Este lunes se reinicia el curso escolar 2023-2024 en todo el país tras las vacaciones decembrinas y de Año Nuevo. Lo que debería ser un momento de alegría y esperanza de las familias venezolanas, al ver a sus hijos concurrir a las aulas para proseguir su formación académica con la idea de labrarse un futuro profesional y contribuir a su progreso social, económico y cultural y al del país, es una fuente de angustia diaria.
A falta de conocerse la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2023), que elabora anualmente la Universidad Católica Andrés Bello que constituye una referencia informativa indispensable ante la inexistencia de estadística del Estado venezolano, la data de 2022 registró más de millón y medio de niños, niñas y adolescentes fuera del proceso de escolarización, con una merma constante desde 2014 de los inscritos en la educación pública, que es la de mayor cobertura a nivel nacional.
El profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAB, citado en este artículo del sacerdote jesuita Luis Ugalde, presenta cifras deprimentes de la realidad educativa del país: «Más de 100.000 educadores abandonaron la docencia porque su miserable sueldo no les permite vivir; otros continúan, pero con trabajos para complementar sus ingresos básicos, 60% de los niños tiene sólo 2 días de clase a la semana, 44% de las escuelas están en malas condiciones físicas, 72,2% no cuenta con servicio de Internet, 48% carece de servicios sanitarios y 46% tiene muy lamentables servicios de luz y de agua.
Encovi apunta que la agenda educativa está fuera de las prioridades al dejar casi a la mitad de la población de 3 a 5 años excluida de los beneficios de la educación inicial y al carecer de una fuerte iniciativa pública que favorezca la retención y reinserción escolar mediante políticas de reforzamiento pedagógico, alimentación y transporte.
Un comunicado de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) de este pasado 5 de enero denuncia «una vez más la dramática situación del sistema educativo y de los trabajadores de la educación para este 2024».
Durante el año pasado, se produjeron más de 3.000 protestas para exigir salarios justos, condiciones de trabajo y de vida dignos. El Centro de Documentación y Análisis Social de la FVM indica que el salario promedio de un docente equivale a 21,5 dólares (798 bolívares) y se requeriría disponer de 24,2 salarios promedio para poder alcanzar el costo de la canasta alimentaria familiar.
Los educadores reclaman aumentos salariales y el pago de beneficios contractuales que han sido burlados y reiteran que un «gran porcentaje» de centros educativos se encuentran en «pésimas condiciones, sin recursos pedagógicos y escasez de personal, deserción alarmante de docentes y de estudiantes».
Lo que vislumbra la FVM es un año de mayor conflictividad aún «si el gobierno no toma cartas en el asunto con verdadera voluntad y responsabilidad para mejorar las condiciones salariales, de vida y de trabajo» de los educadores. ¿Surgirá tal voluntad y responsabilidad o la respuesta social tendrá que mirar más allá de un Estado quebrado?
Es lo que propone el padre Ugalde, en el texto citado, que consiste en «sustituir en la educación la abundante renta petrolera con la productividad creciente de millones de venezolanos dotados y potenciados para una educación y capacitación más adaptadas y funcionales que lleven a Venezuela a salir de la ruina actual e increíble pobreza productiva y avanzar con éxito en pleno siglo XXI». Todo un reto, advierte, que requiere una Alianza Educativa sostenida en las familias, los educadores y las empresas junto a un Estado redefinido y orientado por la sociedad.