G3) concretaron la maniobra de destituir a Guaidó de la presidencia interina y eliminar la figura del ejercicio temporal del Poder Ejecutivo designando en su lugar a la diputada Dinorah Figuera, pero sin la facultad ejecutiva, dejándola ahora tan solo presidiendo una Asamblea que es una simple elucubración o quimera.
Quienes ejecutaron esa pérfida maniobra (Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) son responsables, pues, de las consecuencias de la misma que ya se han hecho sentir en Estados Unidos y ahora pudiera ser el mismo caso en Inglaterra. Esos señores, en su afán de pelear por un camarote en el Titanic, no previeron que su egoísmo pudiera tener consecuencias fuera de las fronteras venezolanas, como es ahora el caso. Este opinador puede afirmar con fundamento aquello de yo te lo dije publicado en esta misma columna el 11 de febrero pasado y repetido insistentemente en cuanto programa de televisión o radio nos entrevistaron. La culpa es de ustedes aunque ahora, en el desespero, se la quieran cargar al status anterior al 5 de enero cuando tomaron la fatídica decisión.
Lo mismo están haciendo con el angustiante estatus legal que amenaza a Citgo, donde le quieren echar la culpa a su junta directiva y a la de Pdvsa ad-hoc por una situación que les fue insistentemente advertida por el entonces procurador -hoy también destituido- Sánchez Falcón y por otros conocedores de los procesos legales en Estados Unidos. Se trataba de aprobar unos fondos para pagar a los abogados que representaron con éxito al gobierno interino (Guaidó), los cuales -por egoísmos y disputas entre fracciones- nunca fueron obtenidos. Los abogados norteamericanos no trabajan gratis ni le dan fiado a Venezuela ni siquiera con el aval de la “revolución bolivariana”.
Volviendo al caso del oro la discusión se centra en cuál es el gobierno de Venezuela que Inglaterra reconoce. Hasta el momento el gobierno de ese país notificó al juez que lleva el caso que el reconocido era Guaidó. Desde ese instante el asunto se daba por resuelto en favor del interinato. Hoy, luego de la “brillante” maniobra del G3, parece que el viento cambió de dirección y Londres indica que su reconocimiento ahora es para Maduro, por lo cual sería la junta directiva del BCV designada por Miraflores la que tendría la disposición del metal si es que el juez llegara a acoger la nueva orientación de la política exterior de su país, que es fijada por el Ejecutivo y acatada por el Judicial.
Gracias debe estar dando Nicolás por el impensado servicio prestado por Julio Borges, Henry Ramos y Manuel Rosales, que no pudieron ver más allá de sus rencillas políticas subalternas. Yo te lo dije.
En los Estados Unidos la situación del principal activo venezolano, Citgo, pende del delgadísimo mecate de una apelación ante un tribunal superior de Delaware. Si sale mal “se acabó lo que se daba” toda vez que la OFAC (oficina que administra las sanciones internacionales que impone Estados Unidos) acaba de expresar por escrito que ya no invocaría la protección ejecutiva concedida hasta ahora y daría luz verde si es que el juez que lleva el caso Crystallex, ya ganado por la compañía extranjera, resolviera el remate de las acciones de Citgo y su adjudicación ya sea a Crystallex o a otro postor. Como es de suponer, los próceres del G3 adjudican la culpa a las Juntas de Citgo y Pdvsa (ad-hoc) que en su breve actuación transformaron una empresa quebrada en una máquina de generar ganancias (más de 2.000 millones de dólares en 2022 y más de 900 millones en lo que va de 2023). De ocurrir ello no quedaría más que negociar -con el puñal al cuello- una salida lo menos traumática posible. En este caso la culpa es de quienes mal administraron la empresa por cuenta de Maduro & Cía., no de quienes la recuperaron con eficiente y proba administración desde 2019.
En definitiva, las cosas se ven feas y pudiera argumentarse que poco importa ya quién tiene la culpa, de no ser que varios de los mismos que nos llevaron a esta encrucijada hoy presentan sus candidaturas para dirigir la Venezuela del mañana. ”Cosas veredes, Sancho” decía el Quijote anticipando impensables situaciones.
@apsalgueiro1