La toma definitiva de la sede de El Nacional es el episodio más reciente del que puede considerarse entre los casos más notorios de asedio y sofoco de la libertad de prensa en Venezuela. Es parte de una secuencia muy larga que comenzó con el gobierno de Hugo Chávez y se fue acelerando dentro de la estrategia de concentrar poder y, por tanto, eliminar contrapesos en todos los ámbitos. En el de la prensa, la información y la opinión se fueron haciendo cada vez más diversas y severas las presiones, acciones y medidas de toda índole: desde publicidad, control de suministros de papel y agresivas ofertas de compra, hasta medidas judiciales y represivas contra periodistas, directivos y accionistas. El recuento es extenso y está recogido en estudios como los de Andrés Cañizales, Marisela Castillo y Daniel Palacios o en los de Marcelino Bisbal o compilados por él. En nombre de la hegemonía comunicacional –expresión que resume el explícito propósito de sofoco de la pluralidad, la crítica y la divergencia– se fue limitando todo el espectro de medios: prensa, radio y televisión, así como redes sociales y sitios web, en los que la frecuencia y cantidad de bloqueos se intensificaron a medida que se multiplicaban los asuntos que el gobierno ha querido o intentado silenciar.
La democracia –parafraseando a Marcelino Bisbal– no es posible sin medios de comunicación libres e independientes del poder en cualquiera de sus formas, especialmente de la gubernamental. Dos índices de publicación reciente contribuyen a reconocer el valor de ese concepto, en general y para Venezuela.
El Indice de democracia de The Economist destaca la continuación del retroceso de la democracia en todas las regiones del mundo, especialmente en Latinoamérica, con cesión de terreno a prácticas autoritarias favorecidas por la pandemia. En nuestro vecindario vivimos el mayor declive experimentado por región alguna desde 2006, en las cinco categorías del índice: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, libertades civiles y cultura política. Es en este último aspecto en el que ha habido mayor deterioro, agravado por la insatisfacción ante el manejo gubernamental de la pandemia, pero sobre la tendencia preexistente de escepticismo sobre la capacidad gubernamental para afrontar los problemas públicos y, lo más preocupante, de tolerancia hacia el autoritarismo no obstante la preferencia por la democracia.
Venezuela se encuentra entre los diez peores puestos en el índice y el más bajo de Latinoamérica (151) seguida por Cuba (142), Nicaragua (140), Haití (119), Guatemala (99), Bolivia (98), Honduras (92) y México (86). Causalmente vinculada a esa posición está el despliegue de la estrategia de control de los medios, la información y la opinión. Otro informe recientemente publicado añade precisiones a ese vínculo.
El Índice de Percepción de la Corrupción añade argumentos a la relación entre libertad de prensa y democracia, a la vez que desafíos a la recuperación de esa libertad en regímenes autoritarios. En estos, la opacidad no es accidental ni excepcional, es parte de la centralización del poder, la negación a aceptar contrapesos y rendir cuentas, la descalificación y sanción de desacuerdos y disidencias, y su imposición de controles sobre la sociedad. Venezuela, en los resultados globales recién publicados, tiene la más grande pérdida de puntos entre 2017 y 2021. Con 14 puntos (sobre 100) se encuentra entre los últimos cuatro en la lista de 180 países, y de último entre los latinoamericanos detrás de Nicaragua y Haití (20). Como muy bien lo ha documentado y analizado Transparencia Internacional en Venezuela, los alcances de la corrupción no son solo cuantitativos, sino que tienen efectos inmediatos y consecuencias de más largo plazo, humanas e institucionales. Es así en sectores que se ven afectados por el desvío de recursos, desde educación, salud y alimentación, hasta infraestructura y actividades económicas. Pero también por violación de derechos y del estado de derecho, desde el control político del sistema de administración de justicia hasta los bloqueos de acceso a información pública y a la libertad de expresión e información.
Con todo, en medio de tantos obstáculos y riesgos, se mantienen esfuerzos y espacios para sostener el debate, manifestar divergencias y vencer la desinformación con información precisa y veraz. Lo propician quienes perseveran en ello desde el convencimiento de que la recuperación de la democracia y la república misma depende en buena medida de cultivar y fortalecer ciudadanía, formada e informada, de resistir y responder al vano intento de imponer a conveniencia opacidad, silencios y versiones del presente, el pasado y el futuro. Es esa la exigencia democrática a la que han estado respondiendo ante la escalada del asedio El Nacional y otros medios de esencia democrática, como Tal Cual y Efecto Cocuyo, entre varios otros.
También internacionalmente es vano el intento de silenciar y narrar a conveniencia. Así lo evidencian escrutinios, denuncias, procedimientos, demandas y propuestas internacionales que no cesan. En lo más reciente la Evaluación Periódica Universal sobre el estado de los derechos humanos, los compromisos pendientes con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las tareas de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos, el seguimiento de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o el informe final, pendiente de presentación, de la Misión de Observación Electoral Europea y su resonancia en la declaración del Grupo Internacional de Contacto. Cómo no sumar las declaraciones del presidente electo de Chile, el presidente de Perú y el candidato a las presidenciales de Colombia con buen lugar en las encuestas, que tanta irritación han provocado por estos lados. Boric, Castillo y Petro –por las razones de cada cual– no han podido ignorar lo que está tan a la vista en sufrimiento, empobrecimiento y abusos de poder en Venezuela.