El régimen de Maduro es probablemente el más sanguinario en la actualidad en el continente americano. Es una dictadura con fachada de democracia producto de haber comprado a un grupo de importantes líderes de la oposición política y empresarial. Naturalmente, el régimen ha pactado con estos sectores a los que  les garantiza inmunidad y protección. Pero esto no cambia en nada lo que significa el régimen de Maduro, que por cualquier motivo encierra a quien se atreva a denunciarlo.

Maduro es una dictadura moderna que ha ocultado su estructura marxista-leninista detrás de un conjunto de instituciones que le dan una apariencia de gobierno de izquierda democrático, pero la realidad es que actualmente nada hay en Venezuela que tenga un origen democrático, todas las autoridades en todos los poderes son parte de una estructura de poder dominada por el régimen de Maduro.

El régimen de Maduro es francamente el motivo por el que hay que tomarse en serio la protección a los venezolanos en el exterior, por mucho que pueda sonar interesante el mensaje revolucionario en algunos sectores del mundo diplomático, lo cierto es que con Maduro lo que se encuentra es una profunda carencia de valores democráticos y una larga lista de delitos que incluso llegan al nivel de delitos de lesa humanidad, imaginen ustedes queridos lectores la amenaza  que podemos sentir cada venezolano con relación a este régimen, es motivo suficiente para solicitar una revisión más profunda del alcance de la protección de los venezolanos.

El caso es que la dictadura de Maduro tiene  un enorme prontuario delictivo que le inhabilita para sentarse con legitimidad en un escenario democrático, es inadmisible tan sólo contemplar una negociación con el dictador, a menos que se desee convalidar todos sus crímenes, tan solo recordemos los más de 200 estudiantes que fueron asesinados por los colectivos y otras fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en el 2017, realmente vergonzoso que la comunidad internacional no haya tomado partido en aquel momento funesto para nuestra democracia, cuando Maduro ordenó a los colectivos acabar con las manifestaciones a todo costo, los medios de comunicación y las redes sociales captaron los terribles momentos en que jóvenes eran asesinados y atropellados por las tanquetas del ejercito de Maduro, fue realmente indignante, de eso se trata el régimen de Maduro, es su naturaleza y no se puede esperar de ellos mas que la repetición de estos episodios de represión, arrestos sin orden judicial, torturas y muertes.

Ciertamente Venezuela se ha convertido en una inmensa cárcel gobernada por un genocida, y es que hablamos de un personaje cuyo régimen está acusado de horribles crímenes a los que he aludido. Pero, además, desde los asesinatos de los manifestantes en 2017 hasta nuestra fecha, el régimen de Maduro no ha frenado, de eso se trata cuando leemos los reportes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela quien en el 2020 presento su reporte y nos enteramos que investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron incluidos con detalles escandalosos y precisos en el informe público.

En uno de los casos del informe se relata cómo soldados del ejército de Maduro secuestraron a un grupo de ciudadanos en un caserío circundante a El Guapo, un grupo entre 15 y 30 personas, a quienes les hicieron cavar sus propias tumbas y después los asesinaron, tan solo uno pudo escapar y fue quien denunció este espantoso crimen.

Hablamos de uno de entre más de 200 casos investigados. Sin duda, la Misión de la ONU ha señalado al gobierno del señor Maduro como un régimen criminal, el reporte menciona casos de desaparecidos extrajudicialmente en las zonas populares, de igual modo lo denuncia Michelle Bachelet en su calidad de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Sobre estos casos de desaparecidos extrajudicialmente, puedo mencionarles que por lo menos tuve acceso y conocí de primera fuente dos casos, ambos ya han sido reportados tanto a la Misión de la ONU, como a otros organismos de derechos humanos, y me refiero específicamente a las desapariciones del comisario del Sebin Wilmer Muñoz y del coronel del ejército Juan Hurtado, estas víctimas son parte de esa larga lista de desaparecidos del régimen de Maduro.

A mi parecer el régimen de Maduro es tan amenazante como lo fue la Cuba de Fidel en 1966 cuando se promulgó la Ley de Ajuste Cubano, no hay mayor diferencia entre ambos, salvo que el régimen de Maduro es considerablemente mucho más peligroso y criminal, cuanto es mayor el poder económico que tienen bajo su control. Hablamos de más de 600.000 millones de dólares que han sido robados de las arcas del Estado venezolano, y que hoy están en manos de funcionarios y testaferros alrededores del mundo; incluso, se presume que muchos de estos operadores del régimen de Maduro podrían estar dentro de Estados Unidos.

El régimen de Maduro maneja también un arsenal armamentístico complejo equipado con aviones de 4ta generación Sukoi 30MKS, misiles S300 con misiles tierra-aire de largo alcance, diseñado para proteger instalaciones militares e industrias frente a aviones enemigos y misiles de crucero.

Al régimen de Maduro  le sobran las armas y la diversidad, así que tiene desde helicópteros artillados, tanques, obuses mecanizados, drones, 1 millón de milicianos armados con Ak 47, es una pesadilla para la paz continental, si que no hay comparación entre Fidel y Maduro, pero además está el hecho de que Maduro protege en Venezuela a células guerrilleras consideradas como terroristas, es el caso de las FARC, el ELN y Hezbolá.

