Es casi increíble, continuas denuncias de todo orden contra el régimen, sobre las elecciones parlamentarias, la inacción del gobierno interino, la ausencia de respuestas de la Asamblea Nacional, las sentencias inaplicadas del TSJL y, lo menos comprensible, la gente no reacciona sino ante la coyuntura muy puntual por las fallas constantes de los servicios públicos… Nadie hace nada. Todo el mundo como que espera que alguien venga y les resuelva sus problemas sin involucrarse masivamente ante tanto atropello.

Acciones de la sociedad civil se articulan con un pacto político de la oposición alojada en la Asamblea Nacional, pero el tiempo pasa, y no se concretan las coincidencias como son la consulta plebiscitaria, la integración dirigencial del liderazgo, y la iniciativa de movilizaciones populares. Parece que todo está claro en el papel y el discurso inútil, pero cuando se trata de ponerlas en práctica, nada pasa y nadie hace nada.

Un tema en particular que merece repetirlo aunque parezca redundante es el relativo  a las elecciones parlamentarias por la trascendencia que tiene para el país, en efecto, sin importar las denuncias contra las mismas, el régimen ha diseñado su propia estrategia de llevarlas a cabo para mantenerse en poder, con el uso y abuso de la fuerza militar, cuya disposición ha sido manifestada por boca de su máximo dirigente, “no se dará oportunidad alguna a la oposición de ser poder político en la vida, y que ninguna organización, institución o sociedad los podrá reemplazar” y, como parte de esa actitud, planifica un proceso electoral caracterizado por la violación constitucional conducente a lavar la cara como Estado usurpador, aparentar ser legítimo, controlar el Poder Legislativo y hacer ver esas elecciones fraudulentas con trazos “democráticos” para legitimarse ante el mundo, e irradiar a los cuatro vientos que es un “gobierno socialista democrático”, que es constitucionalmente electo. y que su validez es soberana.

Se han hecho sistemáticas consideraciones sobre las debilidades de los procedimientos electorales. Se ha anunciado que las írritas elecciones se llevarán a cabo usando medios electrónicos con equipos que ya fueron suministrados por los chinos para sustituir a las que en marzo de este año incendiaron en un galpón perteneciente al Consejo Nacional Electoral, lo cual provocó la pérdida de 49.408 máquinas de votación y otros insumos, 582 computadoras, 400 boletas electrónicas, 22.434 inversores de corriente, 127.000 boletas y 49.327 sistemas de autenticación integrada (captahuellas). Pero no hay problema, fueron debidamente negociadas y preparadas con sus respectivos sistemas en caja negra que permitirán el uso de un nuevo sistema electrónico envenenado.

La capacidad de improvisación del régimen es formidable para llevar a cabo este proceso el 6 de diciembre, “llueva, truene o relampaguee” a pesar de que el sistema electoral fue declarado fuera de ley por el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que invalidó usar en el futuro el sistema electrónico de votación, y dictó medidas penales a todos los rectores nacionales y autoridades regionales del CNE.

Independientemente de las consideraciones anteriores, es necesario recordar que el proceso electoral es fraudulento, preparado fuera del marco legal y tiene una serie de elementos estructurales que no han cambiado, ni van a cambiar, que permiten su manipulación y garantizar los resultados a favor del régimen, dejando un regalo de consolación a la oposición colaboracionista que le otorga hasta un tercio de la representación del Parlamento para cubrir las apariencias.

En el análisis de los procesos se usa el argumento de que el voto masivo vencería a los intentos totalitarios, ciertamente esa afirmación es un mito cuyo origen es el arraigo que tiene entre nosotros aquel viejo dicho de que “en la unión está la fuerza”, pero el sistema, apoyado en la desconfianza y nula fiabilidad determina que las probabilidades no están del lado de la oposición en elecciones con este tipo de régimen. Con tal evidencia, el voto masivo no garantiza nada, más bien se pudiera argumentar lo contrario, especialmente apoyado por la circunstancia que, en muchos años, el régimen ha colocado a sus fanáticos en los respectivos organismos electorales, órganos de justicia y en sus fuerzas de seguridad con el fin único de garantizar la continuidad en el poder

Más allá del registro electoral, que inevitablemente habrá de reconstruir para que sea fiable, está el asunto del voto electrónico con el que el régimen vuelve por las suyas, ahora con los juguetes chinos no auditables y sistemas informáticos controlados. Está demostrado en todo el mundo que los fraudes electorales electrónicos se han convertido en un problema global, en general, la están usando para acabar con las democracias, pero parece que esto a nadie le importa o que por una u otra razón quienes pudiesen evitarlo, prefieren hacerse los suecos.

Organismos internacionales han hecho lo imposible para cambiar esta situación, por ejemplo, la OEA puso al descubierto el fraude electoral electrónico en Bolivia y está muy clara su posición con respecto a las venezolanas. El hecho cierto es que con el voto electrónico es imposible garantizar la fiabilidad del sufragio. En diferentes fases de un sistema cada parte es vulnerable de intervención maliciosa, desde la pantalla táctil, la comunicación por Internet, el almacenamiento en los servidores, la impresión de actas y pare de contar. Las experiencias son infinitas y el sistema de voto electrónico ha sido rechazado por las democracias que están seguras de la intervención política interesada cuyos resultados son potencialmente susceptibles de fraude.

Volvemos al punto, no se puede concurrir a un proceso electoral con sistemas corrompidos e ilegales al violar la Constitución, con sentencias de fraude en firme y autos de detención a los culpables en desarrollo ya un régimen declarado terrorista y de sus dirigentes buscados internacionalmente. Obviamente, los colaboracionistas por condiciones oportunistas intentan preservar posiciones en el régimen favorables a sus intereses y pecan de complicidad penal.

La solución electoral entonces está condicionada a una revisión integral del sistema, a optimizarlo mediante la instrumentación del voto manual con procedimientos de tabulación controlable en segmentos técnicos auditables. En todo caso, ello es responsabilidad de un gobierno de transición a quien se le ha exigido favorecer la integración de un Consejo de Gobierno y un gabinete que sustituya al régimen antipatriótico que nos antigobierna y que está vendido a los intereses internacionales del socialismo y a los socios del crimen organizado.

La dirigencia de oposición no ha dado la talla, no ha capitalizado las exigencias populares, pues hay que dejarla de lado y estimular la sinergia con la participación activa de la población en un proceso de resistencia, boicot a las elecciones chucutas, y de luchar en la calle por la libertad. No habrá ayuda internacional que valga para contribuir a remover a la ignominiosa dictadura que nos aplasta y nos diluye como país si no participamos activamente en su defensa que nos hace dependiente de otros y donde la dictadura nos obliga como esclavos a obedecer sus despreciables designios.


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