El informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ante la 48ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos se refiere en casi su totalidad a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca). Pero, para abordar su análisis, lo hace sin el contexto, no estuvo bien documentado, ni su metodología fue la más sólida, lamentablemente.
Pero, en cuanto a los derechos civiles y políticos (DCP), el informe reitera todo lo dicho anteriormente en otros reportes y arroja nuevos datos, especialmente en materia de detenciones y persecución a defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros graves asuntos. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas atina a mantener la vigilancia de este sector vulnerable.[1] El gobierno rechazó estos señalamientos.[2] Hecha esta observación, se continúa con los comentarios sobre el tema Desca.
En el punto 3 el informe indica que sus fuentes son: “… información recopilada y analizada por la Acnudh, incluso sobre la base de entrevistas a víctimas y testigos, así como de reuniones con funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El informe consideró información y datos oficiales proporcionados por el gobierno, incluyendo un cuestionario enviado por la Acnudh para los fines del informe”. En otras palabras, no hubo una investigación propia la cronología de los hechos, ni sobre causas y efectos sobre los Desca.
El informe se acopla con lo expresado, anteriormente, por la Relatora de la ONU sobre Sanciones Unilaterales, la Sra. Douhan acerca de las “medidas coercitivas unilaterales” (Fernandez, 2021).[3] Según el informe, la culpa de todo la tienen las sanciones, en consonancia lo que dice el gobierno en la remisión de la Situación II, bajo estudio de la Fiscalía ante la CPI.[4]
El presente análisis no significa que el autor apoye directa o indirectamente que se sancione a determinadas personas naturales o jurídicas. Solo se aspira a tener una visión objetiva de la verdad. Tampoco se niega que las sanciones impacten a la economía. Lo que se afirma es que este impacto debe ser contextualizado y tomar en consideración temas mucho más poderosos influyentes, como la Gran Corrupción y el despilfarro crónicos de estos últimos años.
El informe no indica que haya consultado a expertos independientes de las disciplinas necesarias según los hechos implicados en su contenido, tales como la economía, el derecho, la historia, la sociología y la ciencia política, al menos. De haberlo hecho, quizás se habría enterado con precisión de la cronología de los eventos, de las causas y los efectos sobe los Desca.
No se menciona siquiera los problemas estructurales y de fondo que causan la crisis económica y han deteriorado los Desca: un modelo político y jurídico que fracasó en todos países donde se intentó previamente. En Venezuela se repitió en estos 22 años el patrón ideológico y se reprodujeron los mismos efectos de gobiernos que han aplicado políticas basadas en la ideología marxista: URSS y sus países satélites, la China de Mao, Vietnam, Cuba, RDA, etc. La lucha de clases, la expropiaciones, la dictadura del proletariado, el militarismo y la economía planificada han fracasado en todas partes.
No identifica cómo, en el periodo analizado (1º de junio de 2020 a 30 de junio de 2021), se han radicalizado las políticas, en términos de avanzar sin freno alguno en las leyes comunales y los planes de la patria, en abierta oposición a la Constitución y en franca violación de los DCP, como lo han advertido expertos y ONG calificadas de DDHH.
Tampoco detecta los acontecimientos derivados de la acción erosiva e inconstitucional de la Asamblea Constituyente, que sustituyó al órgano legislativo y usurpó sus funciones desde 2017 a diciembre de 2020.
Debe destacarse la promulgación de la Ley Antibloqueo en octubre de 2020 con importantes efectos sobre la economía y los Desca, al permitir la “inaplicación de normas legales” algo que no tiene sentido jurídico: las leyes son para aplicarse. De no ser necesarias, las leyes deben derogarse o anularse; de lo contrario, campea la inseguridad jurídica que es el espantapájaros de las inversiones perdurables y que generan empleos. Pero, es muy atractiva para aquellas provenientes del delito y la corrupción, que si necesitan de la discrecionalidad y las prerrogativas.
Incluso, no reporta los efectos de una elección legislativa en 2020 considerada ilegitima por muchos países del orbe. Este hecho ha marcado un punto de inflexión importante al acentuar las políticas y leyes que dieron origen a la crisis económica, con gran impacto en los Desca.
El informe no menciona la Gran Corrupción que dio origen a la quiebra del Fisco Nacional ni a los grandes juicios en otras jurisdicciones. Este fenómeno, el mayor del mundo en el siglo XXI, está muy bien documentado y verificado. Esa gran corrupción ha empobrecido a toda la población y barrió con la clase media. Resultado: 96% de pobreza.[5] Como contraste, en Venezuela se ha creado una nueva élite económica (4%) con claros signos exteriores de riqueza súbita e inexplicada: carros de lujo, viviendas, edificios sin inquilinos, casinos, etc.
