Hay consensos alcanzados y otros todavía por construir. Así, por ejemplo, existe un gran consenso entre la mayoría de los actores sociales y políticos en rechazar la farsa inventada por el régimen de Maduro para sustituir las elecciones parlamentarias previstas para este año, y en señalar que la cantidad de irregularidades y delitos contra la Constitución y las leyes de tal invento impiden que lo que allí ocurra sea ni de lejos una expresión de la voluntad popular.
Sin registro electoral confiable y auditado; sin posibilidad de que quienes han tenido que emigrar ejerzan su derecho a votar; con un “árbitro electoral” amañado y escogido a última hora de manera inconstitucional; con “rectores” leales a la dictadura; sin cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos para cada una de las actividades; sin posibilidad de hacer auditorías del proceso, incluyendo las nuevas máquinas de votación y el sistema para el proceso automatizado; sin observación electoral nacional e internacional; con los principales partidos políticos intervenidos judicialmente y sin oportunidad de participar; sin supervisión sobre el nombramiento y adjudicación de testigos electorales y miembros de mesa; sin control alguno sobre la designación de las Juntas Electorales y demás órganos subordinados; sin garantías de que el voto sea ejercido libremente sin coacción o intimidación; con migración continua y sin aviso de electores de sus centros electorales naturales, y con modificaciones irregulares al número y naturaleza de los diputados a elegir, agregando “escaños” a dedo, y decretando “normas especiales” para el proceso de manera inconstitucional, lo que inventó el régimen para diciembre podrá llamarlo como quiera pero no llega siquiera a la categoría de elección sin condiciones. Es simplemente una farsa, muy típica de nuestro muy oficialista estado de disimulo. Sobre esto, el consenso nacional es amplio.
Donde no hay consenso es en qué hacer entonces, además de denunciar la parodia. Los partidos políticos de la Unidad democrática anunciaron su decisión de seguir luchando por una elección libre y no prestarse a esta estrategia de la dictadura de intentar apropiarse del Poder Legislativo a la fuerza. Por su parte, algunos sectores sociales, así como personalidades influyentes en la vida nacional, han expresado sus dudas sobre la conveniencia de ello, y piensan que se debe participar en el proceso –a pesar de todo– como una forma de movilización ciudadana y de deslegitimación del régimen. Frente a la necesidad de aportar a la construcción del necesario consenso sobre este tema, es conveniente tomar en consideración algunos elementos.
En primer lugar, lo inteligente en política es no casarse con dogmas. Participar electoralmente o no hacerlo son ambas tácticas válidas en una estrategia democrática. La oposición ha ganado y avanzado participando pero también no haciéndolo. Y ha perdido y retrocedido tanto asistiendo a elecciones como no. Lo importante por tanto es la utilidad y eficacia política de la decisión. En este sentido, y frente a la coyuntura del evento de diciembre inventado por la dictadura, la pregunta que importa es: ¿cuál opción ayuda más al objetivo de salir de Maduro para poder poner fin a la crisis?
Ciertamente, se puede preguntar cuál opción resultó políticamente más eficaz en las llamadas “elecciones presidenciales” del 20 de mayo de 2018, si la de quienes decidieron denunciar el proceso y no prestarse a él o la de quienes optaron por participar. ¿Quiénes construyeron más después? ¿Cuál de las 2 opciones resultó más útil? Sin olvidar que los mismos que participaron denunciaron el fraude (pero después de ocurrido el evento), los logros para el país de quienes optaron por no hacerlo (deslegitimación y debilitamiento de la dictadura, fortalecimiento del polo democrático, reconocimiento internacional, recuperación de activos en el exterior) parecieran ser evidentemente superiores.
Ahora, y como lo han señalado numerosos actores sociales y políticos, denunciar el proceso y llamar a no formar parte de él no es suficiente. Falta ahora construir y dibujar la respuesta al qué hacemos. ¿Cómo se construye una no participación activa, socialmente movilizadora y políticamente eficaz, que nos aleje de la inútil abstención pasiva? Entendemos que la respuesta a esa pregunta crucial y compleja se sigue discutiendo a lo interno de muchas fuerzas democráticas, y el país espera necesitado por una orientación estratégica que le dé sentido de utilidad a esa opción.
Pero la pregunta del qué hacer no es solo para quienes han decidido no prestarse a la farsa de la dictadura. Quienes plantean que la mejor opción es asistir, también deben explicar qué hacer el 7 de diciembre, luego de que el CNE de la dictadura anuncie sus resultados ya previsibles. A la esperable y justificada frustración de la población con los resultados, no puede sumarse la desorientación e incertidumbre sobre qué hacer entonces. La respuesta al qué hacer no puede ser dejada para después de ese día. Tiene que estar prevista antes. Y esa respuesta tampoco ha aparecido.
Ahora bien, es necesario insistir en que la eficacia y contundencia de las respuestas al qué hacer de ambas opciones van a depender de si se logra la tarea de generar una fuerte y sistemática presión cívica interna que en estos momentos es solo una fuerte y elevada conflictividad social. La diferencia entre ambas –presión cívica y conflictividad– la hemos venido abordando en los últimos artículos. Pero lo importante es resaltar que sin una presión cívica interna, sostenida y creciente, cualquier decisión perderá mucho de su utilidad política. Y esa presión solo se puede construir a partir de la articulación progresiva, sistemática y constante de las acciones de protesta y de legítima exigencia de los distintos actores sociales del país, con unos niveles mínimos adecuados de organización e intercomunicación, y con una direccionalidad y orientación que le permita convertirse en un instrumento social de poderosa eficacia política.
Por supuesto, esa ineludible tarea requiere necesariamente de la organización de las estructuras sociales y partidistas concretas aguas abajo para llevarla adelante. Por ello es necesario y urgente el trabajo de construir nuevas estructuras de organización sociales y políticas locales, en las comunidades y barrios, y fortalecer las que existen. Sin esto, de nuevo, las decisiones que se tomen carecerán de la fuerza para convertirlas, de lo meramente declarativo, en auténticas herramientas en el proceso de liberación del país.
Para ser exitosa, cualquier estrategia debe valorar correctamente las capacidades propias y las del adversario, desarrollando las tácticas viables y realistas que resulten de ese cálculo. Eso es lo inteligente y lo responsable. Sin aferrarse a dogmas preestablecidos que obnubilan la comprensión real de la coyuntura. Porque siempre es mejor avanzar pocos metros pero de manera segura e irreversible, que prometer kilómetros que nunca se alcanzarán y solo terminan provocando más frustración y retroceso.
@angeloropeza182