La asfixia regulatoria se ha convertido en un obstáculo significativo en el desarrollo de políticas públicas efectivas. En un artículo publicado por Francisco Contreras en el blog Perspectiva y Visión titulado «Asfixia regulatoria», el autor explora las causas y consecuencias de este fenómeno para la sociedad.

En el artículo, el autor destaca que la asfixia regulatoria se caracteriza por el exceso de regulaciones y trámites burocráticos que dificultan la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental. Esta problemática afecta no solo a las empresas y emprendedores, sino también a la capacidad de respuesta del Estado ante desafíos sociales y económicos.

Una de las principales causas identificadas es la falta de coordinación entre los organismos reguladores, lo cual conduce a la proliferación de regulaciones redundantes y contradictorias. Esto genera confusión y obstáculos adicionales tanto para las entidades reguladas como para los ciudadanos en general.

Desde Unidad Visión Venezuela hemos propuesto en varias oportunidades sobre las consecuencias nefastas de las políticas públicas de ámbito regulatorio. Ciertamente, el gobierno colapsó tratando de adaptarse a situaciones cambiantes y ha sido incapaz de enfrentar las nuevas problemáticas de manera eficiente y sostenible. Desde nuestro punto de vista, es la amplitud normativa, más que la rigidez, lo que ha dificultado la implementación ágil de políticas perpetuando los problemas sin solución.

Entre los problemas actuales está el hecho de que nos encontramos en los últimos puestos en lo que al índice de facilidad de hacer negocios se refiere, así como en el de competitividad. Si queremos que la economía crezca tenemos que dar facilidades para hacer negocios, que incluye también la seguridad jurídica, renglón en el que tampoco estamos bien evaluados.

Para abordar la asfixia regulatoria desde la perspectiva de las políticas públicas, hemos propuesto un enfoque integral que incluye las siguientes medidas:

Simplificación administrativa: Es fundamental simplificar y agilizar los trámites burocráticos, eliminando regulaciones innecesarias y promoviendo la digitalización de los procesos administrativos. Esto permitirá reducir la carga administrativa para las empresas y fomentar la creación de un entorno más propicio para la innovación y el crecimiento.

Evaluación de impacto: Es necesario implementar mecanismos de evaluación de impacto de las regulaciones, de manera que se pueda analizar el costo-beneficio de cada normativa, a través de estadísticas confiables, trasparentes y de acceso público.

Coordinación interinstitucional: Es esencial promover la coordinación entre los diferentes organismos reguladores para evitar la proliferación de regulaciones contradictorias o redundantes. Esto facilitará la implementación de políticas coherentes y eficientes.

Participación ciudadana: Es importante fomentar la participación ciudadana en el proceso de elaboración y revisión de regulaciones. La inclusión de diferentes actores sociales competentes en la toma de decisiones contribuye a generar normativas más equilibradas y ajustadas a las necesidades de la sociedad.

Capacitación y recursos: Es fundamental brindar capacitación y recursos adecuados a los organismos reguladores para mejorar su capacidad de diseño e implementación de políticas públicas. Esto incluye el fortalecimiento de sus capacidades técnicas y la promoción de la especialización en áreas relevantes.

Monitoreo y evaluación: Se debe establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las regulaciones y políticas públicas implementadas, con el fin de identificar aquellas que no cumplen con sus objetivos y generar ajustes necesarios.

En resumen, al promover un marco regulatorio más ágil, transparente y eficiente, las políticas públicas podrán cumplir con su objetivo de promover el desarrollo económico y social, protegiendo al mismo tiempo los derechos y la calidad de vida de los ciudadanos. Es necesario encontrar un equilibrio entre la protección y la promoción, fomentando la innovación y la competitividad sin descuidar los aspectos sociales, culturales y ambientales. Solo a través de un enfoque integrado y una gestión eficiente de las regulaciones podremos superar la asfixia regulatoria y avanzar hacia políticas públicas más efectivas y sostenibles.

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