El tema covid, por su importancia y actual impacto, da para análisis en multiplicidad de aristas y por ello ocupa amplios espacios en los medios de comunicación; es natural que así sea.
Aun entendiendo lo anterior, no deja de ser impactante que en nuestro país –y también en otros– el manejo del tema haya asumido sesgo político, lo cual en términos éticos luce inaceptable.
En Estados Unidos, sumidos el pasado año en una campaña electoral particularmente virulenta, las argumentaciones de lado y lado se veían claramente teñidas por el color político. De parte del presidente Trump se tendía inicialmente a restar importancia al asunto y distribuir las culpas minimizándolas a nivel de la administración federal, pero repartiéndolas lo más posible a nivel estadal y municipal, particularmente en jurisdicciones donde sus autoridades electas eran demócratas. La disyuntiva entre atender el aspecto sanitario y social por encima de la economía o viceversa tuvo y tiene aún distintivo sello partidista. De igual manera, el mayor o menor apuro en conseguir una vacuna efectiva tuvo bastante peso en el debate de campaña. Desafortunadamente para el presidente entonces en funciones, el momento de aparición de la vacuna no lo pudo aprovechar pero le vino cual regalo del cielo a su sucesor, quien surfea con éxito sobre esa circunstancia. Hoy día, con vacunas ya disponibles en cantidades cada vez mayores, la discusión se centra ahora en la distribución de las dosis y eficiencia del proceso de inoculación, todo lo cual tampoco disimula su olor partidista.
En Venezuela la discusión suma a sus argumentaciones el asunto de la verdadera incidencia del tema de las sanciones internacionales como eje central de la hasta ahora ínfima llegada de vacunas al país. Lo grave del caso es que en materia tan crucial como delicada pareciera ser que la consideración político/ideológica se privilegia por encima de otras empezando por la sospecha, aparentemente fundada, de que el número de casos reconocido por las autoridades competentes pudiera estar manipulado a la baja con el objeto de ocultar deficiencias.
Una de las lamentaciones oficiales más escuchadas es aquella de que a Venezuela los «enemigos de la revolución” la excluyeron del sistema Covax, que es un esfuerzo internacional cooperativo para obtener y distribuir vacunas. Lo cierto es que en ese esquema había que aportar unos fondos para reservar las dosis y, naturalmente, ello no se hizo ni antes ni ahora y aun así Covax asignó vacunas de AstraZeneca que fueron rechazadas por el gobierno alegando algunos eventos negativos comprobados entre quienes recibieron esa marca (https://www.diariolasamericas.com/america-latina/ops-venezuela-aun-no-ha-hecho-el-pago-acceder-covax-n4220277). La incidencia de tales inconvenientes se ha reportado en el orden de 1 por millón aproximadamente. Lo que pudiera ser cierto –no nos consta– es que se prefirieron las vacunas rusas y chinas, que permitirían reafirmar coincidencias ideológicas y dar lugar a jugosos “guisos” manipulando los precios de compra.
Otro argumento es el de las sanciones internacionales. El mismo no es procedente por cuanto las que ha impuesto el gobierno norteamericano hacen específica excepción para las transacciones de tipo sanitario/humanitario y ello ha sido reiterado numerosas veces. Tampoco es cierto que la indisponibilidad del oro venezolano depositado en Londres impida la adquisición, toda vez que el gobierno (encargado) de Guaidó , quien por el momento controla esos fondos según orden judicial inglesa, ofreció desbloquearlos para poder pagar vacunas. Lo que se deduce es que las trabas las pone Miraflores, que “ni lava ni presta la batea” mientras los jerarcas “bolivarianos” y sus familias ya han resuelto su problema con tempranas inoculaciones. Así, pues, mientras en Venezuela la pandemia cabalga libremente entre la población, los dirigentes hacen cálculos de rentabilidad política y posicionamiento en el juego de las tensiones internacionales. Tal actitud no solo merece condena moral, sino que en su momento debiera ser investigada de cara a las responsabilidades legales atribuibles a quienes impiden o demoran decisiones que afectan al colectivo nacional.
Valga como comentario de cierre de estas líneas una reflexión publicada en el medio digital La Patilla de fecha 8 de los corrientes: «El gobierno de Estados Unidos, país capitalista y explotador de los oprimidos, anunció que va a vacunar a viajeros extranjeros. El de Venezuela, que es socialista y solidario, no vacuna ni a sus ciudadanos”. Además, mientras otros países –con razón– prohíben la exportación de vacunas anticovid, Estados Unidos anuncia que próximamente compartirá sus existencias. Saque usted sus conclusiones .
@apsalgueiro1