En este artículo final sobre las salidas políticas se verá lo que plantea la salida no electoral, recordando al lector que no se tratará los primeros intentos históricos como el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 o el paro petrolero por razones de espacio en la columna.

Es importante acotar que las fundamentaciones ideológicas dentro de grupos opositores de las salidas no electorales comienzan desde el mismo momento de la victoria de Nicolás Maduro en 2013 con 50,6% de los votos, lo cual no fue reconocido por Capriles Radonski, quien no consideró prudente ni oportuno lanzar a sus partidarios y aliados a un conflicto abierto e insurreccional de carácter civil contra el gobierno, lo cual a la luz de los resultados posteriores de 2014 y 2017, terminaría dándole la razón debido a factores que veremos posteriormente, pagando un inmenso costo político por la incomprensión de vastos sectores de la población opositora y un gran castigo electoral en las elecciones municipales que sucedieron a las presidenciales

Con un país muy alterado, que había sufrido 4.410 protestas registradas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad en 2013, el líder máximo de Voluntad Popular comienza en el bicentenario de la celebración de la Batalla de La Victoria un proceso de protestas que se conoció como “La Salida” y que tiene las siguientes connotaciones políticas:

Protestas de 2014

  1. Consecuencias políticas: esta rebelión de elementos estudiantiles, vecinales y políticos convirtió a Leopoldo López, a pesar de su detención, en una figura mundial contra el gobierno de Nicolás Maduro y por primera vez a nivel mediático y político coloca la crisis política venezolana en la agenda internacional del problema de violación de derechos humanos (especialmente civiles y políticos). Esto inició un divorcio de muchas figuras políticas e intelectuales de la izquierda mundial que no deseaban verse relacionadas con la imagen represiva de Maduro en los grandes medios de comunicación del mundo.
  2. Consecuencias económicas: siendo Venezuela el país con la inflación más alta del mundo en 2013, según cifras del Banco Central y con un índice de desabastecimiento de 26,2% de los productos básicos que pronto darían paso a la figura histórica de los “bachaqueros”, la rebelión terminó de desbaratar cualquier política económica de revisión de las políticas de los gobiernos de Chávez entre 1999 y 2012, dado que las necesidades propagandísticas exigían mantener la coherencia ideológica del bloque oficialista y además de que se generó una situación de inestabilidad que afectara desde entonces todo proyecto de inversión extranjera y en forma puntual hay un extenso inventario de bienes patrimoniales afectados y actividades laborales detenidas de forma parcial a total en el sector público y privado.
  3. Consecuencias sociales: los disturbios generaron, de acuerdo con los registros oficiales, 43 fallecidos; de 1.000 a 5.000 heridos, según la fuente que se consulte; y más de 3.000 detenidos.

Impacto y consecuencias

Entre las múltiples causas del fracaso de este movimiento para forzar una salida no electoral se pueden factorizar los siguientes:

  • Falta de apoyo del gobierno de Barack Obama: el gobierno estadounidense estaba en un proceso muy adelantado de negociaciones de normalización de las relaciones diplomáticas y económicas con la República Socialista de Cuba y no tenía ningún interés en conflictuar con un “interés estratégico vital” para La Habana, como es mantener el gobierno de Nicolás Maduro, ni tenía la menor afinidad política o emocional con la comunidad anticastrista de Miami, lo que se vino a develar por completo el 17 de diciembre de 2014, con el célebre acto de transmisión simultánea de Raúl Castro y Barack Obama reestableciendo relaciones diplomáticas.
  • Estructura organizacional y cultura política cívica electoral de la oposición política: aunque muchos no lo entiendan o desean admitir, los partidos políticos opositores en Venezuela tienen una cultura civilista que está muy lejos de las ideas clásicas de los partidos leninistas de la lucha por el poder “por todos los medios posibles”, por lo cual muchísimos alcaldes y gobernadores opositores rechazaron de diversas formas participar en esta salida política no electoral, no por un asunto de “cobarde y traidores” sino producto de una situación.
  • Unidad política total de los defensores del oficialismo: es importante señalar que durante la crisis política de 2014 no se dieron demostraciones políticas de desafectación por parte de figuras políticas y de seguridad del gobierno de Maduro.
  • Fuerte apoyo gubernamental de aliados extranjeros: durante este conflicto, a pesar de la fuerte presión mediática, de muchas cadenas internacionales de enorme cobertura global, el gobierno de Nicolás Maduro obtuvo todo el apoyo posible de sus aliados del Alba, además de gobiernos como los de Brasil, Argentina, Rusia, Bielorrusia, Irán, Siria, China y de acuerdo con las fuentes que se consulte, hasta apoyo militar y de inteligencia directa de Cuba.

