Da vergüenza ajena que personas que se presume poseen formación integral, que han detentado o tienen cargos importantes e inteligencia profesional antepongan intereses solicitando la suspensión de las medidas internacionales impuestas a funcionarios del régimen con argumentaciones fuera de contexto. Los firmantes de la petición ampliamente difundida, dirigida al gobierno norteamericano solicitando la suspensión de las sanciones que ingenuamente no se aplican a los dirigentes del régimen venezolano, usan argumentos sustentados falsamente en la búsqueda de la solución de la crisis secular económica y social del venezolano común afirmando sin rubor que todo se debe a las consecuencias de la política de “sanciones y al embargo económico” por parte de Estados Unidos.
Es conveniente precisar que las citadas sanciones han sido aplicadas a individuos en particular como respuesta a sus desmanes y a las acciones de represión exacerbada usadas contra los manifestantes que participaron en las protestas ocurridas desde el año 2014. La represión provocó cientos de muertes, heridos y presos políticos, fundamentalmente por esa razón las sanciones internacionales fueron aplicadas a individuos responsables de dichas acciones, a integrantes de la Asamblea Constituyente, a directivos del Partido Socialista por usurpar funciones y competencias de la Asamblea Nacional. También a los directivos del Consejo Nacional Electoral como producto de sus actuaciones en la elección fraudulenta presidencial del año 2018 la cual fue calificada de ilegítima.
Estas sanciones aplicadas contra funcionarios gubernamentales activos o retirados incluyen también a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia ilegalmente electos, a los miembros del Consejo Moral, a miembros relevantes de las fuerzas armadas, a integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, y a directivos de muchas empresas privadas acusados de estar involucrados en hechos irregulares y lavado de dinero. Todas estas personas fueron sancionadas en más de cuarenta países y materializadas en acciones restrictivas en su derecho de tránsito, y suspensión de visas. Estas sanciones incluyeron a familiares asociados con la cúpula gobernarte; congelación de sus cuentas y activos y han engrosado sus expedientes por demostradas violaciones de los derechos humanos, participación directa en el narcotráfico y lavado de dinero. Se han levantado cargos internacionales, se han reseñado, incluyendo carteles de búsqueda y ofrecido recompensas por proporcionar información para su captura. Se han intervenido las operaciones de más de 150 grandes empresas e incoado acusaciones formales en los tribunales internacionales de los países afectados.
Es definitivamente comprobable que toda la acción gubernamental aplicada ha perjudicado directamente la calidad de vida del venezolano común, han inducido la mayor crisis que ha padecido el país, arruinado toda la estructura económica nacional y destruido la capacidad productiva, incluyendo a la principal industria nacional como fue la petrolera. Sus terribles efectos han reducido a la pobreza a la mayor parte de la población y provocado el éxodo más increíble que literalmente huyeron de la miseria, y de la crisis en búsqueda de oportunidades en el exterior.
Es curioso que los autores de la petición mencionada la dirigen a un solo gobierno solicitando nada más ni nada menos que la suspensión de las medidas de restricción a delincuentes declarados, a personas incursas en delitos, a funcionarios que han quebrado al país, y a socios de empresas que han atracado, desfalcado y protegido el lavado de dinero, que incluso montaron una estructura empresarial destinada al tráfico ilegal de petróleo, armas, drogas, personas, y otras menudencias. Obviamente, esa intención los deja al descubierto al intentar escudarse en planteamientos de carácter económico para tratar de explicar que la crisis es producto de las medidas de la citada suspensión y del embargo económico. En realidad, toda esa crisis es producto del modelo socialista aplicado, pero fundamentalmente producto de la incompetencia de sus dirigentes y de los colaboracionistas encubiertos con el manto de aparente oposición.
Sin mayores consideraciones históricas sobre el origen y desarrollo de las sanciones internacionales, es necesario recordar que en 2018 fecha en la cual se llevó a cabo la elección presidencial la misma fue oficialmente declarada fraudulenta, a tales efectos y entre otras medidas, el gobierno norteamericano firmó ordenes de prevención a ciudadanos y a empresas dentro de su territorio impidiendo que se realizaran transacciones monetarias para o en nombre del gobierno de Venezuela. La lista de funcionarios involucrados ha sido reseñada en declaraciones oficiales (Sociality Designated National and Bloqued Person List) señalando con nombre y apellidos a los más altos dirigentes políticos, y funcionarios del régimen, ratificando y ampliando las sanciones personales. Se incluyó igualmente a empresarios con activos venezolanos asociados al régimen, como por ejemplo embarcaciones de transporte de petróleo. También se amplían las intervenciones al Banco Central y a sus directivos señalado como instrumento responsable de las actividades que favorecieron actividades monetarias poco claras del Estado venezolano.
