Cada 18 horas matan a una venezolana. Muchas veces lo hacen en frente de sus hijos. Algunas son víctimas de bandas delincuenciales, pero otras son asesinadas por su pareja. Esta es una realidad abominable que debe llenar a todos de una profunda tristeza, pues lo que quiere decir es que la mujer en este país está completamente desprotegida.
No hay un Estado que responda ni que la proteja, de acuerdo con la denuncia de la organización no gubernamental Centro de Justicia y Paz, que se encargó de hacer el estudio y lleva las cifras. Los números de 2021 son preocupantes, pues desde enero hasta septiembre han muerto 207 venezolanas en circunstancias violentas.
“Sigue sin haber políticas públicas que garanticen la seguridad de una mujer que se atreve a denunciar porque, en teoría, cuenta con una ley que ampara sus derechos, pero en la práctica las condiciones de desigualdad la colocan en una situación de indefensión que termina por poner fin a su vida”, indicaron.
Cepaz no pierde de vista que existe una legislación cuya finalidad es brindar protección a la mujer cuando esta se atreve a denunciar a su agresor. Sin embargo, no hay manera de aplicarla ni hay instituciones que se encarguen de resguardar a la denunciante en una situación que es evidente de vida o muerte.
La mujer venezolana tiene que sortear diariamente muchos problemas, y entre ellos está el depender de una pareja que la maltrata pero que ella no se atreve a dejar porque es el que la mantiene y mantiene a sus hijos. Esta situación empeora porque la crisis económica del país no le permite la mayoría de las veces tener un trabajo digno con el que pueda satisfacer sus necesidades.
El ambiente de violencia que se vive a diario en los barrios, la cantidad de armamento que circula libremente, las bandas criminales con las que a veces tienen que convivir, el hambre, la necesidad, todo es un caldo de cultivo que pone a la mujer en una situación de la que es muy difícil de escapar. Y si además no tiene a quién acudir, no hay manera de que se salve de un trágico final.
Y Cepaz tiene toda la razón al señalar al Estado como uno de los culpables, pues una de las responsabilidades de un gobierno es garantizar la protección de los más débiles. No bastan unos cuantos artículos en un papel para llenarse la boca diciendo que protegen a las venezolanas.
Se necesita ayuda económica, psicológica, de salud, se necesita un verdadero centro que pueda recibirlas y que las ayude a denunciar a los agresores. Pero, además, un sistema de justicia que responda y haga pagar al culpable por su delito. A esto es que deberían dedicarse los cuerpos de seguridad, no a perseguir inocentes que no piensan igual que el chavismo.