El uso de la judicialización ha venido acentuándose en nuestro país como un recurso constante que utiliza el régimen para invadir y sofocar a nuestra institucionalidad democrática. Se ha consolidado como un instrumento eficaz para resolver indiscriminadamente, por esa vía, asuntos que por su naturaleza no son estrictamente judiciales. Ha resultado ser así, cuando las valores y principios democráticos se vulneran especialmente en los ámbitos políticos, electorales, universitarios y gremiales. La RAE nos define el término: “Llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política”. Esto representa -para esos ámbitos- un doble problema, pues, por un lado inducen la solución de esos asuntos por medio de una implacable via judicial y, por otro lado, queda en manos del régimen esa politizada administración de justicia para resolverlos.
La ventaja de este uso le viene al régimen por vía de consecuencia. No existe una verdadera administración de justicia porque no hay Estado de Derecho, y no lo hay porque el Poder Judicial no es autónomo ya que está sometido, al igual que los otros poderes públicos, al omnímodo Poder Ejecutivo que maneja la dictadura militarista de Maduro. De manera que toda decisión que se produzca, en cualquiera de estos ámbitos (político, electoral, universitario y gremial), estará sometida a los designios del régimen, especialmente de aquellos que deban decidirse “supraconstitucionalmente” por un anuente y plegadizo Tribunal Supremo de Justicia.
Vale la pena, para evidenciar este despropósito, hacer referencia al trabajo “La judicialización de la transición política en Venezuela” del Dr. Juan Alberto Berríos Ortigoza, cuando señalaba: “En Venezuela, la intervención de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para resolver cuestiones políticas es un fenómeno común, y responde a la dinámica de los procesos de la politización de la justicia y la judicialización de la política. La politización de la justicia se refiere al conjunto de acciones y hechos que dan lugar al control jurisdiccional de la constitucionalidad con el objeto de alterar los actos del legislador o del gobierno, o en general, el derecho constitucional, y la situación en que los jueces constitucionales se encuentran ante esas circunstancias que los constriñen a dar una respuesta”, citando al profesor Alec Stone-Sweet.
Pues bien, cuando la judicialización de la política es consecuencia de una politización que proviene de una precaria y casi nula administración de justicia, que está a cargo de un Poder Judicial sin autonomía, como es el caso venezolano, tenemos que concluir que el Estado de Derecho está en coma. Los casos son muchos y variados. La intervención del régimen afecta la institucionalidad democrática en sus valores más intrínsecos: entre otros, al derecho a la libertad de expresión convirtiendo en delitos de odio al libre pensamiento; al derecho de libre asociación cuando cercena a los partidos, gremios, universidades, ONG, fundaciones y demás asociaciones en su funcionamiento, apropiándose de sus símbolos, sedes, y tarjetas, en el caso de los partidos para sus fines electorales; al derecho a la defensa y al debido proceso, cuando con artificios privan de libertad, sin fórmula de juicio, a muchos venezolanos que han osado plantarles cara, afectados en su integridad física y mental; a los derechos políticos del voto y de la participación, cuando pulverizan la voluntad de los venezolanos expresada mediante el sufragio y se recurre a ilegales inhabilitaciones para coartarles a su derecho ciudadano de la participación.
Solo citaremos, a manera de ejemplo, algunos de reciente data, que corresponden a la última década: Las elecciones de Amazonas y la tesis del desacato de la anterior Asamblea Nacional, el incremento de los presos políticos sometidos a torturas, la masiva expropiación e intervención de los medios de comunicación, las elecciones universitarias y gremiales, los partidos políticos de oposición, el referendo revocatorio, la politización de las Fuerzas Armadas, y mas recientemente, las primarias de la oposición reeditando el desacato, las inhabilitaciones a ser procesadas por el TSJ y la afectación de nuestra soberanía nacional por medios no idóneos; así como su incumplimiento de darles condiciones y oportunidades a los venezolanos a una vida digna, sometiéndolos a un clientelismo salvaje que ha causado mediante su implementación la mayor migración de la que jamás se haya tenido conocimiento en la historia contemporánea.
De forma tal que hoy tenemos, por vía de la politización de justicia y de la judicialización de la política, unas primarias de la oposición que a juicio del régimen no existieron, porque fueron suspendidas extemporáneamente; así como una candidata presidencial electa por una abrumadora voluntad de los venezolanos, que no es tal por una causa judicial en lo que no fue parte. Ahora se le propone someterse a los designios del mismo TSJ que le violó su derecho a la defensa y al debido proceso. Tarde o temprano no lo podrán impedir con más triquiñuelas, María Corina Machado será la presidenta de este país.
@vabolivar