Quiero aprovechar el artículo de esta semana para rechazar la nueva pretensión del Estado violador sistemático de los derechos humanos, señalado tanto por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo General de la ONU para los Derechos Humanos como por la alta comisionada Michelle Bachelet en la actualización del informe que hizo su oficina este año 2021, en el que se afirma que el Estado sigue usando el mismo patrón de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda también aseguró que existían razones para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, que la CPI cumplió con todos los criterios para que se inicie la investigación y en su informe final de gestión reafirma su posición e incluso cuestiona al Estado por no mostrar interés en investigar los hechos para sancionar a los responsables.
Hace días los expertos de la OEA exigieron al fiscal Karim Khan aclarar la forma del informe preliminar, la mesa de diálogo no está autorizada y se le prohíbe contribuir con la impunidad a tanto dolor, sufrimiento de familiares y víctimas de tan horrendos crímenes.
El Estado nunca permitió a las víctimas tener acceso a la justicia, más bien lo que hizo fue premiar con aplausos y ascensos a todos los integrantes del represivo sin límites Plan Zamora, una vez culminada la jornada.
Los derechos humanos y garantías constitucionales en Venezuela fueron aniquilados por el Estado y prueba de ello es que todavía existen centenares de presos políticos a los que siempre se les ha vulnerado el debido proceso, derecho consagrado en el artículo 49 de nuestra Constitución.
Hago un llamado a todos los familiares, víctimas y a los pocos activistas por los derechos civiles que aún seguimos alzando nuestra voz, a cerrar filas en honor de los caídos y víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado.