Por Alejandro Luy (*)

En la víspera de la realización de la COP 25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Madrid, España, luego del cambio de sede por las protestas surgidas en Chile donde se efectuaría, me ha parecido pertinente circunscribir la presencia de Venezuela en función de algunos aspectos que describen el compromiso de sus autoridades contra el cambio climático, aunado con la situación social y política del país.

En el año 2015, antes de la realización de la COP 21 donde se aprobó el Acuerdo de París, los países tenían el compromiso de entregar las Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas (INDC por sus siglas en inglés) para la lucha contra el cambio climático y sus efectos.

Dicho documento debía ser presentado antes de la Cumbre de París, pero la representación de Venezuela se reservó “el derecho de presentar su plan nacional de reducción de emisión de gases de efecto invernadero”[i] a los resultados de las discusiones y terminó entregando sus INDC[ii] el último día de la COP 21, solo cuando el acuerdo había sido aprobado. Fue en ese momento cuando se conoció su contenido, pues no fue presentado o discutido con ningún sector distinto al gobierno.

Luego del Acuerdo de París, que Venezuela hizo Ley de la República (2015), firmó en Naciones Unidas en 2016 y ratificó en 2017, la contribución “prevista” pasa a ser la “Primera Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus efectos”[iii] (o NDC, por sus siglas en inglés). La versión disponible se encuentra en la página web de la Convención y es de 2017.

Luego de revisar página a página ambos documentos, el de 2015 y 2017, la diferencia es que el último incluye un párrafo y modifica otro, sin ningún dato o aporte significativo. Así, ambos documentos son, esencialmente iguales.

Cuando se conocieron las INDC, publicamos en el Portal de Desarrollo Sustentable[iv], los análisis de varios especialistas y estos daban cuenta de una serie de críticas que no fueron consideradas por el gobierno, y constituyen debilidades en la oferta del Estado venezolano como compromiso para luchar contra el cambio climático, y –obviamente– esas observaciones se mantienen en las NDC de 2017.

En esencia, las NDC de Venezuela no parten de un inventario actualizado de emisiones (el último se realizó en 2007), y son 23 páginas de “Acciones y Programas” donde no se cuantifica la contribución de cada una a la reducción de los gases de efecto invernadero. Incluso, no hay que ser experto para entender que muchas son intrascendentes para los fines deseados.

A partir de información del Banco Mundial, en las NDC el gobierno de Venezuela establece que “el Plan Nacional de Mitigación apuntará a la reducción de las emisiones del país en al menos 20% para 2030 en relación con el escenario inercial, entendido este como un escenario hipotético en el cual no se implementa el plan”.  No está claro de dónde surgen esos datos que constituyen tan importante punto de partida y norte.

Pero este cuento no se acaba, porque muchas cosas han pasado o dejado de pasar en Venezuela que inciden en su compromiso con el cambio climático. Quizás el más importante es que Venezuela no cuenta con un Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, base lógica y fundamental de cualquier país para demostrar real interés en abordar el problema.

En diciembre de 2017 se publicó la Segunda Comunicación sobre Cambio Climático, doce años después de haberse publicado la Primera, utilizando datos de 2010.[v]  No hubo para su elaboración un proceso de consulta amplia que involucrara a investigadores de universidades nacionales ni miembros de organizaciones no gubernamentales.

No menos importante ha sido el proceso iniciado en 2016 con la creación del Arco Minero del Orinoco, que comprende una extensión cercana al 11% del país, dedicada a la explotación minera en una de las regiones más frágiles del planeta, que a su vez ha dado pie a una minería de extracción y saqueo que incluso amenaza extenderse a otras regiones de Venezuela. Todo ello se traduce en la profundización de un modelo extractivista y depredador muy contrario a lo que se espera de un gobierno signatario y comprometido con el Acuerdo de París.

Esa situación se desarrolla adicionalmente en un país que desde noviembre de 2017 vive un proceso de hiperinflación, y simultáneamente su producción de petróleo, principal fuente de ingresos, se redujo de poco más de 3 millones de barriles en noviembre de 2017 a menos de 1 millón en la actualidad, mientras se despilfarra la gasolina, que aún es la más barata del mundo.  En marzo de 2019, al menos por 32 horas, todo el país se paralizó como consecuencia de una falla eléctrica generalizada, y hasta la fecha en casi todo el territorio existen restricciones o carencias del servicio.

Además, desde 2015, Venezuela vive una Emergencia Humanitaria Compleja, reconocida por organismos internacionales que “a diferencia de las crisis humanitarias que vienen determinadas por desastres naturales o conflictos armados, las emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político. Se trata de crisis humanitarias graves que suelen ser el resultado de una combinación de factores que van desde inestabilidad política, quiebre y fragmentación del Estado, conflictos y violencia, fracaso de políticas de desarrollo, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades sociales y pobreza subyacente, que generan grandes impactos sobre la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades”.[vi]

Lo anterior se ha traducido en altos niveles de población en pobreza, con un salario mínimo mensual en noviembre de 2019 de escasamente 5 dólares; graves problemas en temas de alimentación, salud, acceso a servicios básicos, junto a un deterioro de todo el aparato productivo y del sistema de transporte público y privado. Es bien sabido que los más vulnerables al cambio climático son los pobres, de allí que esta situación hace más urgente el trabajo de las autoridades en relación con el cambio climático.

Así vemos cómo el gobierno de Venezuela ha firmado “todo” pero no ha cumplido con los compromisos adquiridos ante el mundo por ser país signatario de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, despreciando a amplios sectores técnicos y de sociedad civil, así como mecanismos internacionales para el desarrollo de proyectos de adaptación o mitigación.

Desconocemos cuáles argumentos esgrimirán los representantes del gobierno de Venezuela en esta oportunidad para justificar su falta de compromiso real para combatir el cambio climático.  Tal vez sean ideológicos, pues son estos los que han privado en la gestión de los últimos tiempos y, por qué negarlo, les ha dado rédito.  Pero esas no son buenas noticias en el marco de los necesarios aportes de todos los países para atender el grave problema del cambio climático.

(*) Gerente general de la Fundación Tierra Viva y miembro de Climate Action Network – América Latina

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