La Corte Penal Internacional celebra su vigésimo aniversario y Venezuela espera acciones concretas, en torno a las numerosas denuncias que cursan ante ese máximo tribunal internacional de justicia, por delitos perpetrados durante el régimen socialista de Nicolás Maduro.
El abogado británico Karim Khan, quien asumió el cargo de fiscal general de la institución, creada el 1° de julio de 2002 para juzgar las peores atrocidades cometidas en el mundo, entre ellas las de nuestro país, manifestó en su visita a Venezuela que trabajará en pro de la justicia y la rendición de cuentas.
Fue enfático al señalar «que no hay ninguna información nueva que justifique aplazar su investigación sobre los crímenes que habrían sido cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en las manifestaciones de 2017». Expresó el 21 de abril de 2022 que se negaba a aplazar su investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y pidió permiso a los jueces para reanudar la investigación.
«Notifiqué ayer [miércoles] a la Sala de Cuestiones Preliminares, la solicitud de Venezuela de suspender el procedimiento, así como mi intención de solicitar lo antes posible la autorización para reanudar mi investigación», indicó Karim Khan en un comunicado.
«Comuniqué esta decisión porque tras examinar el fundamento de la solicitud de aplazamiento, he llegado a la conclusión de que no se ha presentado ninguna información nueva, que justifique» tal decisión, agregó.
El gobierno de Nicolás Maduro estima que los atropellos a los derechos humanos cometidos durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno en 2017, que dejaron unos 100 muertos, están castigados, perseguidos y juzgados por su propio sistema judicial.
En noviembre del año pasado, Khan anunció junto a Maduro, en Caracas, que pasaba de un examen preliminar abierto en 2018 a una investigación formal.
Desde entonces ha hecho mutis y todo cuanto prometió ha quedado en el limbo y en Venezuela se siguen violando los derechos humanos y se cercena la libertad de información con el cierre de medios y redes sociales.
El fiscal Karim Khan acaso ignora la reiteración de la señora Michelle Bachelet, comisionada especial de los Derechos Humanos de la ONU hasta hace pocos días, de que pese a sus denuncias, en Venezuela se siguen perpetrando delitos de lesa humanidad, torturas y arbitrarias detenciones de ciudadanos que protestan por estos hechos, que violan las disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998, el cual fue suscrito por Venezuela y posteriormente ratificado el 7 de junio del 2000, con entrada en vigor en nuestro país el 1° de julio de 2002.
Si bien es cierto que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional dijo que su oficina solo busca “abordar la impunidad” en la situación venezolana con base en evidencias, también es cierto que su oficina está en la obligación de pronunciarse ante el centenar de evidencias que reposan en su despacho, caso contrario se pone en duda su tan cacareada objetividad, de la cual ávidamente presume.
No se debe obviar el hecho de que la CPI no solo juzga y condena a los responsables de los crímenes más graves; pues también se asegura de que se escuchen las voces de las víctimas que han sufrido daños, como resultado de la comisión de cualquier crimen de la competencia de la Corte, como es el caso venezolano. ¿Qué espera entonces el fiscal Karim Khan?
Llegamos a la conclusión de que tan solo con el compromiso conjunto y renovado de la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional podrá hacer realidad sus promesas de más justicia.
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