La reciente decisión de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea ante el Estado venezolano, Isabel Brilhante, en respuesta a las sanciones aplicadas a 11 de sus funcionarios, entre los cuales se incluyen al diputado Luis Parra, presidente de la írrita directiva de la Asamblea Nacional, y al magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que esa organización con sus actuaciones ha entorpecido la posible salida de la grave crisis institucional y política que atraviesa Venezuela; para después, de manera inexplicable e irresponsable, rectificar, olvidando sus ofensivas palabras en contra de la Unión Europea, mediante un anodino comunicado y sin que se hayan suspendido las sanciones impuestas, así como amenazar directamente con posibles acciones diplomáticas al embajador de España, Jesús Silva, al vincularlo con unas supuestas acciones subversivas que, según el mismo Maduro, realiza Leopoldo López, demuestra un reajuste en su estrategia, al pasar a la ofensiva, tanto nacional como internacionalmente, con el fin de fortalecer su posición ante las venideras elecciones parlamentarias. También indica que las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima han carecido de la eficacia necesaria para lograr que Nicolás Maduro abandone el poder.
Estos nuevos hechos evidencian, una vez más, que Nicolás Maduro está decidido a aferrarse al poder sin importarle la ilegitimidad de su régimen ni las trágicas consecuencias que le ocasiona a nuestra sociedad. En efecto, la situación económica y social alcanzará tal nivel de deterioro, que comprometerá, irremisiblemente, el destino de las actuales y futuras generaciones de venezolanos. Las recientes cifras dadas a conocer por el Fondo Monetario Internacional reflejan una caída del producto interno bruto superior al 15%, para este año, con posibilidades de que pueda alcanzar más del 20%. No olvidemos que Venezuela ya registró una caída del 70,1% de su PIB entre 2013 y 2019. La deuda externa supera los 157.000 millones de dólares con apenas 800 millones de Reservas Internacionales. El FMI opinó que “dicho monto es monumental con respecto al PIB de Venezuela. Para el cierre de 2019 se estima que la relación deuda externa con el PIB será de 220%”. Para colmo, la extracción petrolera cerró, para diciembre de 2019, en 687.000 barriles diarios, denotando una contracción acumulada de 40,2% respecto a diciembre de 2018 y, para el día de hoy, apenas alcanza su producción a 422.00 barriles diarios.
Esta grave crisis económica tiene catastróficas consecuencias sociales para nuestro pueblo, que debe enfrentar un creciente proceso hiperinflacionario y un vertiginoso crecimiento de la pobreza y el desempleo, en medio del colapso de todos los servicios públicos: agua potable, luz eléctrica y sanidad pública. Concretemos algunas cifras: el Banco Central estableció que la inflación, a fínales del año 2019, alcanzó a 9.585,50%; la Asamblea Nacional consideró que dicha inflación sobrepasó el 7.374,4%. El Fondo Monetario Internacional proyectó una inflación para el año 2020, antes de la pandemia, de 10.000.000%. La pobreza, según lo señala un objetivo estudio realizado en forma conjunta por las universidades Central, Católica y Simón Bolívar, se incrementó desde el año 2014, inicio del gobierno de Nicolás Maduro, de 52,6% a 73%. Su causa, “la aceleración que sufrieron los precios, al disminuirse el poder de compra de los venezolanos”. El desempleo en Venezuela, según el FMI, alcanzó 44%, en el año 2019, calculándose que puede aumentar, sin considerar el impacto producido por la pandemia, a 47,9% a finales del año 2020.
El gobierno de Nicolás Maduro es incapaz de enfrentar con éxito tan grave crisis económica y social. Su falta de legitimidad se lo impide. Además, es imposible que su régimen, desconocido por la mayoría de los países democráticos del mundo y con un rechazo interno del 87%, pueda generar suficiente confianza al capital internacional para invertir en nuestro país, aun cuando todavía existen interesantes oportunidades. Naturalmente, exigirían una absoluta seguridad jurídica. Un régimen tan desacreditado como el actual no puede ofrecerla y mucho menos garantizarla. La pandemia será superada y surgirá en el mundo una fuerte competencia entre los países para atraer las inversiones privadas. Solo aquellos gobiernos que garanticen condiciones favorables y seguras podrán captarlas. Los venezolanos, en particular los factores de poder, deben reflexionar ante tan delicada situación. Si no superamos la crisis nacional provocada por el socialismo del siglo XXI, a la brevedad posible, no estaremos en capacidad de participar en esa competencia. En Venezuela pueden convivir todas las ideologías, incluyendo el chavismo, si se garantiza la alternancia republicana y unas elecciones democráticas, justas y equitativas. Eso sí, Nicolás Maduro debe salir del poder.