Lo que si no cabe duda alguna es que esta situación política, que se agrava con la crisis económica y de desabastecimiento de 2015 encarriló a la oposición a una posición electoral de muchísima mayor unidad que en el pasado llevando a la victoria electoral de 2015.

Protestas de 2017

Las protestas de 2017 fueron de una magnitud muy superior a las de 2014, debido a la presencia política y mediática de la mayoría de la oposición dentro de la Asamblea Nacional, que había alcanzado ahora una plataforma política formal para internacionalizar por completo sus demandas políticas, económicas y sociales contra el gobierno de Nicolás Maduro.

A las tradicionales demandas de rectificación económica y reconocimiento de una crisis humanitaria evidente, se unió una crisis institucional que el TSJ llevó a otro nivel en su sentencias 155 y 156, sumadas a la frustración política del fracaso de los intentos de realizar un referéndum revocatorio del mandato presidencial debido a una decisión judicial de jueces de primera instancia de varios estados, alegando firmas falsas en las planillas de petición.

A pesar del enorme impacto mediático, los graves efectos sociales (cifras de 120/150 fallecidos, 3.000/15.000 heridos y más de 2.000 detenidos, según la fuente que se consulte), esta vía política no electoral fracasa por las mismas razones estructurales de 2014, a pesar de la conmoción mediática de la defección política de la fiscal Luisa Ortega Díaz y el mayor apoyo político internacional indirecto de muchos gobiernos contra las políticas represivas de Maduro que ya empezaba a sufrir los efectos de las primeras sanciones del decreto de marzo de 2015 del gobierno de Obama contra el régimen de Venezuela y que la administración de Trump comenzaría a desarrollar de a poco, como por ejemplo:

  • El 19 de mayo de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Maikel Moreno junto con los siete miembros de la Sala Constitucional por considerar que habían usurpado las funciones de la Asamblea Nacional y que permitieron al presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia. Entre las sanciones estuvieron la congelación de todos los bienes que los sancionados podían tener en Estados Unidos, la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos y la prohibición de entrada al país.
  • Para el 31 de julio de 2017, un día después de las elecciones de la asamblea nacional constituyente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos penalizó a Nicolás Maduro congelando todos los activos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. El 9 de agosto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inmovilizó los bienes de ocho funcionarios relacionados con la asamblea nacional constituyente, incluyendo a Adán Chávez, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermann Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez, al coronel Bladimir Lugo y a la rectora del Consejo Nacional Electoral Tania D’ Amelio.

A diferencia de las protestas de 2014, el gobierno logró superar las consecuencias políticas de las mismas al establecer una asamblea nacional constituyente que asumió pleno control “supraconstitucional” de la realidad política nacional, que fue desconocida por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islandia, Israel, Japón, Marruecos, México, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia que no reconocen los resultados. Sí reconocen los resultados Cuba, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Rusia, Siria e Irán, y luego ganaron las elecciones regionales del 15 de octubre de 2017, cuando se dieron todas las situaciones señaladas en el artículo anterior, que unido a la ilegalización de los partidos políticos principales de la oposición llevarían posteriormente a la no participación en las elecciones municipales y presidenciales de 2018.

En el año 2019 se produce la aparición de la figura del diputado Juan Guaidó como líder de un nuevo proceso de protestas contra Nicolás Maduro, pero con apoyo internacional muy diferente al de otras situaciones del pasado. Debido al fuerte apoyo mediático tradicional de las grandes cadenas globales de la comunicación, dispone de un apoyo institucional sin precedente de Estados Unidos, a la cabeza de más de 50 naciones que han generado una situación de mucho cuidado dentro del gobierno de Maduro. Este ha evitado situaciones que justifiquen una intervención militar internacional, sabiéndose rodeado de enemigos políticos e ideológicos como los presidentes Iván Duque y Jair Bolsonaro, de Colombia y Brasil, respectivamente; con un cerco económico a las empresas estatales y a los gobiernos extranjeros sin precedentes, cuyos efectos son innegables y que en el momento de escribir este artículo amenaza con ampliarse a los 20 gobernadores y 308 alcaldes oficialistas, afectando a corto plazo, de manera inevitable, a todos los legisladores regionales y concejales e incluso a los directores de unidades administrativas y presidentes de institutos autónomos y fundaciones a nivel estadal y municipal.

La situación de quiebre no electoral del gobierno de Nicolás Maduro es una batalla que salió de las calles de Venezuela y se lleva a cabo en los puertos, aeropuertos, bancos y oficinas empresariales de todo el mundo, lo que se ha constituido en un desafío político sin precedentes en la historia latinoamericana, cuyo desenlace no sería responsable anunciar es este artículo, pues exigiría varias cuartillas adicionales para explicar el casi seguro final de esta crisis política. Agradezco al lector haber llegado hasta el final del presente artículo.