Hay que tener una democracia muy madura que permita a los gobernadores asumir el poder que les pertenece, ya que nos encontramos ante un federalismo ahogado; aunque hay que reconocer que el país es más federal que en el pasado, cuando a los gobernadores y alcaldes los elegía el Ejecutivo Nacional.

El propósito del federalismo es romper con el centralismo y darle más poder a las gobernaciones y a las alcaldías. El sistema político les da una cierta autonomía a estas entidades, pero es solamente jurídica, porque la realidad es que la verdadera autoridad está concentrada en el Poder Ejecutivo, lo cual influye en la autonomía de la toma de decisiones que es factor clave al momento de ejecutar un plan de gobierno, ya sea que coincida o no con las ideas del poder central.

La manera en que pueda ejercerse el federalismo es a través del presupuesto fiscal. Es decir, que cada estado y alcaldía tenga variedad de fuentes de ingresos propios y no dependa del situado constitucional. Y que, además, cuente con un automatismo que impida la discrecionalidad en la liquidación. Por ejemplo, en esa autonomía se encuentran las garantías y las fianzas de obras públicas, así como la capacidad de endeudarse. Por supuesto, que cuanta más descentralización se ejerza, más se debe contar con fuertes esquemas de control.

Por otra parte, los préstamos de deuda externa que se hagan, tienen que pasar por una cantidad de controles que blinden la posibilidad de evolucionar, con un sistema actual bastante rígido. Las garantías del poder central para las obras públicas, en cada estado, son una muestra de esa confianza.

No se puede perder de vista que el criterio de distribución debe ser que los estados más pobres puedan recibir dinero de los estados más ricos como compensación, por lo que hay que medir la capacidad de cada región y entender sus potencialidades, con el objetivo de que puedan desarrollarse y empezar a jugar entre la generación de los ingresos propios que produzca y lo que recibe del situado.

Un antecedente a tomar en cuenta fueron los casos de Lara (Barquisimeto) y Mérida, donde no solo se mostró sus potencialidades de desarrollo tecnológico, sino que sirvió de impulsor del sector para brindar bienestar a sus habitantes.

La meta es que cada estado logre encontrar sus fortalezas y explotarlas. En su análisis, se tiene que pensar en desarrollar alguna área que no necesariamente tiene que ser la más rica.

Para lograr este propósito, en un primer paso, hay que desatar los nudos relacionados con el entramado jurídico referencial, compuesto principalmente por las superposiciones, duplicaciones y vacíos, de un sistema que se volvió anárquico vía leyes habilitantes, orgánicas, competencias constitucionales, varias gacetas con o sin impacto vinculante, y llevarlo hacia un sistema jurídico coherente, consistente y confiable para los venezolanos. Este no debe depender de las voluntades individuales, ni de interpretaciones a conveniencia de los poderes de turno.

Un caso para tener en cuenta es de las expropiaciones, nacionalizaciones e intervenciones, que no respetaron las garantías constitucionales, aseverando que sí lo hicieron. Asimismo, se constituyen en un ejemplo extensivo a muchas áreas de la actividad nacional.

Puede ser o no que sea necesario cambiar la Carta Magna, pero no es lo relevante, sino contar con un mapa de instrumentos que permitan una depuración como base a una reconstrucción institucional.

En un segundo paso, para recuperar el camino a la normalidad institucional, habría que volver al sistema tradicional de tres poderes, en el que ya hay suficiente experiencia y tradición, así como confianza en las garantías que su operatividad significa. El hecho de haber incorporado al  Poder Moral, con el mismo rango del ejecutivo, legislativo y judicial, vulnera la confianza en las rutas de resolución al abrirse opciones novedosas que no tienen ni  referencia, ni benchmarks en el ámbito internacional en el que nos movemos. Aún no contamos con la madurez institucional como para inventar caminos desconocidos.

Debemos considerar algunos casos: el Defensor del Pueblo no debería estar dentro de ningún poder formal, según el criterio y definición de la figura del ombudsman, quien debe ser independiente en sus decisiones y no parte de un poder del Estado del que supuestamente defiende al pueblo.

El otro caso es la figura del vicepresidente ejecutivo -nombrado arbitrariamente por el presidente de la República-, quien, en caso de acefalia, toma la presidencia de la República sin haber sido elegido por votación popular.

En los sistemas tradicionales, las dos primeras opciones en la línea de sucesión son figuras de elección popular como el presidente del senado (en algunos casos coincide con el vicepresidente elegido en la fórmula presidencial) y el de los diputados. Y, recién, el tercero en esa línea sería el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual suele ser, en sistemas maduros, un cargo vitalicio nombrado con mayoría calificada de un congreso o Asamblea Nacional elegida en forma directa por el pueblo.  En nuestro caso, se hace rotar la figura del TSJ como si fuera un ministro más del gabinete.

Si tuviéramos que pensar en cambios constitucionales, la sugerencia sería migrar hacia un esquema principista donde se den las guías y valores importantes, versus las constituciones normativas como la venezolana, que compiten con las leyes que son las que deberían cambiar y no las constituciones. Esas son las cosas que deberíamos proponer.

