Si caminar con una piedra en el zapato es de suyo incómodo, hacerlo con varias en un mismo calzado es un verdadero suplicio. Eso, ni más ni menos, es lo que ahora experimenta la desvencijada “revolución bonita”. Aunque todos sus amagos pretenden poner de manifiesto que tienen el férreo y absoluto control del país, la realidad de los hechos hace patente que ello es mera ilusión. El final se acerca lentamente y tanto Nicolás Maduro como Vladimir Padrino López están plenamente conscientes de ello. Las piedras en cuestión tienen nombres y apellidos, y bien vale la pena identificar las más emblemáticas de ellas.
El primer lugar lo ocupa Luis Almagro, en su condición de secretario general de la Organización de Estados Americanos. Desde el primer momento los círculos diplomáticos y académicos reconocieron las enormes posibilidades que el canciller de Uruguay tenía de ser seleccionado, dado el carácter equilibrado, articulador del diálogo y generador de consensos, por encima de enfrentamientos geopolíticos y alineamientos regionales, de la política exterior uruguaya de esos momentos. No fue pues ninguna sorpresa que Almagro fuera electo secretario general de la OEA, el 18 de marzo de 2015, con el voto favorable de 33 miembros del organismo y la sola abstención de Guyana. Su selección demostró que no era uno del montón. Además, su posición firme contra la dictadura de Maduro puso en evidencia su talante democrático sin hendiduras.
En segundo término tenemos al Grupo de Lima, una instancia multilateral que se creó en la capital de Perú, el 8 de agosto de 2017. Allí se reunieron representantes de 14 países con el propósito de buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela. 12 de las naciones americanas presentes (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) suscribieron una significativa declaración; posteriormente se unirían Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia. Entre otros señalamientos, en la referida declaración se condena la ruptura del orden democrático en Venezuela; se acuerda no reconocer a la asamblea nacional constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo; y se da pleno respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela, democráticamente electa. Más adelante, a raíz de la fraudulenta reelección de Maduro en mayo de 2018, el Grupo de Lima emitió una nueva condena contra él y su régimen dictatorial. El gobierno de López Obrador, hermanado como está con los modelos de Cuba y Venezuela, salvó su voto. Fue la única voz disonante. Más recientemente, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Lima que se celebró en Ottawa, en febrero de este año, se hizo un llamado a la comunidad internacional para que redoblara sus esfuerzos con el propósito de que, de forma transparente y libre, se celebren elecciones presidenciales en Venezuela. Con persistentes gotas de agua se sigue horadando la piedra de la dictadura.
Luego nos encontramos con la emblemática figura de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, quien en su condición de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2019. En dicho documento hizo señalamientos de grueso tenor. En primer lugar, manifestó su preocupación por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, todo lo cual constituye, según sus propias palabras, un inquietante factor de desestabilización regional. A renglón seguido indicó que, desde junio de 2018 (la última vez que su oficina publicó un informe sobre Venezuela) el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente. Dijo también que las autoridades venezolanas se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes. Destacó que más de 1 millón de niños han dejado de asistir a la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el país. Resaltó su preocupación por la reducción del espacio democrático y, en particular, la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas. Aludió a ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad (FAES). Expresó su inquietud por el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela. Finalmente señaló que, para ese momento, más de 3 millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida, atención médica, empleo y protección. Lo más relevante es que el apoyo de Bachelet se mantiene incólume al día de hoy.
No menos desazonador ha sido el incordio de la Unión Europea. A comienzos del pasado mes de abril, el vicepresidente de la comisión encargada de coordinar la acción exterior de la Unión Europea, Josep Borell Fontelles, declaró: «La UE toma nota positiva del plan propuesto por Estados Unidos para Venezuela. Va en línea con el planteamiento de la UE para una salida pacífica a la crisis, a través de un camino de negociación que lleve a un gobierno democrático, que ahora se necesita más que nunca». Ante tan contundente declaración no se hizo esperar la posición oficial de la dictadura venezolana: «La República Bolivariana de Venezuela rechaza la declaración de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tras culminar la videoconferencia con los ministros de Asuntos Exteriores, en la que expresa el apoyo de la UE a iniciativas ajenas a Venezuela, violatorias de su Constitución, de la voluntad del pueblo venezolano y del Derecho Internacional». Borrell se limitó a tomar nota del estropajo anterior.
El respaldo más reciente vino de Inglaterra y se expresó el pasado 2 de julio, a través de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Gran Bretaña en favor de la oposición democrática de Venezuela. El juez del caso dictaminó que las 30 toneladas de oro en litigio, depositadas en el Banco de Inglaterra, cuyo valor se ubica por encima de 1.000 millones de dólares, están ahora bajo la autoridad del presidente interino, Juan Guaidó. En la sentencia se hizo constar que «el gobierno británico reconoce al señor Guaidó en la capacidad de presidente constitucional interino de Venezuela y en virtud de la doctrina de única voz la corte debe aceptar esa declaración como inequívoca.
Hemos dejado de último al más significativo y decidido de los apoyos a nuestro país: el de Estados Unidos. Hablamos de la nación y no de su presidente porque, bien sea Donald Trump o Joe Biden el que resulte electo en las elecciones del próximo mes de noviembre, no tenemos duda de que la posición de Estados Unidos será igual de contundente frente a la dictadura roja que acoquina a nuestro país. Respecto a cualquier reserva que pueda tener alguno de mis lectores con Biden, recomiendo la lectura del artículo publicado acá en El Nacional por Carlos Alberto Montaner, el pasado martes 7 de julio, que lleva por título “Biden, Trump y las elecciones de noviembre”.
Como si fuese poco lo reseñado, tenemos que para un altísimo porcentaje de la población el gobierno de Maduro no existe, es una entelequia. Propiamente él no gobierna para ese pueblo al que no se le suministra agua, luz y gasolina de forma regular, que no tiene posibilidad de obtener sus insumos médicos y al que no se le respetan los derechos consagrados en la Constitución. Aunque es imposible fijar una fecha específica de claudicación de la Corte Malandra, el rumbo que marcan sus pasos desvaídos presagia su inevitable llegada al Infierno. Allí experimentará la rara sinfonía de sus calabozos.
@EddyReyesT