Mucho ha costado a la sociedad venezolana deslastrarse del desastre en que fue sumergida desde hace dos décadas. El chavismo, que llegó a pulverizar el país que encontró, se mantiene en el poder y continúa mostrando, sin pudor, su vocación totalitaria. Al finalizar 2020, las alternativas que han sido intentadas para producir un relevo en el ejercicio del poder, han fracasado y las opciones en lo adelante lucen inciertas.
La oposición, que había logrado consolidar en los últimos años estándares óptimos de integración y coordinación, se encuentra en una etapa de honda disgregación, que coincide con el fin de la legislatura en la que contó con mayoría parlamentaria, derivada de su victoria en las elecciones de 2015. La Asamblea Nacional de mayoría opositora asumió el objetivo de destronar al chavismo de la Presidencia de la República, tarea emanada de la interpretación de la voluntad del electorado que le votó en 2015, y que lo hizo no por la importancia de escoger un nuevo parlamento en sí misma, sino en expresión de su aspiración de un cambio político en el más alto nivel.
No es propósito de estas ideas hacer un balance exhaustivo de la gestión de la Asamblea Nacional, pero sí ha de afirmarse que se realizaron enormes esfuerzos por cumplir con el mandato de sus electores de buscar una salida, en el marco de la Constitución, a la crisis política que confronta el país. A pesar del boicot judicial y de la persecución política a sus miembros, el parlamento planteó vías importantes: el ejercicio permanente de su función contralora que devino en escandalosos pronunciamientos y denuncias, la instauración de un juicio político en la sede parlamentaria al presidente de la República para declarar su abandono del cargo, el impulso de un referéndum revocatorio, la convocatoria a protestas masivas, la participación oficial en ejercicios de diálogo, la realización de consultas populares e, incluso, la instalación de un gobierno interino, paralelo al de facto encabezado por Nicolás Maduro, sobre la base de preceptos constitucionales que legitiman al presidente de la Asamblea Nacional, en ausencia de un presidente electo, a encargarse de la primera magistratura.
Al término de una gestión que, con grandes errores y loables aciertos, hizo, en términos generales, lo que pudo y tenía que hacer, la oposición se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y sin capacidad de convocatoria a una población agobiada por el conflicto político y las innumerables dificultades que plantea el país cada día. La encrucijada, es, por tanto, si mantener el camino seguido hasta ahora que pareciera no encontrar asidero en el sentido común y la objetividad, o buscar otras vías que requieren de la concertación de los diversos grupos políticos, sin excepción, pero también de otros actores que forman parte activa y cuentan con influencia en la sociedad venezolana.
Despojada materialmente de la Asamblea Nacional, la oposición probablemente tendrá dificultades para mantener una fluida y, sobre todo, productiva, interlocución con su más fuerte bastión: la comunidad internacional. Por supuesto que será un proceso progresivo, porque las columnas levantadas en los últimos años no se desplomarán el 5 de enero de 2021, pero no quedan dudas de que la tendencia al desgaste que se ha registrado en, al menos, el último año, se va a mantener y, por eso, el redimensionamiento de la estrategia opositora es imperativo. La desunión y los intentos infructuosos a lo interno por lograr una coordinación en procura de una estrategia, complican la comunicación efectiva con una comunidad de naciones que tiene grandes retos individuales y comunes que van más allá de la dolorosa situación de Venezuela.
La lección de 2020 parece ser que el problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos. La preocupación de la comunidad internacional no se traducirá en más de lo que ya se ha evidenciado, por lo que urge afrontar a lo interno lo concerniente al futuro del país. Admitir que los esfuerzos realizados hasta ahora, por legítimos e ineludibles que hayan sido en un determinado contexto, no han logrado su cometido, es un acto de responsabilidad y sensatez al que están llamados quienes tienen en sus manos la conducción de la oposición, y es también el punto de partida para delinear las acciones urgentes que demanda Venezuela.
El próximo 5 de enero va a instalarse en el Palacio Federal Legislativo una nueva Asamblea Nacional. Contará con un reconocimiento muy limitado en el orden internacional y no será expresión de las grandes mayorías que han quedado excluidas del proceso electoral parlamentario de 2020. De la esencia plural y la naturaleza variopinta que le es propia a la institución parlamentaria no hará gala la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre pasado en un proceso electoral sin garantías mínimas. Lo cierto es que estará ahí, siendo una realidad con la que habrá que enfrentarse.
La Unión Europea y algunos países de América Latina han expresado, con motivo de los eventos políticos recientes en Venezuela, o sea, la elección parlamentaria y la consulta popular organizada por la Asamblea Nacional, que es imperativa la instalación de conversaciones entre el gobierno y la oposición para lograr acuerdos que hagan viable el curso del país. Es altamente probable que el nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos sea proclive a apoyar una iniciativa de ese tenor, y es indispensable que sea así, toda vez que el interés del chavismo y su motivación principal para dialogar es el levantamiento de sanciones impuestas por ese país. Lo cierto es que, aunque las experiencias anteriores hayan arrojado un saldo negativo, no parece haber, en los actuales momentos, fórmula distinta a la de explorar, nuevamente y con planteamientos distintos, el camino de la negociación.
Se derivan de declaraciones de representantes del sector privado, los gremios, la academia y la Iglesia Católica, la disposición a coadyuvar en el sentido de lograr que se produzca una negociación seria, tendente a buscar soluciones a la crisis humanitaria compleja y a la redemocratización del país. No es poca cosa que el empresario, cuyo patrimonio ha sido violentado, la iglesia, cuyos prelados han sido satanizados, la academia, cuyas contribuciones han sido menospreciadas, y los gremios, cuyas demandas han sido ignoradas, hoy alcen la voz para llamar la atención del estamento político, apelando a su sentido estadista.
Comprender la concertación y el acuerdo, con todas las implicaciones que de ellos se desprenden, así como las concesiones que habría que admitir en un país con hondas heridas abiertas, no es tarea fácil, pero es parte- ojalá final- del camino espinoso que a la patria le ha tocado transitar y que no puede seguir postergándose.