La vigilancia policial en Venezuela se aplica en el entorno comunal, eso significa que cada ciudadano está siendo monitoreado en su vecindario por un grupo de activistas políticos que además son funcionarios del régimen que informan a los grupos terroristas denominados Colectivos para que aterroricen, secuestren y hasta desaparezcan a ciudadanos que les sean incómodos. No hay forma de protestar porque inmediatamente es visitado por el Sebin o la Dgcim, ambos cuerpos policiales del Estado, con el riesgo de ser apresado y torturado. Pero además está el otro hecho que los consejos comunales son los encargados de dar la bolsa de comida que reparte el régimen, de ese modo Maduro se ha garantizado la manera de quebrar la resistencia de los venezolanos al controlar lo que va a comer. Consideren ustedes que en Venezuela el sueldo es de 5 dólares al mes, por lo que la gente prefiere solo esperar por la bolsa de comida, entonces, si el consejo comunal llega a sospechar que un vecino no está cumpliendo con las reglas de la dictadura les remueven de la lista de beneficiaros del CLAP.

Pero, además, en Venezuela no hay medicinas, la gente se está muriendo en las calles, enfermos, sin poder recibir atención médica, es realmente un genocidio lo que hace el régimen de Maduro con los venezolanos, y este señor junto con el resto de chavistas tienen en el poder gobernando desde que llego Chávez en 1999, no cabe la menor duda de que es una tiranía sanguinaria dispuesta a perpetuarse en el poder.

En Venezuela usar Internet es altamente riesgoso, puede ser motivo de un arresto y tortura. Emitir una opinión política en un chat de Whatsapp para quejarse del mal servicio del aseo puede tomarse como prueba de delito de ofensa pública o de odio. Se han dado casos de funcionarios infiltrados que hacen captura de estos comentarios para luego compartirlos con trabajadores de la Fiscalía de Maduro y esto termina en citaciones para enfrentar cargos tan solo por escribir un mensaje.

Tampoco podemos decir que haya prensa libre en Venezuela, el régimen recientemente ha demostrado que prefiere enaltecer su naturaleza criminal que buscar una vía de solución en el marco del derecho y la legalidad.  Con el embargo ejecutado por el TSJ de Maduro a las instalaciones del diario El Nacional ellos violaron el derecho a la propiedad privada, pero además el derecho a la libertad de expresión de todos los venezolanos, así que podemos concluir que después de este acto, en Venezuela ya no queda prensa libre, lo que tenemos es un conjunto de medios de comunicación comprados por testaferros del gabinete de Maduro y otros medios que se autocensuran para poder mantenerse funcionando.

De eso se trata la dictadura de Maduro, de crear permanentemente un sinfín de horribles violaciones de derechos humanos, así que es motivo para que todos los venezolanos en Estados Unidos que seamos considerados dentro de un espectro mucho más profundo de niveles de protección que incluyan la vía a la residencia, tal cual ocurre con la Ley de Ajuste cubano de 1966.

El TPS es una protección temporal de la que estamos profundamente agradecidos con el presidente Biden por otorgárnoslo, y lo cierto es que es muy posible que este instrumento legal termine convirtiéndose en el compañero inseparable de vida de muchos venezolanos al no poder retornar a su país por miedo a ser perseguidos. Ahora que está plenamente demostrado el carácter criminal del régimen de Maduro es mucho más factible que nuestra situación excepcional se convierta en una fuente poderosa para unir a los 2 grandes partidos en Estados Unidos y logremos el apoyo bipartidista para la Ley de Ajuste para los Venezolanos.

Sobre este asunto de la ley hay que trabajar más profundamente en la generación de información que sensibilice a la comunidad norteamericana para que esta se entere de lo degenerado que es Maduro  y de este modo trascender el apoyo de los líderes y obtener el respaldo del pueblo norteamericano. Hagamos posible esto uniéndonos hasta lograr esta normativa en Estados Unidos.

Quiero finalmente copiar información del proyecto de Ley que están impulsando las organizaciones Amavex, Veppex, Finding Venezuela, Venezolanos Demócratas en Estados Unidos y Se Habla Venezolano Foundation –coalición que impulsa la Campaña Nacional del Proyecto de Ley de Ajuste de Estatus Migratorio para los Venezolanos–, aquí les dejo el link del proyecto .

Acerca de la ley de ajuste cubano

La Ley de Ajuste Cubano (en inglés, Cuban Adjustment Act o CAA), Ley Pública 89-732, es una ley federal de los Estados Unidos promulgada el 2 de noviembre de 1966. Aprobada por el 89º Congreso de los Estados Unidos y firmada por el presidente Lyndon Johnson. Aplica a cualquier nativo o ciudadano de Cuba que haya sido inspeccionado y admitido o liberado en Estados Unidos después del 1° de enero de 1959; haya estado físicamente presente en ese país durante al menos un año; o sea admisible como residente permanente de Estados Unidos. (Wikipedia).

Nos seguimos leyendo próximamente en El Nacional.

@estebanoria


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