En nuestra anterior entrega (I) hicimos mención a las prioridades que tenemos en materia social (salarios pensiones, salud, educación y alimentación) y que requieren para los primeros 6 meses de atención a esta emergencia humanitaria alrededor de 20.000 millones de dólares {1}, que obviamente el madurismo jamás hará en favor de los venezolanos, no solo porque no dispone de tales recursos, sino porque la cúpula que controla Miraflores es también la responsable de la destrucción de nuestra industria petrolera, su economía, la emigración, y del país en términos generales en todas sus calamidades.
En tal sentido, aunque sabemos que el madurismo no es fiable de confianza en ninguna de sus palabras, han dicho que tienen «bloqueados» en el exterior recursos por el orden de 30.000 millones de dólares. Por ende, de ser cierto, que cuando menos haya un tercio de esos recursos en bancos extranjeros, el país ya tendría una parte importante del dinero para comenzar a recomponer socialmente al pais, y aceleraría de manera importante una recuperación económica.
Otra posibilidad de recursos que tendría Venezuela está en ir manejando un Impuesto al Valor Agregado (IVA) con tasa única de 10%, y 20% para bienes de lujo, lo cual si asumimos como lo han dicho expertos en el área económica que tenemos un alicaído PIB con alrededor de 40.000 millones de dólares, estos generarían en los primeros 6 meses, unos 2.000 millones en tal moneda para la concreción humanitaria sobre la propuesta social.
Y si tenemos esa coyuntura resuelta de salarios y pensiones entre ingresos del exterior y propios vía impositiva en esos tres primeros meses de acuerdo, mientras se buscan alternativas para la recuperación de la salud y la educación, hay que proponer la concesión de la red ferroviaria, autopistas entre estados, y una nueva integración aérea y portuaria del país, que permita a los inversionistas, no solo beneficios de retorno a su inversión, sino que también generen al país, multiplicación de empleos, transferencia de tecnología, y por supuesto, dinamización de la actividad industrial, comercial y de servicios.
Por supuesto, que lo anterior requiere un marco regulatorio no solo creíble en sus letras, sino amparado en un Poder Judicial independiente y que esté apartado de cualquier influencia desde el Estado, o fuera de su jurisdicción tribunalicia. En este caso, si se actúa con celeridad, el país podría obtener por concesiones cerca de 5.000 millones de dólares.
La otra vertiente que aún tiene Venezuela está en su destruida industria petrolera que hoy, ni siquiera es capaz de producir el consumo interno de combustible. Recuerdo que en 1997 cuando la deuda externa del país estaba por el orden de los 35.000 millones de dólares, se hablaba de una Pdvsa con un valor de unos 150.000 millones de dólares.
Desgraciadamente, esa realidad, no solo se ha invertido por el hecho de que nuestra deuda se acerque o supere la cifra de lo que valía la otrora principal empresa nacional, sino porque su valor probablemente, ni siquiera logre cubrir sus pasivos y más aún que fuentes no oficiales, pero cercanas a la actividad petrolera afirmen que para recuperar la producción hasta los niveles de 1998 se necesitarían unos 58.000 millones de dólares {2}.
En tal contexto, a Venezuela no le conviene seguir endeudándose con el propio petróleo que dejó de producir. No solamente es que tenemos acreedores por todos los espacios internacionales, sino que aunque pudiéramos acceder a semejantes recursos, eso terminaría por hipotecar el país, y lo cual tampoco sería muy viable para nuevos inversionistas con el enrarecido ambiente politico y jurídico, y valorando que probablemente en unas dos o tres décadas el petróleo deje de ser el principal combustible del mundo.
Ante ello, si volvemos al precio que podía tener Pdvsa en 1998, y restamos la necesidad de inversión señalada, así como otros aspectos de depreciación real, es posible que tenga un valor cercano de unos 40.000 millones de dolares ante cualquier negociación, y pagar parte de nuestras deudas e invertir en el área social.
Una vez que Pdvsa sea vendida -aunque la Constitución «lo prohíba» por ahora- no solamente se acabaría la principal fuente de corrupción del país, sino que los trabajadores de la industria recuperarían sus beneficios en el corto plazo, estableciendo acuerdos que cuando menos 90% de sus trabajadores y gerentes deben ser venezolanos.
Otra empresa que deberá ser vendida es Citgo, con sede en Estados Unidos. O sea, para Venezuela lo importante no es tener activos que solo generan endeudamiento para el país, sino ir gradualmente levantando los obstáculos financieros para reconstruir la economía, y en consecuencia, recuperar niveles de vida que permitan sacar del hambre, la pobreza y la emigración a los venezolanos.
El país no se va a acabar porque inicie un proceso de concesiones en diversas áreas y se venda Pdvsa; por el contrario, el camino que llevamos nos está asesinando como nación.
Si recuperamos el sector educativo y nuestras universidades, adecuando y creando carreras técnicas, tecnológicas, científicas y humanísticas conforme con las nuevas exigencias de la contemporaneidad, nos bastará entre un lustro y una década para que el país retome un crecimiento económico y social de auténtico desarrollo, y que además esa nueva educación encuentre junto con la agricultura, la pesca, la industria y el turismo, a la única Venezuela de desarrollo para el siglo XXI ¡Hay que emprender el camino!
@_jvivassantana
{1} Venezuela: superar la crisis sí es posible – Inversión prioritaria (I)».
Por: Javier Vívas Santana
{2} «Venezuela requiere 58.000 milliones de dólares para restaurar la producción de crudo a niveles de 1998: documento | Article [AMP] | Reuters»
https://mobile.reuters.com/article/amp/idLTAKBN2CR29M