Arco Minero SOS Orinoco
Venezuela es uno de los países con mayor proporción de áreas naturales afectadas por la minería | Foto: SOSOrinoco

Una de las urgencias postergadas en la cultura venezolana y ausentes en el interés de los líderes políticos es la que se deriva del cambio climático. Nos hemos acostumbrado de cierta manera a considerar su importancia y sus efectos como distantes. Hemos dejado el tema a los especialistas o a un terreno en el que compiten ambientalistas serios con charlatanes, creyentes con escépticos, alarmistas con negacionistas.

La tendencia a ver el cambio climático como un problema lejano en el tiempo o en la geografía no se compadece, desde luego, ni con lo que sucede en otros países ni con lo que acontece en la propia Venezuela. Más aún, olvida las informaciones de los expertos sobre los riesgos que significa ,en concreto para nosotros, en áreas como la salud, la economía, la agricultura, la alimentación, la conservación de los ecosistemas. Es, sin duda, una amenaza real que profundiza la situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentra la población venezolana

Un buen resumen sobre el caso viene dado en el Segundo Reporte Académico de Cambio Climático en Venezuela, presentado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Del análisis sobre las vulnerabilidades y los impactos sobre ecosistemas relevantes en el país se desprende un conjunto de datos preocupantes: Venezuela ocupa el puesto 118 entre 166 países en el Reporte Global de Desarrollo Sostenible 2020, el país permanece sin un marco nacional de políticas y estrategias frente al cambio climático, el aumento de las temperaturas entre 2010 y 2020 ha contribuido con la reducción del PIB per cápita entre 0,97 y 1,30%, no existe una política estatal para la reducción de los gases de efecto invernadero, debido al cambio climático 200.000 personas pueden caer para el 2030 bajo la línea de pobreza extrema, se espera un aumento de 3 grados en la temperatura y de 10% en las precipitaciones, la reducción de los volúmenes de agua afectará negativamente la actividad agrícola y pecuaria. En conclusión, Venezuela está más vulnerable, menos resiliente y más expuesta a los impactos del cambio climático.

Bendecidos por una naturaleza generosa, no siempre hemos pensado en su propia vulnerabilidad. Así, nuestra contribución en negativo ha tomado las formas de la explotación sin control, un grave aumento de la deforestación o el proceso de degradación en los parques nacionales. La implementación del Arco Minero del Orinoco coloca a Venezuela como uno de los países con mayor proporción de áreas naturales afectadas por la minería. Sustituir el rentismo petrolero por el rentismo minero no es, desde luego, solución.

Haríamos bien, de hecho, en ver el ejemplo que está dando el presidente Lula al reafirmar su compromiso con la preservación de la Amazonía y materializarlo con la creación de la comisión interministerial permanente de prevención y control de la deforestación y la reactivación del Fondo Amazonía, creado en 2008. Para la aplicación de las leyes de protección al ambiente, Lula tendrá que enfrentar la oposición de legisladores y gobernadores estatales vinculados a Bolsonaro. A su favor tendrá, en cambio, un fuerte reclamo de la ciudadanía y el apoyo de gobiernos, como el noruego, comprometidos con el combate a la deforestación.

Es necesario insistir en que el cambio nos afecta de manera directa y que los efectos ya se hacen sentir y se acentuarán en el futuro. Y también insistir en nuestra responsabilidad. Por mucho tiempo se atribuyó esta responsabilidad casi exclusivamente a la industria petrolera y, en general, a la industrialización, olvidando que, en alguna medida, todos contribuimos al daño ambiental. Tenemos, en consecuencia, que revisar nuestra postura respecto al compromiso con el cambio climático. El discurso ambientalista no siempre se ha concretado en una cultura ambientalista y en acciones efectivas de preservación de la naturaleza y sus recursos.

Alimentar una cultura ambientalista pasa, desde luego, por la escuela, por políticas públicas efectivas, por un esfuerzo sostenido de las universidades, las academias, los medios de comunicación, las organizaciones civiles. En este esfuerzo es cada vez más importante el papel de los investigadores de los especialistas, de los defensores del ambiente, así como el acceso de la ciudadanía a la información ambiental. Se trata de una urgencia que ya no puede esperar.

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