El trabajo es un derecho humano que no se puede “inventar”, por eso, los trabajos creados artificialmente (normalmente empleo público o subsidiado) no adicionan valor, mientras que se incrementan los costos y deteriora la calidad de los productos y servicios resultantes.
Para que haya trabajo (o que haya derecho a ese trabajo), tiene que haber inversión y producción, y los niveles, cantidad y calidad de esas producciones, serán los que empiecen a generar ese “derecho al trabajo”.
La discusión marxista sobre la apropiación de la renta por parte del capital, es sustituida por los principios de sustentabilidad emanados por la ONU, mediante los cuales cada factor debe recibir una retribución armónica con la formación de riquezas. Así como se espera que el factor ambiental y social sea compensado como parte de la asignación de ingresos, el capital y el trabajo también deberían recibir su retribución.
La tradicional conflictividad planteada como lucha de clases entre el capital y el trabajo, no es más que una disputa artificial que nunca ha dado como resultado un equilibrio estable, sino que siempre está a punto de romperse produciendo paros y huelgas por una parte y, aunque menos frecuente, lockouts patronales. Lo ideal es una asignación armónica y basada en la productividad comparativa de la intensidad factorial de cada uno de ellos.
En los sistemas esclavistas el dueño se lo llevaba todo y le pagaba muy poco al trabajador. En nuestra evolución, se ha ido aprendiendo a que el empresario no puede tomar la parte que le toca a los trabajadores como si fuera rendimiento del capital.
En contra partida, una retribución al trabajo superior a la productividad resultante, no solo no garantizará beneficios, sino que tenderá a tomar la parte que le toca al capital. El punto es que todo tiene su equilibrio. Lo que se busca es entender cuáles son los beneficios que le corresponden al trabajador según las condiciones de cada país.
Por ejemplo, un país que baje la semana laboral a 30 horas debe habérselo ganado como sociedad, con aumentos enormes en la productividad basados en formación y tecnología. Los beneficios, entonces, no vienen dados por una ley o decreto, sino que se ganan. En un extremo está el esclavismo y en el otro las 30 horas laborales.
Sin pretender que en Venezuela estemos en condiciones, en el corto plazo, de apuntar a las 30 horas de trabajo, hay que utilizar las referencias y estándares internacionales de 8 horas diarias y 40 semanales.
A partir de allí, la producción, el output que sale de un país, debe ser el equivalente a esa inversión de horas con una formación y una tecnología dadas, y en evolución. Esto significaría que, por ejemplo, darles más tiempo postnatal a las madres y padres, sin haber logrado las productividades asociadas, es contraproducente, pues la sociedad como un todo no se lo ha ganado.
Cuando se acostumbran a que igual tienen comida, así no trabajen, entonces la sociedad pierde como un todo.
Como una digresión, a este momento del 2023 y 2024, la jornada semanal debiera colocarse en 45 horas, con 5 horas de trabajo los días sábados, y desde allí comenzar a “ganarse” el derecho a las 40 horas. Entre las primeras decisiones de cambio profundo que necesita nuestro país, debiera estar la revisión y ajuste de las leyes laborales.
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Lo que no fue noticia (y debería serlo)
- Que, con esto de las firmas con petroleras, vuelven las preguntas sobre qué pasó con los 23.000 millones de dólares de Pdvsa, y qué es de la vida de su anterior presidente, que también firmaba con petroleras. Son todos elementos que tienen que ver con la generación de confianza, sin la cual es difícil que lleguen inversiones
- O que, al estar sujeta a decisiones políticas y tener un horizonte de 6 meses, la suspensión de sanciones petroleras no logra alcanzar todo su potencial. Por el momento sirve para reabastecimiento de insumos y actualización de mantenimientos… ojalá estén haciendo eso, porque es una oportunidad que, si se reaplican las sanciones, se habría perdido.
- Ni que es difícil sostener la teoría del “Estado presente” cuando ha producido atraso y empobrecimiento. Las empresas son para los privados, mientras que las políticas y reglas de juego para los gobiernos. A lo sumo, podría aportarse capital semilla, o un subsidio, a una empresa o a un sector en especial; pero no dejar que se enquiste el “Estado empresario”. Porque es un contrasentido, y son dos palabras que no deberían ir juntas en la misma frase, en fin, no aprendemos.
- Tampoco que, cada vez más, lo de las Granadinas se parece a lo de Barbados… firmamos documentos que no están diseñados para ser cumplidos. Perdemos credibilidad, porque lo firmado y acordado, es puesto en duda y no generamos confianza. Y eso se traslada a diferentes ámbitos de la vida nacional.
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