El aterrador número de 200 venezolanos fallecidos a manos de los aparatos de seguridad del régimen en lo que va de 2021 hace temblar a cualquiera que tenga corazón. Y se hace la salvedad porque sabemos que los rojitos en vez de lamentarlo, aún celebran el hecho de tener una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Desde septiembre del año pasado, cuando la alta comisionada Michelle Bachelet hizo una actualización oral del informe sobre Venezuela, la situación no ha mejorado, y ella ha sido muy responsable en hacerlo notar en la reunión del consejo en la que está sentado el representante del régimen.
También Marta Valiñas, jefa de la delegación del Consejo de Derechos humanos de la ONU, ha hecho su trabajo y lleva los registros de matanzas tan monstruosas como la sucedida a principios de este año en La Vega. 650 agentes de la FAES y otras fuerzas acorralaron la zona y ajusticiaron a muchos. En total, 14 muertos.
Esto es lo más llamativo, pero a las representantes de las Naciones Unidas no se les pasa lo más cotidiano, como la inseguridad alimentaria en la que viven la mayoría de los venezolanos o la falta de servicios públicos.
Tampoco dejaron de mencionar en la actualización la persecución de representantes y voluntarios de organizaciones no gubernamentales. Sobre todo el congelamiento de los fondos que utilizan para tratar de ayudar a los más necesitados. Pensará el representante rojito que para el régimen todos estos hechos horrendos son más bien logros, pues los han ayudado a mantenerse atornillados en Miraflores esparciendo el terror entre la población. Lo hacen por y para eso.
Pero no hay respuesta que valga, ni tampoco les interesa conservar las apariencias. Seguramente pensaban que con estar presentes en la lectura de estos informes se iban a salvar de que el mundo corroborara la verdad, que son un régimen violador de los derechos humanos y que no tienen intenciones de enmendar. Porque hasta eso lo menciona Bachelet, los “procesados” por algunos crímenes son lo más bajo de la cadena de mando, no hay autores intelectuales, los que dan las órdenes.
Menos mal que la alta comisionada y su equipo prometen seguir con las investigaciones y la recolección de datos. A los perpetradores hay que seguirles recordando que no prescriben sus crímenes y que hay mucha gente que sabe que el pueblo venezolano merece justicia.