Lo que prepara la Asamblea Nacional chavista en contra de las organizaciones no gubernamentales es el remate, porque no se puede decir que durante todos los años de este gobierno hayan estado a salvo. Desde el principio sus activistas han sido víctimas de persecuciones y hasta cárcel y torturas.
Son personas que han sido atacadas por ayudar a quienes no tienen voz, a los más vulnerables, a los más desasistidos. Se han convertido en una piedra en el zapato porque denuncian la violación de derechos humanos, han asumido la defensa de los presos políticos, han tomado como propia la lucha de grupos olvidados, se han trasladado a las más lejanas barriadas y a los más solitarios pueblos de las fronteras, han acompañado en sus quejas a enfermos crónicos, a usuarios de servicios públicos, a madres y padres.
Está claro que no soportan que estas organizaciones dejen en evidencia la mala gestión de quienes ocupan Miraflores desde hace más de dos décadas, que echen por tierra las supuestas bondades del socialismo del siglo XXI, una realidad que han pretendido ocultar con la mentira, la censura y el control de los medios.
¿Cómo se puede entender que quieran criminalizar a organizaciones que brindan asistencia a la población desnutrida, que tienden una mano a habitantes de la frontera desplazados por los enfrentamientos entre guerrillas, que abastecen de medicamentos a enfermos? Muchas de ellas realizan tareas que corresponden al gobierno, pero que este abandonó desde mucho antes de que el lugar común de las sanciones se sumara a su vocabulario. Los fondos para hacer su trabajo los reciben muchas veces de organizaciones de otros países. Por eso los chavistas inventaron una ley que bautizaron “de Cooperación Internacional” cuyo proyecto va a ser discutido, y seguramente aprobado, por el Parlamento de mayoría oficialista.
El objetivo de esta normativa es crear un “registro” de las ONG con detalles específicos de su financiamiento. Asimismo, ilegalizar aquellas que ellos consideren que, “de manera directa o indirecta, promueven o participan con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República, en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”. Es decir, cualquiera que le pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervenir en el caso de los presos políticos será borrada del mapa y los que recibían su apoyo quedarán abandonados.
No hace falta ni siquiera decir que esta es una práctica copiada de Cuba y ya aplicada en Nicaragua, nada que nos enorgullezca.
En 2020 el diputado Diosdado Cabello en su programa dijo: “¿Dónde estará la plata que recibió la oposición criminal venezolana? En las cuentas bancarias de las ONG creadas y controladas por la oposición en los países satélites. Algunas de esas ONG son: Alimenta la Solidaridad, Fundación Futuro Presente, Asociación Civil Manos al Aire, Transparencia Venezuela, Provea, Foro Penal, Acción Solidaria, Rescate Venezuela, Caracas Mi Convive, Alimentando Esperanza, Fundación American Venezuela Engagement, Fundación I Love Venezuela, Fundación Ven Da Tu mano, Un Mundo Sin Mordaza, entre otras”.
Pareciera entonces que se cansaron de poner presos a los valientes activistas como Javier Tarazona de Fundaredes y quieren acabar de raíz con todas las organizaciones no gubernamentales. Decidieron ir contra todas, sin importarles las consecuencias sobre las poblaciones que quedarán desasistidas. Pues es mentira, así le moleste al señor del mazo reconocerlo, que el gobierno de Maduro se ocupará de la crisis tan compleja que vive Venezuela.