Para que se diga que hubo un cambio de República en Venezuela, deben existir los siguientes elementos: un representante que actúe como máxima autoridad, que sus funciones las cumpla por un breve periodo de tiempo, que la elección para este delegado sea a través del voto ciudadano universal, libre y secreto, y reconocimientos de ambas partes (perdedores-ganadores).

En el caso de Venezuela, cuando comenzó la etapa post-Pérez Jiménez y antes de comenzar la pre-chavista existía un gobierno civil, donde cada presidente de turno era elegido por el voto ciudadano, con todas sus características de comicios y había un reconocimiento entre los partidos participantes; para ese momento Acción Democrática y Copei.

Sin embargo, cuando el golpe contra Carlos Andrés Pérez, los venezolanos empezaron a perder confianza en las instituciones públicas, pues al realizarle un juicio al primer mandatario significaría la expulsión de su cargo. Luego, la sociedad retomaría tal credibilidad por la institucionalidad con la llegada de Hugo Chávez al poder, gracias al vacío institucional que se había generado en 1992.

Saber que estamos en democracia es casi tan importante como saber ejercerla más allá de su definición y de sus atributos. Sabemos que el sufragio es solo una parte de ella, y que se complementa con los conceptos de representatividad, pues a través del voto se elige a la persona que tomará las decisiones en nombre de todos nosotros… los ciudadanos.

Y puede que ahí exista un error, ya que en el ejercicio de la democracia deberían existir mecanismos que impidan que alguien se alce con el poder absoluto. Si en unos comicios nadie va a votar o la abstención es demasiado alta, tal vez tendría que repetirse hasta que, o bien alguien vote, o bien se alcance un piso de participación aceptable.

Además, implementar un proceso de quórum que nos proteja del poder absoluto de una persona o de un gobierno. Por ejemplo, si en las elecciones parlamentarias un partido gana la mayoría absoluta, tal vez se debería anular el proceso y repetirlo hasta que se logre una participación representativa. Si no, sería un indicativo de hegemonía a través de un mismo pensamiento. Es el mismo caso que presentar cinco partidos, pero con la misma ideología y objetivos.

El poder absoluto corrompe y hace que no quiera entregarse, sino permanecer eternamente. En el presente texto nos aseguramos de que se acaben esas influencias, pues en la historia ya hemos visto bastantes casos sobre esto, donde los fusibles no explotan y se llega hasta el punto de colapso. Hay que crear y fortalecer los fusibles para no llegar a ese momento y evitarlo lo más que se pueda, todo con el objetivo de buscar el fin de las hegemonías.

Para que Francia gozara de la democracia que tiene hoy en día, pasó por una etapa de monarquía absoluta donde, en su punto clímax, se cortó la cabeza a las personas que en ese momento tenían el poder de una forma centralizada. Al hacerlo, comenzó la transición de un modelo político a otro en el cual los fusibles saltaron mucho antes que las situaciones críticas. Lo que ocurre en Venezuela tiene que enseñarnos que se deben crear estos fusibles para evitar problemas que afecten a todo un país.

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Lo que no fue noticia (y debería serlo)

  • Que la orientación peronista del padre Jorge y posteriormente cardenal Bergoglio, afecta, en Argentina, la imagen del papa Francisco. Esa despersonalización crea confusión en parte del pueblo católico que por principios cree en la infalibilidad del Sumo Pontífice, pero rechaza las militancias o cuasi militancias que lo caracterizaron en el pasado no muy lejano. Hoy más del 60% del país rechaza al peronismo. No obstante, la figura del Papa se está imponiendo por sobre la del cardenal y será recibido con alegría por el pueblo argentino… por todos… los unos y los otros.
  • O que se sigue postergando el aumento del salario mínimo, el cual sigue estando en  130 bolívares -un poco más de 3 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela- y lleva ya más de 600 días sin modificación, para hacer frente a una inflación del orden del 200%; la cual, por cierto, no representa la brecha ingreso/precio que produce la alternativa de comer versus no comer… y esta última viene ganando. Aumentar un bono como el de “guerra económica” a 60 dólares a partir del 1° de febrero es una ayuda, pero sigue siendo insuficiente para un gobierno que sigue privilegiando la ideología de sostenimiento del poder por encima del bienestar de la población.
  • Ni que el giro hacia la racionalidad económica que están dando los países de Latinoamérica, no tiene que ver con derechas o izquierdas, sino con malos o buenos gobiernos. Entre gobiernos que destruyeron a sus países y gobiernos que tratan de rescatarlos. Porque los Lula, los Boric y los Petro representan cada vez menos a sus países, y ya no tienen la capacidad de maniobra ni la discrecionalidad absoluta de los Maduro, los Ortega y los Díaz-Canel. Esa etapa negra de la región, poco a poco está siendo sustituida.
  • Tampoco que tenemos que poner orden en el mundo financiero, donde el mercado de valores se dedica a créditos de capital de trabajo y los bancos sirven como apoyo transaccional; y no operan en dólares que es la moneda de preferencia tanto para las transacciones, como para referencia de precios… ah… y también como reserva de valor.

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