La presencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos ha sido rechazada y con toda razón por muchos, más por quienes, desde luego, luchamos por el respeto pleno y la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. Es una aberración que el representante de la dictadura madurista se siente en el puesto de Venezuela y represente a un país que sufre persecución, discriminación, en donde la tortura y las detenciones arbitrarias son parte de una política sistemática, en donde se violan los derechos sociales y culturales y se aplica una especie de apartheid político en contra de la inmensa mayoría de los venezolanos.
La prestigiosa organización no gubernamental UN Watch, con sede en Ginebra, Suiza, dedicada a la defensa de los derechos humanos y de la libertad en el mundo y más en estos últimos años, a la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela, ha lanzado una campaña para que se suspenda a Venezuela, a la Venezuela de Nicolás Maduro, del Consejo de Derechos Humanos, al cual fue elegido por la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado, una campaña que coordina el ex embajador de Venezuela ante la ONU en Nueva York y ex presidente del Consejo de Seguridad Diego Arria.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirmaron, cuando se adoptó la resolución 60/251, el 3 de abril de 2006, por la que se crea el Consejo, “el compromiso de reforzar el mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas a fin de asegurar el disfrute efectivo por todas las personas de todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo…” Y decidieron, entre cosas, que “el Consejo será responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa” y, además, que “el Consejo deberá ocuparse de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto”.
El Consejo está integrado por 47 Estados, entre los cuales 8 por América Latina. Se establece en esa resolución que “al elegir a los miembros del Consejo, los Estados Miembros deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto,” lo que evidentemente no es el caso de Venezuela en estos momentos. Además, se precisa en dicha resolución que la Asamblea General, por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes, podrá suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro de este que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”.
Es claro que la política sistemática de la dictadura contradice los objetivos del Consejo, por lo que debe ser suspendida como lo hiciera el mismo Consejo en marzo de 2011, cuando suspendió a Libia que había sido igualmente elegida por la comunidad internacional para ocupar un puesto que no le correspondía, por “haber cometido violaciones graves y sistemáticas de esos derechos”, una situación, sin duda alguna, similar a la de Venezuela hoy.
Todos debemos unirnos a esta campaña que no es una más entre tantas que realizamos para que de una vez por todas cese la usurpación de Maduro y el secuestro de un país que exige libertad y respeto. Es claro que esta campaña no estaría dirigida solo a la sociedad civil que debería adherir a esta solicitud, sino a los gobiernos, a la dirigencia política de todos los países, para que entiendan la realidad venezolana y constaten lo ya reconocido por diversos órganos internacionales, entre ellos, el mismo Consejo de Derechos Humanos, la OEA, algunos órganos regionales europeos, muchos gobiernos y tantas ONG de reputación y credibilidad incuestionables.
El chavismo y los movimientos desestabilizadores usan los medios y las redes sociales para engañar al mundo, a la dirigencia política, a los gobiernos, a todos y presentar una falsa realidad y justificar el proyecto político que solo ha traído hambre y violencia en el mundo. Promueven la idea, apoyándose en el manejo canalla de la información, que la violación de nuestros derechos, la persecución política, la tortura que sufren muchos, las detenciones arbitrarias, la discriminación que vivimos es una simple invención del “imperio” que castiga a los venezolanos con “sanciones unilaterales”.
Pero nada más lejos de la verdad. Es por ello que debemos aunar esfuerzos en esta loable campaña que coordina Diego Arria que debe ser apoyada por todos los partidos e instituciones del país, sin mezquindad, pues el objetivo es muy superior a las pequeñeces que a veces mueven al sentimiento político en el país.
Hay que organizar una contraofensiva válida y efectiva para detener la expansión de los movimientos que buscan desestabilizar Occidente, acabar con nuestros principios y valores, la democracia, los derechos humanos, para imponer un sistema que todavía no sabemos de dónde viene, pero que sí sabemos para dónde va.