Casi inmediatamente se hizo el anuncio de cargos por lavado de dinero, narcoterrorismo y corrupción a los más altos dirigentes venezolanos ofreciendo recompensa monetaria para facilitar su captura internacional. Igualmente,sancionó las redes empresariales dirigidas por personas asociadas al crimen organizado, y a las empresas e instituciones involucradas.
Estas medidas tuvieron repercusión y se impusieron iguales procedimientos en otros países. En la comunidad europea se aprobó el embargo de armas y de material susceptible de su uso para la represión pública. Tales actuaciones continúan en acciones legales y están culminado en las acusaciones y elaboración de expedientes presentados ante la Corte Internacional de Justicia, la cual está destinada a procesar a los funcionarios de los delitos cometidos.
Es público y notorio que previo a las medidas de imposición de sanciones se ha reconocido a través de organizaciones calificadas el dramático deterioro de las condiciones de vida del pueblo y que la crisis social derivada son consecuencia de la política económica discriminadora y expropiadora de bienes y activos, de la imposición de medidas planeadas de antemano mediante una política salarial de carácter marginal para aplicar salarios mínimos acompañada de mecanismos de discriminación social e impedimento planeado a la ayuda humanitaria, hechos evidentes y francamente criminales.
Nada se dice de las facilidades que existen para la importación libre de bienes de todo orden que han inundado al país procedente del resto del mundo, incluso de Estados Unidos, todo se puede importar y comprar si se tienen dólares. No es despreciable la importación de medicinas, alimentos, bebidas y productos farmacéuticos los cuales se consiguen en altos volúmenes en el mercado El tema reside en la disponibilidad monetaria que no aparece puesto que la mayoría de la población tiene ingresos mínimos marginales y no es consecuencia del presunto embargo que, aparte de la direccionalidad estratégica petrolera, va dirigida al hamponato común individualizado o agrupado en empresas del crimen organizado.
Tremendo estribillo socialista para justificar la incompetencia de fanáticos en el poder que lo que han hecho es enriquecer a su dirigencia y asociados los cuales han redirigido sus recursos mal habidos a Rusia, China y Turquía, solo por citar los principales receptores de recursos. Los menos afortunados que necesitan quedarse en el país producto de las restricciones o medidas internacionales invierten en bodegones, edificios nuevos, construcciones suntuosas, adornos urbanos, viviendas y bienes para gastar sus tesoros mal habidos en manos de un grupete que no representa ni 3% de la población venezolana mayoritariamente muerta de hambre.
El régimen y cohabitantes continúan cultivando la intención de diálogo no solo entre ellos sino con Estados Unidos tratando de restablecer el quiebre entre ambos e intentan por todos los medios la eliminación de las sanciones a pesar de la ratificación de ellas por la nueva administración norteamericana, que no reconoce la reelección presidencial de 2018 y ha ratificado la permanencia de las medidas y restricciones dictadas a los personeros y cómplices del régimen. Se estimula a empresarios y organizaciones petroleras norteamericanos a sondear la apertura y reconstrucción de campos petrolíferos, especialmente de una de ellas que nunca salió del país, los cuales desean disponer de garantías económicas y jurídicas. Como argumento político plantean la celebración de elecciones libres y transparentes acompañando la narrativa del interinato que hace propio el discurso, quien, por cierto, no toma la iniciativa de pedir la revisión de los sistemas electorales. Permea la sensación de que hay una total intención de preservar el poder del régimen, cohabitando con intereses particulares de la clase política chavista y colaboracionista.
Las naciones occidentales, independientemente de la guerra en Ucrania desean preservar el comercio internacional de China, y ahora en menos medida con Rusia donde Venezuela es incondicional y recibe recursos, y armas cediendo como contraparte el diferimiento de una inmensa deuda, permite la localización de bases satelitales y el despliegue de armamento sofisticado facilitando mantener estratégicamente en América una cabeza de playa. Un panorama geopolítico donde Estados Unidos juega duro para la preservación de sus propios intereses globales y usa el discurso estimulador del diálogo y la negociación. Argumento básico es la elección presidencial en Venezuela, lo cual permite el juego de liberar ciertas acciones de carácter estratégico en suspensiones parciales si les conviene, pero es poco probable que ceda en la liberación de cargos personales a los funcionarios e individuos por corrupción tal como lo desea el grupo que firma el inaceptable petitorio.
Se ha tratado de vender la idea de que todo lo que pasa en Venezuela es culpa de las sanciones, en realidad lo que existe es un impedimento financiero que afecta al modelo político del régimen, por lo que al régimen solo le interesan las opiniones bellamente decoradas de supuestos encuestadores profesionales para que fortalezcan la culpa del imperio por la debacle venezolana. Lo que sí está claro es que esa oposición colaboracionista trabaja a favor de la delincuencia cuando desea pedir liberar sanciones a corruptos señalados abiertamente como delincuentes, lo cual les convierte a su vez en individuos de un mismo tenor.