La Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos aprobada por la írrita asamblea nacional constituyente, el 8 de octubre de 2020, compromete definitivamente el Estado de Derecho en Venezuela. Al respecto, el doctor Allan Brewer Carías, en su análisis sobre dicha “ley”, la califica como: “una monstruosidad jurídica”, al señalar que “la ausencia del derecho es lo más contrario a la organización de cualquier sociedad, así sea primitiva, o de cualquier Estado, y a esa situación es a la cual hemos llegado en Venezuela, donde ahora se pretende ir más allá, y “regularse normativamente la anomia en la cual estamos inmersos; es decir, establecer formalmente en una supuesta ley esa situación de ajuridicidad, de desjuridificación o de completa ausencia de derecho. Lo más insólito es que se prevé implementar en secreto, dentro del marco expreso de reserva y confidencialidad”. Esta “ley”, cuyo contenido siempre tendrá aplicación preferente sobre cualquier Ley, sea Orgánica o Especial, incluye las normas sobre el Estado de Excepción y de Emergencia Económica. A esta dura y justificada crítica del Dr. Brewer Carías y de otros connotados juristas se han sumado distintas voces desde el mismo seno del chavismo y de organizaciones políticas afectas al PSUV.
Según sus promotores, la supuesta Ley Constitucional tiene el objetivo de enfrentar las sanciones impuestas a funcionarios e instituciones del Estado venezolano por los gobiernos de los Estados Unidos y de otros países, las cuales han denominado “bloqueo económico”, equiparándolo a un Estado de Guerra, por considerar insuficiente lo establecido en los artículos 337 y 338 de la Constitución Nacional, que regulan el Estado de Excepción y definen ampliamente los Estados de Alarma, de Emergencia Económica y de Conmoción Interior y Exterior. Este hecho, el cual evidencia, una vez más, la orientación totalitaria del régimen madurista y su vocación por el ejercicio arbitrario del poder, es sumamente grave, ya que la absurda Ley pretende establecer la vigencia del Estado de Guerra de una manera indefinida y no por un tiempo limitado como lo establece la Constitución Nacional para los Estados de Excepción. Así mismo, el politólogo Rafael Arias considera que “al dividir arbitrariamente a los venezolanos en patriotas y enemigos permite anular políticamente a todos los elementos opositores que le sean adversos y de esta manera convivir sólo con aquellos grupos que se declaren opositores pero aliados del gobierno madurista en la defensa de la soberanía”.
Por otra parte, la Ley Antibloqueo también permite a Nicolás Maduro reformar la organización del Estado para, supuestamente, hacerlo más eficiente de manera tal que pueda responder a la amenaza existente en el imaginario Estado de Guerra. De esa manera, se permitiría la aplicación de la vieja tesis de Hugo Chávez conocida como “la Geometría del Poder”, planteada durante el fracasado proceso de Reforma Constitucional del año 2007, que consiste en establecer cualquier tipo de modificación territorial que el régimen madurista considere necesario, sin importarle comprometer la existencia de gobernaciones y alcaldías, para instaurar un gobierno directo bajo zonas militares o el famoso Estado Comunal. Esta Ley cuestiona el principio fundamental mantenido en la Constitución de 1999, en su artículo 16, el cual establece: “El territorio nacional se divide, con el fin de organizar políticamente a la República, en el de los estados, Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios federales. El territorio se organiza en municipios”. De esta manera, se trataría de eliminar la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa.
Esta monstruosidad jurídica, como la calificó el Dr. Brewer Carías, establece la desaplicación de normas constitucionales y legales mediante una actividad secreta del Estado, obviando que una Ley sólo puede tener efectos jurídicos después de haber sido aprobada por el Poder Legislativo y oficialmente publicada. Esta absurda disposición sólo puede explicarse como una maniobra que busca impedir que los venezolanos conozcamos las medidas que se piensan tomar. Las fuertes críticas formuladas por el Partido Comunista de Venezuela al denunciar una posible reprivatización de las empresas nacionalizadas así lo demuestran. En verdad, la aprobación de esa política no es realmente el problema. Es un imperativo privatizar el exagerado número de empresas nacionalizadas que, actualmente, sólo producen pérdidas al Estado y constituyen importantes focos de corrupción. Lo que me preocupa, es que se utilice el secreto en las actuaciones del gobierno madurista para impedir que los venezolanos podamos conocer previamente las medidas que piensan tomarse para poderlas debatir públicamente señalando sus irregularidades e inconsistencias. Además, es fundamental que la privatización de las empresas del Estado se haga a través de licitaciones públicas. No hacerlo deslegitimará cualquier negociación que se realice con el Estado y pondrá en grave riesgo toda inversión que se realice.
Definitivamente, esta nueva acción del madurismo no busca enmascarar la flagrante violación de la Constitución Nacional. El chavismo-madurismo, lo ha venido haciendo desde la misma fecha de su aprobación y entrada en vigencia. En realidad, lo que intenta es lograr la tan ansiada legitimidad de Nicolás Maduro y su gobierno. También quiere obtenerla con las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de este año. Lo que me sorprende, es que habiendo tenido la oportunidad de que dichas elecciones fueran legítimas, aceptando la visita de los observadores de la Comunidad Europea, haya preferido tomar el atajo de realizarlas sin su presencia, conociendo, de antemano, que sus resultados no serán reconocidos por la Comunidad Internacional. En conclusión, el madurismo perderá el tiempo y comprometerá, aún más, el destino de Venezuela.