Tampoco menciona la mala administración de los ingresos petroleros de 1 billón de dólares;[6] todavía sin explicación alguna y sin rendición de cuentas de nadie. El vínculo de interdependencia de la corrupción con los DDHH está muy bien documentado y verificado, también. En Venezuela es notorio y flagrante, no necesita demostración.
Menos aún se menciona la hiperinflación incontenible y exacerbada por el gobierno y sus políticas financieras. Es obvia la falta grave de metodología al no incluir esta variable como causa del deterioro del salario, las pensiones y otros ingresos. Solo habla de la variable sanciones como causa de la agravación de la crisis. Efecto paradójico: se culpa a las sanciones de todo, pero la moneda nacional es inexistente. Solo hay dólares para muy pocos. Desde antes de 2008, cuando había la mayor una inflación[7] del continente, ha habido 3 reconversiones monetarias y eliminación de 14 ceros a la moneda; desde entonces se venía gestando la hiperinflación actual, mucho antes de las sanciones.
En cuanto a la escasez de medicamentos no dice nada sobre el impago de las deudas cambiarias de más de 4.000 millones de dólares con los laboratorios desde 2012 [8], razón de la marcha de muchos del país y del abandono de la cadena regular de suministros, luego monopolizada por el gobierno y sus aliados políticos.
No menciona que las “medidas sectoriales unilaterales” financieras y petroleras son producto de la Gran Corrupción y de la infiltración en otras economías para lavar dinero mal habido en otros países, como consta en más de 70 expedientes judiciales en el exterior.[9] Asimismo, la medida sectorial sobre venta de armas al gobierno es para evitar su uso contra la población. Pero el informe aboga por la eliminación de las medidas sectoriales de forma descontextualizada.
De eliminarse las medidas, ¿regresaríamos a los tiempos felices? No, dado que los problemas estructurales y de fondo que actuaron como causas eficientes de la crisis venezolana se han radicalizado y profundizado. La variable sanciones no afecta lo que venía creándose con la Gran Corrupción, el despilfarro y las mala administración; así como el modelo económico, político, jurídico, militarista y autoritario impuesto contra la Constitución. Los efectos empobrecedores de toda la población por causa de la política expropiatoria del gobierno se iban a producir, con o sin sanciones.
Otro detalle es que el informe no menciona como la pequeña corrupción diseminada en todos los ámbitos de la administración del Estado y de la geografía nacional genera un encarecimiento del costo de la vida: alcabalas que cobran en las carreteras para dejarte pasar; restablecimiento de servicios básicos: telefonía, electricidad, gas, etc.; trámites de documentos básicos, etc. Todo cuesta plata y debe ser pagado en dólares en efectivo. La extorsión es la regla. Eso aumenta el precio final al consumidor.
En fin, hay mucha tela que cortar y muchas cosas aun por decir sobre los Desca y el impacto que ha tenido la Gran Corrupción y el despilfarro sobre estos. Es importante reconstruir la verdad histórica de los hechos derivados de las sanciones, pero sin perder de vista el contexto de variables estructurales y de fondo mucho más poderosas e influyentes. Esa es la intención de este artículo.
@FM_Fernandez @DhMonitor
[1] ACNUDH, Venezuela: ONU publica informe sobre el control criminal de la región minera y sobre temas de la justicia en general, disponible en https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26096&LangID=S
[2] El Nacional, Canciller de Maduro dijo que la actualización del informe de Bachelet sobre Venezuela carece de fundamento, disponible en https://www.elnacional.com/venezuela/canciller-de-maduro-dijo-que-la-actualizacion-del-informe-de-bachelet-sobre-venezuela-carece-de-fundamento/
[3] Fernando M. Fernández, El relato de la Relatora, disponible en https://www.elnacional.com/opinion/el-relato-de-la-relatora/)
[4] Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Venezuela denuncia sanciones ante la Corte Penal Internacional, disponible en https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2020_00803.PDF.
[5] ENCOVI, disponible en https://www.proyectoencovi.com/informe-interactivo-2019
[6] Transparencia Venezuela, Combustible de la corrupción, disponible en https://transparencia.org.ve/project/petroleo-historia-2/
[7] Cinco Días, Venezuela finaliza 2008 con la inflación en el 30,9%, pese al 11% previsto inicialmente, disponible en https://cincodias.elpais.com/cincodias/2009/01/08/economia/1231554228_850215.html
[8] ICEX, Sector farmacéutico en Venezuela, disponible en Ficha sector. Sector farmacéutico en Venezuela 2021 (icex.es).
[9] Transparencia Venezuela, Casos de corrupción de Venezuela en el mundo (2020), disponible en https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/12/05-Casos-de-corrupcion-de-Venezuela-en-el-mundo.pdf