La debacle institucional del pais tiene su fiel reflejo en las gobernaciones y alcaldías.
Para quien sea que gane las elecciones en los estados y municipios resultará perentorio gestionar una nueva forma de gobierno y organización de las mismas, especialmente si consideramos la caída de los ingresos petroleros que son la principal fuente económica de dichos organismos, si a esto sumamos la comprobada intención del gobierno central de reducir al mínimo dichas instituciones, mediante el cuerpo de leyes aprobadas y por aprobar que sustentan la creación del Estado comunal, el panorama resulta desolador para quienes pretendan desarrollar una gestión medianamente positiva.
Pareciera que la mayoría de quienes aspiran a estos cargos de elección popular están haciendo grandes esfuerzos por imponerse sin considerar la situación actual de estos órganos de gobierno y menos todavía, sin estimar para nada el nuevo rol que el régimen, por vía de la Asamblea Nacional Constituyente, todavía vigente, y la nueva Asamblea Nacional le han asignado.
De la observación de las ofertas electorales, la conducta y el background del que hacen gala los candidatos, podemos inferir que pocos, por no decir nadie, se ha detenido a pensar en cómo encarar la conducción de estas instituciones si resultan electos.
Las absurdas ofertas electorales demuestran el poco interés que tienen en comprender y menos resolver los problemas de gobernabilidad en un pais donde se han desmantelado las instituciones, donde los planes del gobierno central apuntan hacia la creación de un nuevo orden institucional, una nueva y arbitraria organización política del territorio y nuevas formas de gobierno, que descartan los mecanismos de toma de decisiones democráticos y que además se está planteando la reorientación de los recursos y de las competencias asignadas a las gobernaciones y alcaldías hacia las ciudades comunales.
Las elecciones son un hecho y como resultado surgirán gobernadores y alcaldes electos, independientemente de las condiciones electorales, elegiremos gobernadores y alcaldes tipo “A” y tipo “B”, los tipo “A” serán subordinados y “obedientes” al poder central, los tipo “B”, simularán ser relativamente contestatarios respecto al Poder Ejecutivo y probablemente contarán con protectores, parlamentos comunales y ciudades comunales, con menos competencias y siempre con escasos recursos.
Independientemente si son tipo “A” o tipo “B”, se encontrarán con unas instituciones desmanteladas, organizativa y funcionalmente inviables, con muy pocos recursos, una pesada carga laboral, unos estados y municipios sin servicios y sin la infraestructura que garantice el funcionamiento y la atención a los ciudadanos o a los sectores productivos.
Tanto los unos como los otros, con posibilidades reales de elección, deberían estar trabajando, o por lo menos pensando en cuáles son las situaciones que deberían encarar, no hablo de planes en condiciones normales, como solíamos hacer antes, cuando la existencia de los recursos, a veces exiguos, permitían pensar en planes de acciones inmediatas, de emergencia o los populares planes de los primeros cien dias, hablo de cuestiones más de fondo. Hablo de las nuevas formas de gobernabilidad, procesos de generación y control de políticas públicas, mecanismos de participación democrática, gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, gobierno digital y demás elementos del ejercicio de gobierno democrático, que permitan ir corrigiendo la caótica situación actual.
Los equipos de los candidatos deberían estar evaluando la situación de las instituciones que aspiran a dirigir en cuanto a nuevo modelo de gobierno, modelo organizativo, evaluar si tiene sentido seguir manteniendo las viejas estructuras burocráticas, buscando posibles soluciones a la situación actual, que se ubica a medio camino entre Weber, Juan Vicente Gómez y el neocaudillismo que resultó del ensayo marxista leninista (supeditación al partido), o si por el contrario diseñan un modelo organizativo que facilite, efectivamente, la participación ciudadana, en condiciones de democracia y transparencia, que permitan la formulación de políticas públicas racionales en una situación de compleja crisis humanitaria.
Pocas expectativas podemos tener en este sentido, si consideramos las ofertas electorales de los candidatos a gobernaciones y alcaldías.
En el estado Bolívar, por ejemplo, algunos candidatos a gobernador ofrecen recuperar las empresas básicas, sin considerar que dichas empresas surgieron enmarcadas en un modelo de desarrollo que fracasó y que no ha sido revisado, se olvidan intencionalmente de mencionar la pesada carga laboral que le impusieron los sindicatos al ofrecer su recuperación, como una panacea que resolverá los problemas de Guayana, nada les importa la viabilidad de su oferta.
La demagogia les da licencia para mentir sin medida ni clemencia, como dice el bolero.
En esta tormenta de ofertas engañosas vemos a opositores como candidatos a las alcaldías de importantes municipios, prometiendo resolver el problema de abastecimiento de agua potable, aguas servidas y drenajes en una sola parrafada, o el suministro eléctrico, que en los sesenta años transcurridos desde la caída de Pérez Jiménez no se han podido resolver, ni siquiera en las épocas de bonanza petrolera. Ellos, demagógicamente, ofrecen resolverlo todo, gracias a sus dotes mágicas, otros más absurdos ofrecen ciudades confortables, sabrá Dios qué entienden como confort, ofrecen seguridad, salud, educación, o resolver los problemas de desabastecimiento desde una alcaldía.
Es infinita la gama de promesas imposibles que demuestran la poca seriedad de sus intenciones, sin embargo, muchos de ellos resultarán electos.
Si bien entendemos que la precariedad económica y las tensiones políticas tendrán dimensiones aterradoras para quien ejerza funciones de gobiernos en el próximo período, asumir desde el sector opositor la dirección de instituciones en franco deterioro, por no decir quebradas, supone un reto interesante, una posibilidad para ensayar un nuevo estilo de gobierno democrático, basado en los modelos más recientes de gobernabilidad, entendida esta como la capacidad que tiene el Estado para dar respuesta técnica, política, social y económica a las necesidades de la sociedad, aceptando desde la “autoridad” que le confiere la “legitimidad”, la participación de los actores estratégicos de la sociedad.
Sería un gran aporte a la reinstitucionalización del país intentar definir, desde las gobernaciones y alcaldías, los nuevos mecanismos de participación y toma de decisiones democráticas, que nos eduquen para formular, ejecutar y controlar políticas públicas desde el seno de la sociedad, políticas publicas racionales que expresen sus necesidades y no los caprichos de los gobernantes.
Quizás la falta de recursos, la pérdida de competencias, las presiones desde el Ejecutivo, el desvío de los pocos recursos que permita el “situado” y las demás leyes especiales que regulan el flujo económico hacia las gobernaciones y alcaldías, impida la efectiva ejecución de las políticas públicas, pero quedaría un modelo de gobernanza que incentivaría las aspiraciones democráticas de la ciudadanía.
Organizar inteligentemente la sociedad en torno a criterios democráticos de gobernabilidad y gobernanza, que mantengan la esperanza en un país mejor, borrarían la aureola de inutilidad de unas instituciones amenazadas de extinción y le darían sentido a la lucha electoral por la democracia.
@wilvelasquez