Por Pablo Kaplún

Reconstruir Venezuela, toque a quien le toque, requiere adoptar compromisos ineludibles en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, según compromisos internacionales ya adoptados como norma internacional por la ONU. Es clave pensar, por fin, en un país no basado en el extrativismo como base fundamental de su economía. De aquí en adelante se resumen las propuestas de destacados ecologistas aportadas para el Plan País, el cual no ha tenido toda la difusión requerida hasta ahora.

Venezuela es un país con enormes oportunidades que surgen de sus condiciones naturales,  si son manejadas de forma sustentable y responsable. Estas condiciones también son la salvaguarda de la población frente a los retos de los grandes problemas ambientales globales.

Pero a la vez, es un país con una enorme vulnerabilidad ambiental, producto de sus particularidades geográficas, climáticas, pero principalmente por el manejo inadecuado y saqueo criminal de sus recursos,  la corrupción, la ignorancia, la ausencia de planificación, la gestión insostenible de los mismos, así como el desconocimiento de sus dinámicas ambientales. Todos estos factores están creando la mayor crisis ambiental en la historia contemporánea del país.

Esta crisis está afectando gravemente a la población venezolana. Por ello, es necesario comenzar de inmediato un proceso de rescate, restauración y transformación de los modelos y procesos de destrucción ambiental del país que permitan reforzar y en algunos casos posibilitar los procesos de recuperación nacional.

Este cambio de modelo de gestión ambiental es adicionalmente prioritario en este proceso de transformación nacional, ya que la sostenibilidad ambiental es transversal a todos los procesos de desarrollo y es un elemento prioritario para la realización de los derechos humanos.

En este contexto, todos los proyectos de desarrollo económico y social que se están planteando tendrán que tomar en cuenta, como prerrequisito para alcanzar sus objetivos, la existencia de unas condiciones ambientales, incluyendo servicios ambientales y de salud ecosistémica, adecuadas para el logro de una vida digna de toda la población.

La gestión ambiental en lo que queda de Venezuela

Como parte del modelo político instaurado en el país se desmanteló la institucionalidad ambiental y se han venido desconociendo las normas constitucionales y legales de protección ambiental. En la práctica, ello supone: 1.– Existe una cada vez mayor vulnerabilidad de la población ante fenómenos meteorológicos extremos y desastres de origen tecnológico. 2.- La destrucción ambiental promueve un incremento en las enfermedades infecciosas y derivadas de la contaminación ambiental. 3.-Las ciudades son cada vez más ambientalmente insostenibles, contaminadas y vulnerables. 4.– Los ecosistemas marinos y terrestres están siendo gravemente degradados. 5.– La ciudadanía tiene totalmente restringido el acceso a la información, participación pública y a una educación de calidad en materia ambiental.

Adicionalmente a estos procesos derivados de la ineficacia del Estado, se ha generado una creciente expansión de actividades económicas dirigidas al saqueo de los recursos ambientales, promovidas o en complicidad con funcionarios e instituciones gubernamentales. Debido a ello se está produciendo un nivel extremo de destrucción ambiental. Además, en las zonas mineras esta forma de explotación genera degradación social, violencia armada, la presencia permanente de la delincuencia organizada, la destrucción de las culturas indígenas, la pérdida de la soberanía y la expoliación de los recursos de la nación. En ese contexto, Venezuela se ha convertido en un exportador de oro, y otros minerales, que son el producto de la muerte de personas y la destrucción del país. Esta situación representa el mayor desastre ambiental, social y cultural en la historia reciente de Venezuela.

¿Qué se propone para salir de esta situación?

1.Restablecer la institucionalidad ambiental de Venezuela.2.- Recuperar la capacidad del Estado para garantizar el acceso universal y de calidad a los servicios públicos ambientales. 3.-Orientar el proceso de transición y recuperación dentro de los principios del desarrollo sostenible y el marco constitucional y legal de Venezuela. 4.-Revertir los procesos económicos que promueven la minería de depredación y el saqueo de los recursos naturales. 5.- Recuperar y potenciar la capacidad del Estado para la gestión de riesgo ante desastres socionaturales. 6.-  Reinsertar al país en el concierto de las naciones en temas de gobernanza ambiental global. 7.- Promover espacios de participación y procesos educativos para promover la corresponsabilidad ciudadana.

Para todo esto, sabemos que contamos con recursos humanos preparados y posibilidades de acceso a la cooperación internacional.

Este conjunto de políticas permitirá: 1. Aprovechar de manera responsable los recursos naturales. 2.- Promover y proteger los derechos humanos ambientales de la población, principalmente de los grupos más vulnerables. 3.- Fortalecer las capacidades de la ciudadanía para que actúen como entes corresponsables de la gestión ambiental.

 

 


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