En el último quinquenio se ha utilizado frecuentemente esta palabra convertida en categoría de la sociología política, para señalar el grado de precariedad institucional in extremis, alcanzado por igual naciones de África, Asia y América Latina. Su origen proviene de los países del Cuerno del continente africano: Etiopía, Djibouti, Eritrea, Kenia y Somalia, quienes compiten en cuanto a indicadores de pobreza, masacres, hambrunas, guerras civiles, epidemias, éxodos migratorios, tiranías etc. En fin, todo género de calamidades resumidas en el concepto de Estado disuelto, Estado fallido.

Definiciones que en cierto modo en nuestro continente han sido ubicadas en Haití y en diferentes estudios han señalado también a Venezuela, aun cuando en materia de historia las analogías son una referencia, pues las realidades de cada país le conceden condiciones específicas a la experiencia cruel que sufrimos hoy los connacionales, quienes han migraron por millones a nivel continental y mundial, y a quienes habitan actualmente el territorio nacional.

Resulta que los espectros del noreste del continente africano se vislumbran como una tragedia probable para nuestro país cuando se anuncia un mes adicional de cuarentena, hacia mediados de junio, en el contexto de una economía en ruinas que a juicio del Banco Mundial y del FMI pronostican el cierre técnico, al caer adicionalmente el PIB para 2020 en 20%, que agregado al 65% perdido desde 2013 nos indica una hambruna colectiva en medio de la pandemia que asola al mundo.

Pues bien, no estamos muy lejos al visualizar por las redes sociales el retorno a la tracción sanguínea utilizada hasta el siglo XIX para concretar procesos productivos, mulas transportando vegetales desde zonas agrícolas, asnos asperjando químicos para combatir plagas de la agricultura, incluso utilizados también para el transporte público en algunas ciudades del interior, hasta la situación deplorable de campesinos perdiendo sus cosechas al carecer de cualquier tipo de transporte ante la carencia absoluta de combustible.

En el caso de los servicios públicos vitales como la salud, registramos el traslado de pacientes en carretillas, bicicletas, por la destrucción del parque de ambulancias, que ha resultado en la pérdida de vidas humanas, sea por el retardo en la atención de la emergencia o porque el centro médico carece de las medicinas esenciales para salvar vidas.

El confinamiento o toque de queda ha agravado el traslado entre poblaciones en el mismo estado, por ejemplo en el estado Zulia donde Maracaibo ejerce una relación centralista sobre el resto de la región, cualquier traslado es una odisea al carecer de dinero efectivo para pagar el deficiente transporte ante el cierre de cajeros y bancos desde marzo, debiendo recurrir al trueque para lograrlo. Trasladarse de Cabimas a Maracaibo implica pagar con un paquete de arroz hasta el Puente sobre el Lago, otro paquete de harina de maíz del Puente hasta Maracaibo y un paquete adicional en el interior de la ciudad, siendo un proceso que se repite para el regreso del atribulado residente en la Costa Oriental del Lago. Si es «usuario VIP» debe pagar en divisas, 60 dólares, el viaje ida y vuelta.

La disolución del Estado se reconoce en el enfrentamiento entre bandas que se apropian de territorios en medio de una orgía del terror para los habitantes de esas zonas, como lo sucedido recientemente en Petare. Es un conflicto que se extiende a otras regiones del país y que lleva a la población a preguntarse dónde están el gobierno y el resto de las instituciones públicas, aun cuando se manifiestan a diario en cadenas interminables de Radio y TV. Su presencia es cada día más lejana para un ciudadano indefenso y desprovisto de sus derechos consagrados en la Constitución y las leyes de la República.


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